Cathy Barriga y Joaquín Lavín León: Los pagos irregulares a la Fundación Jaime Guzmán
El caso revelado por Contrapoder Chile sobre los correos del diputado Joaquín Lavín León, en los que exige contrataciones ilegales, pagos sin respaldo administrativo y muestra vínculos turbios con la Fundación Jaime Guzmán, no solo destapa un nuevo escándalo en la gestión pública chilena, también ofrece una vívida muestra de cómo la estética populista de personajes como Cathy Barriga, camuflada entre peluches, maquillaje y TikToks, sirvió para ocultar un mecanismo aceitado de favores políticos, contratación a dedo y desvío de recursos públicos.
La situación descrita representa un caso palmario de lo que el filósofo Antonio Gramsci llamaba “transformismo”, es decir, la captura de lo público por intereses de facción, disfrazada de renovación o gestión eficiente. Aquí, lejos de cualquier regeneración moral o transparencia, se utilizó la maquinaria estatal como si fuese una extensión del comité central de la UDI, una agencia de empleos para operadores ideológicos y amigos del barrio.
El “servicio” prestado por la Fundación Jaime Guzmán, no fue licitado, no tuvo orden de compra ni decreto de aprobación y, sin embargo, fue pagado con fondos públicos entre enero y abril de 2017 por un total de $1.666.198, lo que revela un modus operandi que bordea el saqueo institucional. Se facturó sin contrato, se cobró sin respaldo, se pagó sin control.
¿La razón? Porque podían hacerlo. Porque creían que la comuna de Maipú era una herencia familiar, un feudo menor del clientelismo UDI, donde la legalidad era un detalle menor frente a las fidelidades partidarias.
En este caso ni siquiera se trata de una corrupción sofisticada. No hay ingeniería financiera ni estructuras opacas multinivel. Solo hay torpeza, impunidad y desdén por la inteligencia colectiva.
Lavín León aparece como un operador de presión por correo electrónico, moviendo hilos como si se tratara de ordenar un catering, no de gestionar recursos del Estado. Un vástago más del nepotismo que ha convertido la política chilena en una tragicomedia intergeneracional.
Cathy Barriga, por su parte, logra la proeza de ser un personaje grotesco, entre reality y coctel de neon, que utilizó su administración para ofrecer “alertas municipales” con sabor a boletín doctrinario. ¿De qué sirve un “servicio jurídico” que no fue licitado, que no tiene respaldo legal y que solo sirvió para justificar pagos a una fundación con fines ideológicos? Ni Maquiavelo justificaría este nivel de cinismo con la excusa de la razón de Estado.
El filósofo Martin Heidegger, en Ser y tiempo, hablaba del “uno” como la forma impersonal del existir: se hace, se dice, se decide… pero nadie se hace cargo. La gestión de Barriga representa esa burocracia sin ser, sin responsabilidad, donde todo se hace “porque así se hace” o porque “alguien lo pidió”, sin que haya autoridad moral o política real. En este caso, se firmaron facturas sin contrato, se aceptaron servicios sin base legal, se actuó como si el municipio fuera un puesto de feria.
Y, como en todo montaje mal hecho, la ausencia de documentación oficial entre 2017 y 2021 muestra que el verdadero legado de Barriga no fueron sus publicaciones en redes sociales, sino una estructura paralela de descontrol financiero, favores políticos y desprecio institucional.
El filósofo Byung-Chul Han, en La sociedad de la transparencia, advierte que el exceso de exposición no genera verdad, sino opacidad por sobreinformación. Barriga logró convertir su exposición mediática en una cortina de humo detrás de la cual se producían actos administrativos sin firma, pagos sin decreto y contrataciones a dedo.
Asimismo, el jurista y filósofo Norberto Bobbio, en El futuro de la democracia, insistía en que sin publicidad de los actos administrativos, sin trazabilidad de los contratos y sin mecanismos eficaces de rendición de cuentas, lo que queda es una “democracia sin control”, es decir, una fachada democrática al servicio de redes privadas. Exactamente lo que ha ocurrido en Maipú bajo la gestión de Barriga, con la complicidad activa de Lavín León.
Lavín León actuó como un fiscalizador invertido que, en vez de velar por la probidad, exige despidos y pagos por correo como si fuera gerente de una empresa familiar. Que este sujeto sea actualmente diputado muestra el nivel de degradación meritocrática del sistema político. No se llega al poder por preparación o ética, sino por linaje y redes de impunidad.
La excusa del “enriquecimiento sin causa” usada por la municipalidad para justificar los pagos es un eufemismo legal para encubrir que se cometió un acto ilícito sin asumir responsabilidades políticas. Si los servicios fueron prestados sin contrato, la única vía legítima es el sumario y la denuncia penal, no la regularización posterior.
En suma, este episodio es una ilustración concreta de cómo la corrupción requiere mediocridad institucional y rostros sonrientes. Y mientras más maquillada y “comunicacional” es una gestión, más cuidado debemos tener. Puede estar vendiéndonos una sonrisa, mientras saquea el erario.
