Diputada Fries rechaza convocar al Cosena en frágil momento institucional: "Se presta para la chacota (...) es cálculo electoral"

La seguridad ha vuelto a tomarse la palestra, y es que la temática continúa generando preocupación en la ciudadanía y las autoridades al alero de los últimos descubrimientos no solo de tráfico de drogas en un avión institucional de la Fuerza Aérea, sino también por la liberación de uno de los presuntos sicarios del Tren de Aragua.

Por lo mismo, ha habido una creciente presión política por convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) en el marco de una eventual intromisión y penetración del crimen organizado en la institucionalidad del Estado, idea que fue descartada por el Presidente Gabriel Boric.

En ese sentido y ante varios proyectos parlamentarios todavía enfrascados en tramitación -tales como el levantamiento del secreto bancario y el reglamento para el uso de la fuerza en instituciones uniformadas-, la diputada de la comisión de seguridad de la Cámara Baja, Lorena Fries, comentó en entrevista con El Desconcierto esta y otras materias relativas a la problemática.

La legisladora se posicionó como una voz crítica que cuestiona la efectividad del Cosena y planteó poner el foco en la necesidad de fortalecer la democracia mientras se evita la normalización de medidas excepcionales que, según advirtió, podrían debilitar aún más el Estado de Derecho en un contexto donde la corrupción habría permeado las propias fuerzas de seguridad.

Instancia excepcional que no debe normalizarse

- Se está hablando sobre convocar o no al Cosena. Diputados de la UDI están planteando que esta medida pueda ser convocada por los mismos parlamentarios. ¿Qué le parece esa propuesta y qué opina de llamar al Cosena en una instancia como la actual?

Yo no estoy de acuerdo con convocar al Cosena, porque en primer lugar está pensado en términos de seguridad nacional, cosa que no es lo que está en juego. Estamos hablando de seguridad pública, estamos hablando de crimen organizado, que efectivamente son delitos graves, pero finalmente caben dentro del marco de delitos comunes y donde básicamente es el Ministerio de Seguridad, en la institucionalidad, el que ya tiene las herramientas porque hemos legislado en todas las materias en el Parlamento. Esto ya es un tema de gestión y de política pública.

Me parece que también hay una exageración, porque efectivamente aquí fallaron y vamos a tener que saber qué es lo que falló, si Gendarmería, si los tribunales de justicia, vamos a tener que saber si es la actitud respecto de los controles, o si hay otras cosas involucradas, pero llamarlo para efectos de este tema del sicario, por ejemplo, no tiene ningún sentido.

Respecto de lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas y con Carabineros, yo creo que el Presidente ha sido bien claro en la hoja de ruta, que es aumentar los controles, sobre todo, los que tienen que ver con la frontera norte, que es donde estamos teniendo los problemas, y obviamente la rotación de personal que es clave. Tiene que haber más presencia de oficiales y suboficiales, tiene que haber mucho más control de la gestión, ahora va a estar el tema del test de droga mucho más periódicamente de lo que se hacía.

Que lo llame, además, el Parlamento, me parece, honestamente, que se presta para la chacota. Todos sabemos, lamentablemente, el nivel de prestigio en el que está el Parlamento, más en un contexto electoral, y por lo tanto, esto solo está pensado en términos de cálculo electoral para pegarle al gobierno, más que otra cosa.

- ¿Usted cree que, más allá de la discusión de si es el Congreso o no el que debe llamar a esta instancia, quizás el mismo Presidente no debería llamar al Cosena también?

Creo que no, que no amerita, la verdad es que no amerita. Yo creo que el Cosena es una instancia excepcional, y lo que pasa con las instancias excepcionales es que cuando uno las normaliza, se vuelven eso, ya no excepcionales, y entramos en un camino como de una situación de excepcionalidad que la tenemos con la Macrozona Norte, la tenemos en el sur también, a propósito de los estados de excepción, y me parece que esa no es la forma en que transita una democracia.

- El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN) planteaba que incluso aunque el Presidente llamase al Cosena, tampoco tiene muchas herramientas como para actuar. ¿Usted coincide con eso?

Coincido, pero no para efectos de darle más atribuciones, sino que para efectos de moderar las expectativas. El hecho de convocar a las Fuerzas Armadas en estricto rigor al presidente de la Corte Suprema, etcétera, no necesariamente va a resolver un problema que, insisto, es para problemas de seguridad nacional, y no creo que podamos poner aún bajo el rótulo de seguridad nacional los problemas de corrupción.

RUF, un "cheque en blanco" peligroso

- Se ha hablado también de que hace falta continuar con la tramitación de la ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF)

Esa discusión está a la espera de que se conforme la (comisión) mixta. Ahora, yo he dicho que así como están las normas de uso de la fuerza, la verdad es que mejor que no saliera ese proyecto. Sobre todo, si miramos ahora y lo vinculamos a lo que ha pasado con la Fuerza Aérea y con el Ejército, porque al final las reglas de uso de la fuerza establecen la forma y los criterios en que se tiene que usar la fuerza que está legitimada socialmente en los cuerpos uniformados.

