Con nexos en Panamá y controlada por dueños de Alsacia: La red de Cityplanning, empresa en la lupa de Contraloría por pagos sin respaldo
El pasado 17 de junio, la Contraloría General de la República (CGR) publicó el Informe N°168, documento que expone los resultados de una auditoría al proyecto “Evaluación de un sistema regional piloto de recaudo, información de usuario y gestión del transporte”.
La iniciativa estaba a cargo del Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía y la Subsecretaría de Transportes —a través de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes—, instituciones que adjudicaron mediante licitación el proyecto a la empresa Cityplanning SpA.
Sin embargo, el ente fiscalizador detectó que el proyecto no pudo implementarse en su totalidad debido a "impedimentos técnicos con la entrega de información" por parte de los operadores tecnológicos del transporte en Temuco y Villarrica. Esta situación derivó en el incumplimiento de los objetivos de la iniciativa, sin que el GORE ni la Subsecretaría de Transportes advirtieran o abordaran el problema.
Pese a ello, el GORE de La Araucanía efectuó el pago del 86% del contrato, correspondiente a $396.907.170, a la empresa Cityplanning, de un total adjudicado de $402.523.000. A esto se suma que la empresa presentó retrasos de hasta 288 días en la entrega de informes de avance, lo que según el contrato debió traducirse en una multa de $95.964.504. Sin embargo, dicha sanción no fue aplicada por el GORE.
Frente a este escenario, el GORE aprobó el término anticipado del contrato mediante la resolución exenta N°2.599 de 2024, invocando la causal de mutuo acuerdo. No obstante, el informe de Contraloría advierte que esa justificación no refleja adecuadamente lo ocurrido.
El organismo concluyó que ni el GORE ni la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones (SEREMITT) —a través de la Dirección de Transporte Público Regional— supervisaron de manera efectiva el cumplimiento de las obligaciones contractuales, lo que derivó en pagos indebidos, retrasos no sancionados y una fiscalización ineficiente.
Ante este escenario, la CGR instruyó la apertura de sumarios en ambas instituciones, evaluar descontar dos de los pagos efectuados y aplicar la multa correspondiente. Este medio se contactó con la Seremi de Transportes y comentaron que dichos procesos los lleva el “nivel central” de la cartera.
Por su parte, desde el MTT comentaron que “actualmente se encuentra en desarrollo un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas, que se inició con antelación al informe de la Contraloría General de la República de junio pasado”. Por otra parte, sobre la devolución de dos de los pagos efectuados no hubo respuesta.
Cómo opera Cityplanning
Con más de una década de trayectoria, Cityplanning SpA se presenta como una consultora especializada en movilidad urbana, análisis de datos, planificación de transporte y medios de pago. En su sitio web afirma reunir a “profesionales altamente capacitados” para resolver los desafíos del rubro. Sin embargo, más allá de su fachada técnica, la estructura societaria de la firma revela una red compleja de vínculos empresariales, que incluye antiguos funcionarios del Estado, sociedades offshore y nexos con figuras que protagonizaron episodios cuestionados en la historia del transporte público chileno.
La firma nació en 2010 y es liderada actualmente por Pablo Beltrán, ingeniero civil y exjefe del Departamento de Estudios del Ministerio de Transportes, cargo que ocupó hasta 2006. Luego dirigió la Unidad de Servicios de Transporte hasta 2011, el mismo año en que se vinculó con Cityplanning.
Desde 2020, Beltrán es su gerente general. A su lado trabaja Carolina Palma, ingeniera civil industrial, con experiencia en la implementación de servicios del Transantiago hasta 2011.
Durante sus primeros años, la empresa operó bajo el nombre Bigservice SpA. Esta sociedad agrupaba a cuatro compañías: Servicios e Inversiones D.P. S.A., de Alessandro Dezerega; Inmobiliaria Gundemara SpA, de Juan Guzmán Molinari y Juan Guzmán García-Huidobro; y Asesorías e Inversiones Dalmacia Sur, de María Alcalde. A estas se sumaba Tecnologías e Inversiones SpA, cuyo entramado societario es complejo.
Tecnologías e Inversiones SpA se encuentra ligada a Inversiones Doren SpA firma que, según registros del Diario Oficial de 2020, es representada por Claudia Günther.
En 2018, Bigservice se fusionó formalmente y dio paso a Cityplanning, cuya controladora es hoy Citymovil S.A., una sociedad compuesta por las firmas que integraban Bigservice, más Asesorías Profesionales Cityplanning Ltda., representada por Beltrán y Palma.
