‘Salvarse’ en la informalidad

La sociedad chilena enfrenta grandes desafíos, principalmente, porque una inmensa cantidad de personas no ha alcanzado la estabilidad económica mínima para sí y sus familias.

De hecho, según la última Encuesta Nacional de Empleo, Chile mantiene un 25.8% de empleo informal y, pese a que disminuyó la informalidad en 2.0%, esta cifra sigue siendo indeseada para una sociedad que busca equilibrar desarrollo laboral con protección social. Lo anterior, se expresa con claridad en el crecimiento exponencial del comercio informal en distintas zonas del país.

Es fundamental tener en cuenta lo anterior para revisar sucesos recientes como, por ejemplo, lo ocurrido en el barrio Meiggs de la comuna de Santiago. Puesto que el problema del comercio informal está en la raíz de una práctica de empleo informal que tiene cierta legitimidad socialmente adquirida.

Estas prácticas consisten en reunir algo de dinero por vías extremas, vendiendo mercancías de último orden (medicamentos vencidos, ropa usada, productos mal fabricados, etc.) o provenientes de algún remate sin ajustarse al marco jurídico (impuestos, control de calidad, objeto lícito, etc.).

De esta manera, si bien el Estado tiene una responsabilidad con la seguridad y el orden del espacio público, también está en posición de garantizar la libertad económica cuando ésta se ajusta al orden público económico y ese es el principal problema con los toldos del barrio Meiggs: no se ajustan estrictamente al orden público económico.

Como consecuencia, en 3 años ha habido 5 asesinatos en el sector y debemos sumar un 6to asesinato que -aun cuando no ocurre en el sector- se relaciona directamente a la actividad comercial de los comerciantes: la muerte del Rey de Meiggs.

Es cierto que la migración es un fenómeno que hace crecer las filas de la informalidad. Sin embargo, el crecimiento de los grupos informales de trabajadores y comerciantes es anterior al escenario migratorio actual.

También es cierto que la irregularidad migratoria es un caldo de cultivo para que las personas extranjeras se involucren en actividades comerciales informales. Pero esta forma de ganarse la vida- más allá de la nacionalidad- se relaciona principalmente con la cesantía, el salario mínimo (insuficiente para responder a todas las necesidades de orden vital), a la deserción escolar y universitaria, al narcotráfico y sus efectos en la población más vulnerable, entre otras causas, y todas estas expresiones del malestar humano tienen su origen en la dinámica sistémica.

Por lo anterior, cualquier acción pública orientada a darle tratamiento a este conflicto en el ámbito del derecho debe tener en cuenta, además de la prioritaria seguridad, el problema económico que las familias arrojadas al comercio informal están enfrentando. No es recomendable desviar energías suspendiendo definitivamente lo que hasta ahora ha demostrado ser el nacimiento de un sector del comercio en el territorio nacional que está bastante más desajustado a la norma de lo tolerable.

Pero que, aun así, constituye un conglomerado importante de personas que, probablemente, no se dedicaban al comercio antes de enfrentarse gravemente a la carencia financiera y aventurarse a la informalidad. Cuando un comerciante se ajusta a la norma está ejecutando el modo social más eficiente de ganarse la vida a través del comercio. Esto implica procesos de aprendizaje y formación que, según la evidencia disponible, no se incorporan de la noche a la mañana.

Esta experiencia demuestra el siguiente hecho: no ajustarse a la norma, en la mayoría de los casos, constituye una ejecución ineficaz del comercio, que implica un costo significativamente alto en la vida de quien realiza esta ineficiente actividad económica.

Pese al diagnóstico sostenido en la evidencia empírica, los hechos acaecidos en el Barrio Meiggs han tenido una gestión que proviene más del orden punitivo que de la gestión eficiente de un problema que es multidimensional.

La respuesta de la alcaldía de Santiago, reprimiendo prohibitivamente la actividad informal, no es suficiente para un sector importante de familias que dependen de esta actividad para resolver sus necesidades vitales esenciales (en cierto sentido, es esperable que reaccionen con una actitud -al menos- imprudente). Lo visto da cuenta que importa, sobre todo, la seguridad. De hecho, la administración municipal pasó de tener 300 guardias a 650, con anuncios que señalan se triplicará la dotación de seguridad.

Esta perspectiva parcial del problema se abordó desde una contradicción: el control formal de comerciantes informales que no tenían el permiso adecuado. Teniendo en cuenta, además, que se trata de un sector con altos índices de violencia, este operativo, que ha consistido en varias maniobras de expulsión del comercio informal, está causando enfrentamientos entre una gran cantidad comerciantes con las fuerzas policiales y los funcionarios de seguridad municipal.

Obviamente -por lo dicho- la expresión de malestar alcanza niveles repudiables de violencia. Este escenario se ha repetido en la estación de metro La Cisterna. Pero esos territorios, que parecen perturbados por la presencia de los toldos, y que los líderes de las comunas pretenden liberar, están situados en un contexto de debacle económica protagonizada principalmente por quiénes utilizan un lugar para ‘salvarse’.

El suelo nacional es el escenario de la crisis económica de los individuos y sus familias. Por eso, la administración municipal falla dos veces al intentar dar tratamiento al problema. Primero, al pensarse capaz de interrumpir el nacimiento de un nuevo sector del comercio por no ajustarse al orden público y, segundo, al provocar un grave hecho de violencia con el argumento del restablecimiento del orden y la seguridad, en el lugar de la política pública comprometida y organizada.