En 2020, un paciente acudió a un neurocirujano para someterse a una intervención de columna vertebral, buscando aliviar dolores que afectaban su calidad de vida.
Sin embargo y según se puede apreciar en el fallo judicial, tras la cirugía, lejos de mejorar, quedó con secuelas físicas graves que alteraron su movilidad y provocaron un deterioro permanente en su salud.
El afectado demandó al especialista alegando negligencia médica y solicitó la resolución del contrato de prestación de servicios, junto con una indemnización por los daños ocasionados.
El Vigesimoprimer Juzgado Civil de Santiago, bajo la resolución del juez Marcelo Rojas Sepúlveda, acogió la demanda y concluyó que el médico incumplió sus obligaciones contractuales.
La sentencia determinó que no se acreditó la diligencia debida en la intervención quirúrgica y que las complicaciones posteriores no podían considerarse solo como riesgos inherentes del procedimiento.
“Un escenario ideal nos plantea que una vez practicada una intervención quirúrgica el resultado esperado y deseable es que aminoren o desaparezcan las dolencias […] y que no resulten estas agravadas o que surjan nuevas”, señaló el fallo.
El tribunal cuestionó el informe pericial presentado por la defensa, que atribuía las secuelas únicamente a riesgos propios de la cirugía.
Según la sentencia, este informe no explicó de manera precisa cómo el actuar del equipo médico se ajustó a la lex artis, es decir, a las normas y procedimientos que debían seguirse en el caso.
“Los demandados no han logrado acreditar que han empleado la diligencia debida en sus obligaciones contractuales”, recalcó el juez.
También se descartó la validez de otros informes médicos por no haberse presentado mediante la prueba pericial correspondiente, lo que, a juicio del tribunal, garantiza la imparcialidad del perito.
Asimismo, la resolución recordó que el contrato de prestación de servicios médicos no admite un efecto retroactivo en su resolución, por lo que la decisión tiene efectos hacia el futuro.
Finalmente, el fallo resolvió declarar resuelto el contrato con el neurocirujano y lo condenó al pago de $150.000.000 por concepto de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, rechazando el resto de las pretensiones de la demanda.