Aunque Tecnologías e Inversiones SpA no figura como accionista directa de Citymovil, sí lo hace Inversiones Doren SpA, a través de Asesorías e Inversiones Alaska Ltda., una firma con vínculos internacionales.
Alaska Ltda. comparte propiedad con Bandoroux International Corp, sociedad panameña constituida en 2015 y presidida por Julio Gibrán Harcha Sarras, un viejo conocido del transporte chileno.
Harcha Sarras hoy es el mayor accionista de Cityplanning con un 54,7% de participación. Le sigue Guzmán García-Huidobro, con un 27,3%.
En 2019, Bandoroux traspasó casi la totalidad de sus acciones a Fundación Apaloosa y Total Real State S.A., que luego fue reemplazada por GPS International of Panamá. Todas estas comparten un mismo grupo de controladores: Fabio Junca, Claudia Günther y el propio Gibrán Harcha.
Más tarde, estos cedieron el control a Eyra Romero, María Isabel Palma y Yira Jiménez, ciudadanas panameñas que desde 2015 también figuran como propietarias de Apaloosa International Corp, matriz de la fundación. Ese mismo año, según información recabada por El Desconcierto, la sociedad cambió su jurisdicción a Bahamas.
Tanto Panamá como Bahamas figuran como regímenes fiscales favorables, por sus bajos impuestos y normas que facilitan la creación de empresas offshore. Hasta marzo de este año, Bahamas era oficialmente considerado un paraíso fiscal por el Servicio de Impuestos Internos chileno.
Este medio intentó comunicarse por todos los canales disponibles en su sitio web, sin embargo, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
¿Qué significa tener capital en países con baja regulación tributaria?
Carlos Moreno, abogado y exjefe del Departamento de Delitos Tributarios del SII, explica que mantener fondos en jurisdicciones con regímenes fiscales favorables solo constituiría delito si la declaración jurada —que las empresas están obligadas a presentar ante el SII— estuviera maliciosamente incompleta o falseada.
A su juicio, operar con capital en estos territorios otorga una ventaja significativa frente a otros oferentes. “Claramente, el hecho de que yo pueda pagar menos impuestos que mi competencia me hace más competitivo en un mercado, pero también infringe las normativas constitucionales tributarias de cada país”, sostiene.
En esa línea, Moreno recuerda que en Chile rigen principios como la capacidad contributiva y la equidad tributaria: “Eso significa que quienes ganan más dinero deben aportar más al país. Por lo tanto, una empresa que, para rebajar su carga tributaria, realiza operaciones en paraísos fiscales, está siendo desleal con el país y con el sistema tributario”.
Respecto de si el Estado debería considerar la estructura societaria de las empresas al momento de licitar, afirma: “Debería, obviamente, porque el fisco está entregando fondos que, en definitiva, no van a pagar impuestos en Chile”.
El mecanismo, sugiere, podría ser exigir a las compañías un modelo de prevención del delito, herramienta que establece la responsabilidad social de la empresa en materia tributaria. Hoy, su entrega depende de la voluntad de cada firma, pero para Moreno debería ser obligatoria al momento de concretar negocios con el Estado.
Separar riesgos operativos y de inversión es otra de las razones que identifica detrás de los complejos engranajes societarios domiciliados en paraísos fiscales. En caso de que la matriz chilena enfrente un proceso judicial, los fondos podrían verse gravemente afectados. “Al establecer una sociedad de inversiones, esta no responde salvo en materia delictiva. En el ámbito civil, no tiene responsabilidad por los hechos de la operativa, de modo que los riesgos se separan. Por lo general, la sociedad operativa no posee bienes, por lo que, ante un litigio, es poco lo que puede perder”, detalla.
Finalmente, indica que, al obtener utilidades, las empresas suelen enviarlas a su sociedad de inversión en Panamá, de modo que, al salir del territorio donde se generan, el capital queda fuera de riesgo.
Cityplanning y sus nexos con Alsacia y Panamá
Cityplanning no es una excepción dentro del ecosistema de empresas de transporte que han operado en Chile con estructuras societarias extendidas en el extranjero. Su red de vínculos lleva, inevitablemente, al fallido sistema Transantiago y al grupo colombiano Global Public Service (GPS), protagonista de uno de los casos más polémicos del transporte en el país.
En 2017, una investigación de CIPER reveló que Inversiones Alsacia S.A., entonces uno de los mayores operadores del sistema —a cargo de los recorridos troncales 1 y 4, este último operado por Express de Santiago Uno— estaba controlada por GPS a través de sociedades domiciliadas en Panamá.
