Fue víctima de fraude por $11 millones y el banco le cerró la cuenta sin motivo: Corte ordena devolverle el dinero
Entre el 19 y el 21 de abril de 2025, una clienta del banco Scotiabank fue víctima de fraudes electrónicos que vaciaron sus productos bancarios en operaciones no autorizadas con tarjetas de crédito y débito. En total, perdió $11.105.683.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, al descubrir las transacciones, presentó un reclamo formal ante el banco y también una denuncia penal ante el Ministerio Público.
Sin embargo, lejos de responder con medidas de resguardo, la entidad financiera suspendió la devolución del dinero e imputó a la clienta una supuesta negligencia grave en el manejo de sus claves personales.
Pocos días después, el 29 de mayo, procedió al cierre unilateral de su cuenta corriente y todos los productos asociados, sin explicar motivos específicos.
La decisión fue comunicada luego de que la clienta cuestionara la responsabilidad del banco en el fraude.
Ante esta situación, la afectada presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, alegando que se vulneraron sus derechos fundamentales, especialmente su derecho a la propiedad, a la igualdad ante la ley y al debido proceso.
Solicitó que se restituyeran los fondos y que se dejara sin efecto el cierre arbitrario de su cuenta.
Durante el juicio, el banco defendió su actuar señalando que el cierre estaba amparado por normas de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), específicamente el Capítulo 2.2 de su Recopilación Actualizada de Normas, y que se basó en la “pérdida de confianza” como justificación.
Además, aseguró que los fondos ya estaban disponibles para ser entregados.
Pero la Corte desestimó esta versión y acogió el recurso con costas. El tribunal consideró que el banco incurrió en un acto ilegal y arbitrario, al cerrar la cuenta como represalia tras el reclamo por fraude, sin entregar antecedentes claros ni permitir que la clienta pudiera ejercer su derecho a defensa.
“La decisión del banco carece de justificación objetiva y suficiente”, indicó el fallo, añadiendo que se trató de una forma de autotutela “vedada por nuestro ordenamiento jurídico”.
Durante la vista del recurso, la clienta aclaró que su mayor interés era recuperar los fondos retenidos por el banco desde un depósito a plazo, equivalente al monto defraudado.
La Corte también calificó esa retención como improcedente, ya que se trataba de una medida tomada al margen de los procedimientos legales y sin notificación previa de la acción judicial que el banco había iniciado ante un Juzgado de Policía Local.
Finalmente, la Corte ordenó a Scotiabank restituir los más de 11 millones de pesos en un plazo de tres días hábiles, con reajuste según el IPC, bajo apercibimiento de actuar conforme a la normativa del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección.
