El poder de pocos: La concentración mediática como amenaza a la democracia

En un país donde la concentración del poder no solo es económica y política, sino también informativa, la ausencia de una Ley de Comunicación Audiovisual constituye un vacío estructural que ya no puede seguir siendo postergado.

Mientras buena parte del debate público gira en torno a la libertad de expresión como principio, poco se ha reparado en las condiciones materiales que hacen posible (o no) el ejercicio efectivo de ese derecho. Y ahí es donde nuestro sistema mediático muestra su cara más desigual.

Chile cuenta con una de las mayores concentraciones de propiedad mediática de América Latina: en prensa escrita, los dos grandes grupos -El Mercurio y Copesa- controlan más del 90% de los diarios de circulación nacional (“Informe de Concentración de Medios 2015”, CNTV), sin que exista regulación que limite esa tendencia.

Paralelamente, no hay norma alguna que garantice el pluralismo ni la equidad en la distribución de la publicidad estatal, tampoco mecanismos efectivos de fomento a medios locales, comunitarios e independientes. Esta omisión no es un simple error técnico: es una opción política diseñada durante la transición democrática, que favoreció el statu quo empresarial y dejó de lado cualquier interés por diversificar las voces en el espacio público.

Los datos empíricos respaldan esta realidad. Según el Informe “Análisis de Gasto en Publicidad” (2021), la televisión concentró el 43,9% del total del gasto fiscal en avisaje, seguida por la prensa escrita con un 22,2%, mientras las regiones Metropolitana, de Valparaíso y Biobío absorbieron el 81% de los dineros públicos destinados a publicidad en medios (“Análisis de Gasto en Publicidad”, 2019, págs. 6–7).

A nivel de actores, el 60 % del gasto en publicidad oficial se concentró en los diez principales proveedores, entre los cuales figuran empresas ligadas a El Mercurio y Copesa, dejando en la marginalidad a medios regionales, locales o digitales (“Análisis de Gasto en Publicidad”, 2019, pág. 10).

Más aún, más de la mitad de los contratos de avisaje se realizan a través de agencias intermediarias, lo que dificulta trazar con claridad el destino final de esos recursos y abre la puerta a posibles usos discrecionales.

Frente a este escenario, la experiencia internacional ofrece orientaciones valiosas. En Canadá los fondos públicos concursables sostienen medios indígenas, comunitarios y cooperativos, garantizando diversidad de voces. En Alemania, se imponen límites explícitos a la concentración mediática y se establecen cuotas de contenido local e independiente para proteger el pluralismo.

Estos esquemas no buscan definir contenidos ni cercenar la libertad de prensa; pretenden, por el contrario, crear condiciones objetivas para que distintos proyectos comunicacionales puedan prosperar y atender a audiencias diversas.

En Chile, el marco legal vigente es insuficiente y fragmentario. La Ley N° 19.733 de Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo (2001) reconoce derechos de periodistas y regula aspectos básicos del oficio, pero no aborda la concentración de propiedad ni la distribución del aviso estatal.

Por su parte, la Ley N° 18.838 del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) regula la televisión abierta y de pago, sin imponer límites a grupos económicos ni criterios de pluralismo. No existe legislación que tutele el acceso equitativo al espectro radioeléctrico, ni que fomente sistemáticamente a medios comunitarios y sin fines de lucro, ni que contemple a las plataformas digitales emergentes.

Fortalecer el sistema de medios no es un asunto accesorio: es condición sine qua non para una democracia informada y participativa. La ausencia de una Ley de Comunicación Audiovisual no es neutral; perpetúa el privilegio de unos pocos y silencia a muchos, erosiona la confianza ciudadana y facilita la propagación de desinformación.

En un momento en que se debate el futuro de Chile, esta discusión debe ocupar el centro del escenario: solo con pluralismo real habrá espacio para una conversación pública más justa, diversa y representativa.

Es tiempo de asumir que democratizar la comunicación es una tarea pendiente. No se trata de garantizar un monopolio de opiniones, sino de asegurar que todas las voces puedan ejercer su derecho a informar y ser escuchadas. Una Ley de Comunicación Audiovisual no será la panacea, pero sí una herramienta esencial para equilibrar el juego y construir un sistema mediático al servicio de la democracia.