Salmoneras recibieron $28 mil millones por subsidio para empleo aunque violaron leyes como turnos extendidos o no pago de sueldos
En una nueva investigación de la fundación Terram publicada en el medio Ciper, se detectaron 31 empresas salmoneras que a pesar de incumplir leyes laborales, recibieron más de $28 mil millones en subsidios durante los siguientes meses de haber sido multadas.
La ley por la que reciben los subsidios es la que bonifica la mano de obra en zonas extremas. Con las bonificaciones, la industria ha recibido más de $67 mil millones para cubrir el 17% de más de 2 millones de salarios imponibles según información de la Tesorería General de la República.
Entre las infracciones detectadas en la investigación se incluyen casos donde empleados fueron obligados a trabajar jornadas de 14 horas u otro donde un trabajador estuvo 24 días seguidos trabajando en un centro de engorda de salmones durante la pandemia, cuando el límite es de 14 días.
También hay casos de trabajadoras embarazadas que debieron cumplir turnos de 7,5 horas de pie por la falta de sillas en la planta de proceso donde trabajaban. Otras empresas no notificaron a la mutual accidentes que pidieron imposibilitar el trabajo, o no pagaron los sueldos.
Desde Terram contraponen esta información con el discurso que se sostiene desde la salmonicultura como irremplazable fuente laboral de la zona sur del país, ya que parte de esos empleos son financiados por fondos públicos a pesar de la alta competitividad y grandes utilidades de la industria que recibe las bonificaciones.
La segunda parte de la investigación relata una fiscalización de la Tesorería General de la República donde se detectó que 13 empresas salmoneras recibieron en total $183 millones en subsidios por esta ley de empleo en zonas extremas, sin cumplir los requisitos.
Estos montos se usaron para pagar parte del sueldo de trabajadores que no cumplían con las características para que la empresa reciba el subsidio, ya sea porque recibían un sueldo menor al mínimo estipulado en la ley o porque no residían en las zonas extremas donde la norma busca incentivar el empleo.
Al detectar esta situación, la Tesorería ordenó a las empresas devolver los fondos entregados. Pero los investigadores de Terram concluyen que el organismo también estaba obligado por ley a informar sobre los casos al Ministerio Público ya que podrían constituir una situación de fraude al fisco. Ninguno de los casos fue notificado por tesorería, según la investigación.
