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Foto: Agencia Uno

"Renuncia a su deber de proteger": 261 organizaciones medioambientales acusan al TC tras legitimar ley de "motosierra ambiental"

Por: Nicole Donoso | 25.07.2025
Más de 260 agrupaciones rechazan la negativa del Tribunal Constitucional a tramitar el requerimiento contra la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Señalan que la decisión debilita la protección ambiental y representa un retroceso en derechos fundamentales.

Una fuerte reacción generó la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de no acoger a trámite el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por 42 parlamentarios, encabezados por el diputado Daniel Melo, en contra del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, conocido como "motosierra ambiental".

A través de una declaración pública, la Asamblea Ecologista de Chile, junto a otras 260 organizaciones socioambientales, expresó su rechazo a la resolución adoptada el martes 22 de julio por los ministros María Pía Silva Gallinato, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera Muñoz, Héctor Mery Romero y Marcela Peredo Rojas.

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La decisión contó con el voto disidente de las ministras Daniela Marzi Muñoz, Nancy Yañez Fuenzalida, Catalina Lagos Tschorne y Alejandra Precht Rorris.

Según señalaron las organizaciones, el TC optó por no pronunciarse sobre el fondo del requerimiento, lo que representa —a su juicio— una renuncia a su deber de proteger los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

“El TC evitó pronunciarse sobre el fondo del requerimiento, renunciando a su función de asegurar la protección de derechos fundamentales garantizados por la Constitución como el acceso a un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la salud y el derecho a un debido procedimiento administrativo racional y justo”, sostuvieron.

En ese sentido, advirtieron que la resolución deja a comunidades y ecosistemas en una posición de vulnerabilidad.

“Esta decisión deja en indefensión a las comunidades en temas clave como la protección de su salud y de los lugares donde viven, trabajan y cohabitan, como también su calidad de vida”.

El pronunciamiento también critica con dureza la Ley Marco de Permisos Sectoriales, acusando que esta norma permite aprobar proyectos mediante figuras como “silencios administrativos”, “declaraciones juradas” o simples “avisos”, eliminando etapas esenciales de evaluación técnica y ambiental.

“Esto solo favorece a sectores empresariales, dejando a las comunidades y ecosistemas en una situación de alta vulnerabilidad y desprotección”, indicaron.

Además, alertan sobre el impacto institucional de la normativa, señalando que “se altera el rol de instituciones como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), introduciendo criterios de inversión que contradicen su mandato y afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas garantizados por tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT”.

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La contradicción del gobierno

Las agrupaciones también acusaron al Ejecutivo de impulsar esta ley en conjunto con sectores privados, lo que consideran una grave contradicción con su compromiso ambiental.

“El gobierno promovió activamente esta ley junto a sectores empresariales, presionando su aprobación y contradiciendo su compromiso declarado de ser un ‘gobierno ecológico’. Con esta acción, no solo se aleja de las promesas hechas a los movimientos socioambientales, sino que contraviene el Acuerdo de Escazú firmado por el propio presidente”, señalaron.

A juicio de las organizaciones, esta medida forma parte de una agenda más amplia de retrocesos en materia ambiental y democrática.

“Mediante esta ley se vulneran principios reconocidos en la legislación y el derecho internacional, como el principio de no regresión, el principio de prevención, el principio de precaución y la participación ciudadana”.

La declaración concluye con un llamado a la articulación social y a la resistencia activa desde los territorios.

“Ante el escenario de crisis climática, ecológica y de contaminación, es incomprensible la actitud del gobierno y sus autoridades, en donde se actúa haciendo caso omiso de las graves consecuencias a las que se ve expuesta la población”, advirtieron.

En ese sentido, cerraron con una demanda clara: “El país no necesita menos fiscalización ni más extractivismo, sino más democracia ambiental, justicia ecológica y resguardo de los derechos humanos, de la naturaleza y los animales”.

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