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Argentina bajo la administración Milei y el fantasma del espionaje político que crece y golpea al gobierno
@javiermilei

Argentina bajo la administración Milei y el fantasma del espionaje político que crece y golpea al gobierno

Por: Iván Gajardo | 11.08.2025
En medio de esta grave acusación, la administración ultraderechista enfrenta el costo político e institucional que empieza a corroer el pacto con la ciudadanía que lo puso en la Casa Rosada: combatir a la casta y frenar la inflación.

Día a día se suman nuevos elementos al escándalo de espionaje ilegal a opositores revelado la semana pasada por la prensa argentina, un hecho que pega de lleno en la línea de flotación del gobierno de Javier Milei pocas semanas antes de dos importantes jornadas electorales –en septiembre y octubre- que definirán la correlación de fuerzas legislativas tanto para el presidente libertario como para el gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

La investigación publicada por el diario trasandino La Nación y firmada por el periodista Hugo Alconada Mon, da cuenta de un documento secreto titulado “Hechos Previstos 09JUL25” que detalla cómo la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) monitorea protestas y manifestaciones callejeras, actos culturales y movimientos de figuras políticas como el ex candidato presidencial Sergio Massa, Máximo Kirchner, el legislador radical Facundo Manes y el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre otros.

El gobierno buscó bajarle el perfil al hecho y varios funcionarios aseguraron que solo se trata “un clipping” elaborado con “información pública y abierta que puede servirle al mandatario para anticipar eventuales focos de conflicto, mientras fuentes de la propia SIDE admitieron que ese tipo de seguimiento sistemático de actores sociales relevantes forma parte de una lógica habitual del organismo.

Apenas horas después de que Alconada Mon publicara la filtración, intentaron hackear sus cuentas en redes sociales y su teléfono, en el que además recibió varias amenazas de muerte.

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Catarata de denuncias

Kicillof, máxima autoridad política de la provincia y bastión opositor, presentó el martes una denuncia penal por presunto espionaje que quedó radicada ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata (capital provincial).

En ella, el gobernador solicita que se instruya el sumario correspondiente y se identifique a los responsables de estos actos, que podrían encuadrarse en delitos de acción pública.

Carlos Bianco, ministro de gobierno de esa provincia que representa casi el 40% del padrón electoral nacional, explicó que el hecho constituye “una violación flagrante de la Ley 25.520, pues no se pueden almacenar datos de funcionarios, gremialistas o militantes por su opinión política o por desarrollar una actividad lícita”

Por su parte Manes, quien ya había presentado en marzo una denuncia contra Santiago Caputo (el asesor presidencial y uno de los hombres más influyentes en la SIDE), decidió ampliar la misma denuncia.

“La SIDE comenzó a elaborar reportes sobre las actividades y movilizaciones de líderes políticos, sociales y sindicales, pero con una salvedad: no reporta datos sobre La Libertad Avanza ni sobre funcionarios nacionales”, sostuvo en su denuncia que subraya que el parte de inteligencia menciona una reunión privada en su domicilio con autoridades municipales.

Manes, quien además de legislador es un prestigioso neurocientífico invocó el artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe expresamente almacenar datos de personas por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sindicales o sociales.

“Inadmisible en democracia”

La vía judicial iniciada por algunos de los afectados de espionaje ilegal se complementa con una ofensiva en Congreso. Allí, el presidente del bloque Democracia para Siempre, al que pertenece Manes, recordó que desde 2024 su bancada viene alertando sobre el uso de la SIDE como herramienta de persecución, lo que calificó de “inadmisible en democracia” y reiteró un pedido realizado en el mes de mayo para que se ese cuerpo legislativo interpele al jefe de la SIDE, Sergio Neifferty pidió a todas las bancadas opositoras acompañar esa iniciativa.

“La SIDE debe explicar por qué se dedica a registrar con quién se reúne un diputado opositor en vez de luchar contra el narcotráfico o el terrorismo”, señalaron desde el entorno de Manes.

El senador senador nacional y exministro de Economía, Martín Lousteau, que preside la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, por su parte, anunció que convocará al cuerpo para tratar el caso.

La expectativa de los legisladores se centra ahora en desentrañar si el oficialismo bloqueará el funcionamiento de la Bicameral.

También la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA Autónoma se presentaron en los tribunales federales para denunciar lo que asumen como un accionar ilegal del gobierno en un escrito patrocinado por la abogada y a exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en un escrito que apunta directamente contra Milei y Neiffert que sostiene que la vigilancia no responde a necesidades de seguridad nacional, sino a objetivos puramente políticos.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció a varias autoridades de la SIDE por abuso de autoridad, con el argumento de que el nuevo Plan de Inteligencia Nacional habilita tareas expresamente prohibidas, como el monitoreo de “grupos sociales vulnerables” y de cualquier actor no estatal que pudiera incidir en la opinión pública en un contexto de polarización.

Costo político y elecciones

La filtración se produce en momentos en que el Ejecutivo ultraderechista se encuentra debilitado en varios frentes. Un brusco aumento del dólar, síntomas de que el control de la inflación no tiene la consistencia prometida, una baja sostenida en las encuestas y una feroz paliza sufrida en el Congreso el pasado miércoles, donde los diputados dieron media sanción a un paquete de leyes (Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Sanitaria) que resisten la política de “motosierra” de Javier Milei y su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, además de rechazar una serie de decretos delegados emitidos por el Poder Ejecutivo que buscaban introducir modificaciones en diferentes organismos descentralizados, entre ellos Vialidad Nacional.

El viernes en la noche, y visiblemente golpeado por la derrota parlamentaria, Milei realizó una cadena nacional en la que anticipó que enviará un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales “que incurran en déficit fiscal" y otro para establecer sanciones penales a diputados, senadores y funcionarios que no cumplan con las “nuevas reglas fiscales”. Es decir, enviará al Congreso una ley para penalizar al Congreso si aprueba leyes que le disgustan.

Un curioso bucle que los especialistas aún intentan traducir...

La interpretación mayoritaria en la prensa es que la cadena evidenció que el mandatario sintió el golpe y se mostró a la defensiva con una catarata de datos discutibles y frases de campaña, entre ellas que la Argentina no será solo el país más próspero del mundo, sino “el más próspero de la galaxia”.

Las encuestadoras no han registrado aún el impacto de estas semanas difíciles que enfrenta Milei, pero todas sin excepción señalan que la baja en la popularidad no necesariamente tiene una traducción electoral, mucho más por la ausencia de una propuesta política alternativa y un peronismo aún fracturado.

La política de alianzas implementada por La Libertad Avanza (LLA) de Milei, y el hecho de haber absorbido a la derecha tradicional que representaba el PRO, el partido del ex presidente Mauricio Macri, le dan aún mucho poder de fuego en el calendario electoral que se acerca: el 7 de septiembre las legislativas de la provincia de Buenos Aires, y el 26 de octubre las legislativas nacionales.

El Ejecutivo libertario, que gobierna a fuerza de decretos y vetos, apuesta a que la nueva conformación que tendrá el Congreso a partir de diciembre, cuando asuman las nuevas autoridades, le permitirán reforzar esa estrategia que en las últimas semanas se mostró endeble.

Sin embargo, con una economía que empieza a percibirse inconsistente, un Congreso movilizado y un sistema de inteligencia salpicado por el escándalo, el gobierno enfrenta el costo político e institucional que empieza a corroer el pacto con la ciudadanía que lo puso en la Casa Rosada: combatir a la casta y frenar la inflación.

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