Reflexiones sobre el accidente en El Teniente

Otra vez volvemos a llorar trabajadores muertos en el trabajo y a darnos cuenta que el trabajo puede matar. Esta vez son seis trabajadores que murieron a 900 metros de profundidad en la mina El Teniente. Los seis trabajadores, está bien recordarlo, pertenecían a empresas contratistas, Salfa Montajes y Gardilcic, que prestan servicios para la empresa mandante, Codelco.

Este hecho resulta aún más amargo si pensamos que hace pocas semanas Chile aprobó la Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería (PNSSM), marco común de acción y compromisos para prevenir riesgos laborales, proteger la salud y mejorar las condiciones de trabajo en toda la industria minera; que apenas un año atrás se había promulgado el Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en la minería; y que en mayo 2024 se había actualizado la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (PNSST).

En el fondo, lo que vivimos este jueves 31 de julio 2025 nos reconecta con la historia más dolorosa de Chile, un pasado que no pasa y que nos lleva constantemente a revivir otros duelos y reacciones indignadas. La memoria retrocede así a los graves accidentes ocurridos en la mina El Teniente en 1911 y 1912 -que dejaron casi 60 muertos y decenas de heridos- generando un fuerte impacto social y que dieron origen a una Comisión investigadora oficial, marcando el inicio del proceso de creación de la primera Ley sobre accidentes del trabajo en Chile.

O, más recientemente, al año 2010 y a los 33 mineros atrapados en la mina San José, al dolor y la indignación de aquellos días, a las comisiones de investigación y de reforma que se conformaron, a la firma del convenio 187 de la OIT, a la elaboración de la primera Política Nacional de SST, y a otros (sacrosantos) “nunca más”.

Las investigaciones que están comenzando en estos días ayudarán a esclarecer lo que pasó, y establecer acuciosamente orígenes y responsabilidades del evento. Sin embargo, desde ya es importante tener en consideración dos elementos que emergen en estos primeros días de noticias, opiniones y lutos.

En primer lugar, los seis trabajadores muertos trabajaban para empresas contratistas de Codelco, lo que inscribe los hechos en el marco del fenómeno de la externalización laboral. Se trata de un elemento que caracteriza fuertemente a las empresas del sector minero: en la Memoria anual de 2024, la misma Codelco informa que su dotación de personal cuenta con 15.831 trabajadores propios y 59.564 trabajadores externos, activos en trabajos operativos o de servicios. Cuatro veces más.

Pero, más en general, la externalización laboral caracteriza en profundidad al mundo del trabajo nacional si pensamos que, según las últimas estadísticas del INE, los trabajadores utilizados en modalidad de subcontratación, suministro y enganche representan el 15,3% de la fuerza laboral, con un crecimiento estable respecto del año 2010 cuando ese porcentaje alcanzaba el 11,5%.

Junto con representar entonces una tendencia estructural del actual desarrollo capitalista, la externalización laboral representa un problema muy sensible para nuestras sociedades, por el impacto que esta provoca en la población trabajadora y sus familias, como los conflictos de los trabajadores contratistas de Codelco organizados en la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) desde 2008 nos habían ayudado a conocer y entender.

Al construir relaciones “triangulares” de trabajo, la externalización dificulta el reconocimiento de la relación de dependencia entre el trabajador y trabajadora y el beneficiario final de la obra o servicio realizado, debilitando así el marco de protecciones y garantías que durante el siglo XX se había construido alrededor del trabajo asalariado.

En estos años mucha literatura se ha encargado de estudiar las recaídas de esta configuración sobre las condiciones laborales, señalando que a menudo suelen externalizarse el trabajo manual, físicamente exigente, repetitivo o asociado a tareas poco tecnologizadas o que, también, se externalizan actividades consideradas “sucias” o peligrosas.

Diversos estudios identifican en este sentido a la subcontratación como una zona crítica en términos de accidentabilidad, salud ocupacional y ambigüedad en las responsabilidades preventivas con implicancias importantes sobre la exposición a riesgos laborales de aquellos trabajadores y trabajadoras.

En segundo lugar, está emergiendo prepotentemente desde los relatos de trabajadores y dirigentes sindicales de que advertencias respecto de ruidos preocupantes o “precursores” de desenlaces catastróficos habían sido señalados previamente a jefaturas y directivos. Este elemento nos lleva directamente a considerar el tema de la cultura de seguridad y del papel que los y las trabajadoras juegan en ella alertando y reportando la existencia de condiciones inseguras y potencialmente riesgosas.

Según la literatura en materia, la llamada “reportabilidad” ocupa un papel central en el manejo de la seguridad y salud en el trabajo, contribuyendo a fortalecer el carácter preventivo de la acción de las empresas. En este sentido, la actividad de reporte por parte de trabajadores y trabajadoras debería constituir una actividad esencial y continua, y que compromete la organización a un proceso constante de observación, comunicación, procesamiento y aprendizaje en materia de seguridad.

A pesar de ello, también son bien conocidos los problemas que estas prácticas enfrentan en los lugares de trabajo, los cuales se traducen en muchos casos en resistencias y amenazas por parte de las líneas de mando de las empresas. Varios estudios evidencian en este aspecto la emersión de una contradicción entre exigencias productivas y de continuidad de los procesos versus garantía de condiciones seguras para las personas al trabajo.

En estos casos, las observaciones y denuncias de los trabajadores no son tomadas en cuenta o, aún más grave, son rechazadas, generando un clima de desconfianza en el que quien reporta es visto como una molestia, y por lo tanto estigmatizado o incluso amenazado con el despido. No es casual que uno de los primeros comunicados emitido durante el fin de semana esté firmado de manera anónima por “obreros contratistas de Codelco El Teniente”, quienes denuncian un ambiente marcado por “represalias contra quienes denuncian condiciones riesgosas”.

En resumen, estos elementos nos dicen que la seguridad y salud en el trabajo está caracterizada por problemas estructurales y políticos que tienen que ver con cómo organizamos, y qué valor entregamos, al trabajo humano. Y con los niveles de democracia en las relaciones laborales. Hacernos cargo de ellos parece urgente para avanzar en el mejoramiento de las condiciones laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras, y contribuir así a que el trabajo no sea fuente de muerte e inseguridad.