CIDH insta a Chile a redoblar esfuerzos para encontrar a Julia Chuñil e incluir a la familia en el proceso
El pasado 16 de julio la familia Chuñil tuvo que celebrar el primer cumpleaños de Julia sin su presencia. En los más de 8 meses desde que desapareció la dirigenta ambiental mapuche, sus familiares han acusado hostigamiento de la fiscalía y falta de transparencia, ante lo cual acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representadas por la ONG Escazú Ahora y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU).
Ahora, la CIDH resolvió una medida cautelar en la que insta al Estado de Chile a que “redoble los esfuerzos para determinar la situación y paradero de Julia Chuñil Catricura” y que mantenga informada a la familia.
Los integrantes de la CIDH determinaron que este no se puede considerar como un “caso común” ya que la beneficiara se encuentra en una “situación de riesgo específica y diferenciada al tratarse de una lideresa indígena, persona mayor y defensora de derechos humanos que habría desaparecido en un contexto de conflicto territorial o ambiental y realizaría actividades en defensa de sus derechos y los de su comunidad”.
“Con estas medidas, la CIDH da una señal clara sobre la urgencia de proteger a quienes defienden la tierra, el agua y el medioambiente frente a amenazas reales y gravísimas. Necesitamos crear institucionalidad y condiciones para que nunca más tengamos que enfrentar desapariciones como esta en nuestro país”, afirmó Sebastián Benfeld, director de Escazú Ahora.
Benfeld ha declarado que el caso de Julia Chuñil dejó al descubierto algunas falencias en cómo el país reconoce la labor de las y los defensores ambientales y cómo enfrenta casos de violencia en contra de estas personas. Esto porque, a pesar de ser una defensora ambiental que recibió amenazas, durante las primeras semanas su caso fue tratado como presunta desgracia y se hicieron diligencias de búsqueda de personas, para luego desistir de la búsqueda.
“No fue hasta que nosotros presentamos una querella criminal exponiendo que se defensora y que estaba amenazada, que la fiscalía abordó este caso como una causa criminal con terceros involucrados. Y aún así, dudaban de que ella fuera una defensora ambiental, y nos pidieron un informe técnico para constatar esto. Como no hay una ley que reconozca explícitamente la labor de los defensores ambientales, la institucionalidad no funciona”, sostuvo Benfeld en entrevista con El Desconcierto.
“Desde la familia de Julia Chuñil agradecieron la postura de la Comisión. “La CIDH da un mensaje claro: aquí el Estado tiene que multiplicar sus esfuerzos para dar con el paradero de mi madre. Y eso implica que se destinen más recursos y policías a la investigación y que la Fiscalía dialogue más con nosotros”, señaló el hijo de Julia, Pablo San Martín.