A pesar de las múltiples críticas por sus bajos estándares de operación, con buses hacinados, fuera de frecuencia, Alsacia seguía recibiendo pagos millonarios del Estado, mientras canalizaba recursos a empresas relacionadas en paraísos fiscales como Bermudas y Panamá.
En ese entonces, el 99% de Alsacia estaba en manos de GPS. Lo mismo ocurría con Express, cuya matriz, Inversiones Eco Uno, estaba constituida en Chile pero estructurada vía dos sociedades panameñas: Ursus Corporation Inc. y Ferroaluminios Limitada, ambas presididas por un conocido: Gibrán Harcha Sarras, actual accionista mayoritario de Cityplanning.
Harcha se desempeñó como asesor del MOP durante la gestación del Transantiago, colaborando en su diseño. Su homólogo en Transportes era Juan Carlos Muñoz, actual ministro de la cartera.
Revisiones recientes realizadas por El Desconcierto muestran que tanto Ursus como Ferroaluminios siguen vigentes, aunque hoy bajo el control de Eyra Ruth Romero, María Isabel Palma y Yira Jiménez —las mismas ciudadanas panameñas que figuran como controladoras de otras sociedades asociadas a Cityplanning, incluida Apaloosa International Corp.
El conflicto judicial entre Alsacia y el Estado
La compleja estructura financiera y societaria de Alsacia no pasó inadvertida para las autoridades. En 2017, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), bajo la administración de la ministra Paola Tapia, ordenó una auditoría que revisara los flujos financieros de la empresa. En paralelo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) también inició una investigación sobre sus operaciones offshore. Sin embargo, estas acciones se tradujeron en sanciones tributarias menores.
La ofensiva mayor vino desde la propia Alsacia y Express. Ambas empresas demandaron al Estado chileno ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), acusando violaciones al Tratado de Libre Comercio con Colombia. La solicitud: una compensación de entre 300 y 350 millones de dólares.
Pero el tribunal internacional no acogió los argumentos. En 2021, el CIADI desestimó la demanda y condenó a Alsacia y Express a pagar las costas del juicio y una compensación de 2,6 millones de dólares al Estado de Chile.
En 2018 el MTT resolvió terminar anticipadamente el contrato con Alsacia por incumplimientos reiterados. Los 37 servicios que mantenía fueron redistribuidos entre otras operadoras, como Metbus, Vule, STP, Redbus y la propia Express, que aún permanecía en funcionamiento.
Voy Santiago: el Alsacia 2.0
Pese al revés judicial y a la mala evaluación ciudadana, el grupo GPS no desapareció del sistema de transporte público. Todo lo contrario: encontró una nueva puerta de entrada a través de una firma de nombre distinto, pero con viejos rostros en su control: Voy Santiago SpA.
En 2020 el Diario Financiero dio a conocer que el grupo colombiano buscaba liquidar formalmente Alsacia y Express, pero regresar bajo una nueva razón social, sin alterar el fondo del negocio. Así nació Voy Santiago, conformada por Francisco y Carlos Ríos —herederos del grupo GPS—, junto a Fabio Junca y Cristián Saphores, ambos vinculados a las estructuras offshore utilizadas por Alsacia.
Los lazos con el pasado no terminan ahí. Voy Santiago mantiene nexos con las mismas sociedades panameñas que anteriormente financiaron a Alsacia. Y si bien no se ha confirmado formalmente que Gibrán Harcha Sarras sea accionista de la nueva operadora, su nombre figura en registros oficiales de audiencias de lobby, donde ha actuado como representante de la empresa ante el MTT y la Subsecretaría de Transportes.
De hecho, entre 2021 y 2025, Voy Santiago fue la empresa con más reuniones registradas con autoridades del sistema de transporte público. Su directorio también incluye a Ana Lya Uriarte, exministra del actual gobierno.
En septiembre de 2024, la empresa dio un paso decisivo: se adjudicó uno de los tres contratos más relevantes de la última licitación del MTT, correspondiente al 30% del sistema RED. De los 86 oferentes que participaron, solo tres cumplieron con todos los requisitos técnicos y financieros: Voy Santiago, Consorcio Conecta y Empresa de Inversiones Gran Américas. Los montos adjudicados fueron de $7 mil millones, $5 mil millones y $9 mil millones, respectivamente.
Pese a los antecedentes de sus controladores, la empresa ha tenido un buen arranque. Según el Estudio de Satisfacción de Empresas Operadoras 2023, Voy Santiago obtuvo una calificación promedio de 5,7, ubicándose entre las mejor evaluadas por los usuarios. Se espera que la implementación de los nuevos servicios comience durante el segundo semestre de este año.