Pero cuando no sabemos a quién responden funcionarios que están dentro de las Fuerzas Armadas, la verdad es que es bien peligroso legislar sobre eso. Entonces, yo haría una alerta de cómo podemos legislar sobre reglas de uso de la fuerza con los contenidos que tiene hoy día, que prácticamente es un cheque en blanco, porque no tienen elementos de proporcionalidad, tampoco se han establecido prohibiciones, por ejemplo, de tipo de disparo, de uso de la fuerza. Se permite el uso de la fuerza para bienes, para cosas, y no solo frente a una amenaza inminente de peligro de terceros o de la propia persona.

Nos hemos pasado 10 pueblos en Reglas de Uso de la Fuerza, con la agravante de que hoy día tenemos, además, funcionarios que podrían hacer uso de eso en beneficio propio o del crimen organizado en vez de en beneficio de la ciudadanía.

Crimen organizado y corrupción institucional

- ¿Cómo se conjugan ambas cosas para que los parlamentarios trabajen para solucionar los temas que a la ciudadanía le preocupan, entre ellos la seguridad?

-Lo que pasa es que ahí tenemos un problema, porque la derecha lo que ha estado haciendo constantemente es una defensa cerrada, no queriendo ver que había problemas de corrupción que ya estaban pasando, tanto en Carabineros, en Gendarmería, y ahora en las Fuerzas Armadas que han estado dedicadas a orden público en el norte.

Nosotros hemos siempre puesto esa alerta que hay que, con las Rgglas de Uso de la Fuerza, uno lo que tiene que hacer es establecer garantías para la ciudadanía y también garantías para las propias Fuerzas Armadas, pero de la forma en que está pensado esto, es como a veces incluso un poco la idea del gatillo fácil, que en manos de, insisto, en lo que ha pasado en otros países, en entregarle a las Fuerzas Armadas temas de orden público ha significado penetración del crimen organizado en la fila y aumento de la violencia, sobre todo respecto de civiles.

Esa situación no debiéramos avalarla en Chile, y por eso yo creo que hay que tener esa frialdad para trabajar en los temas de crimen organizado. No los vamos a solucionar de buenas a primeras, esto requiere, ya hemos dado todos los pasos, hay normas, hay Ministerio de Seguridad, ahora hay que ajustar mejor la gestión, hay que seguir trabajando para evitar la corrupción de todo tipo en el Estado, porque abriendo una puerta se abren todas las licencias, e ir combinando esas cosas, no son dos separados.

- ¿Cómo evalúa que el crimen organizado haya permeado no solamente a las Fuerzas Armadas, sino también a Gendarmería y algunos hablan incluso del sistema judicial?

Creo que ya no podemos hablar de eso aislado. Yo creo que aquí hay una alerta que empieza a salir a la luz pública y que no creo que sea ni el primer caso ni el último, que vamos a ir conociendo más y, por lo tanto, son todavía episodios que se pueden frenar.

Yo creo que aquí hay que tener una agenda robusta, es donde haya información, poder y logística, el crimen organizado que existe va a buscar penetrar y en ese sentido me parece que el llamado es a poner todas las alertas y a seguir caminando en una agenda de transparencia, de robustecimiento de los controles en general de la institucionalidad pública, porque esto no es solo un tema de corrupción que pueda beneficiar al narcotráfico sino que también es un tema de debilitamiento de las instituciones democráticas, del Estado de Derecho.

La agenda legislativa pendiente

-¿Qué proyectos deberían acelerarse para aportar al combate al crimen organizado?

Número uno, levantamiento del secreto bancario. La derecha sigue insistiendo en que esto no es necesario, que requiere de control judicial. La verdad es que las medidas intrusivas sí requieren de control judicial cuando están en fase de investigación, esto es previo a la investigación, por lo tanto se requiere poder allegar más antecedentes que después hagan viable una investigación penal en temas de crimen organizado. Y a eso se han negado incluso aludiendo a garantías fundamentales, que es el único momento en que les han importado las garantías fundamentales. Entonces, la verdad es que de nuevo se están autoexcluyendo desde la derecha, desde los propios intereses y no necesariamente teniendo presente el bien de la ciudadanía.

- ¿Por qué cree que la derecha se opone al levantamiento del secreto bancario?

Tengo la impresión de que hay una concepción en la derecha, porque no creo que estén ocultando transacciones de dinero, por lo menos no parto de esa base, pero sí creo que hay una concepción tan extrema de lo que significa lo privado y la casi como sacralidad de lo privado, que en esta arena se ponen claramente ortodoxos ideológicamente.

-¿Qué otro proyecto en la comisión cree que puede aportar a detener el crimen organizado?

- En realidad hoy día no tenemos buenos proyectos. Aquí le voy a decir otra cosa: los proyectos que hay, tienen que ver con instalar pórticos eléctricos en los colegios o establecer delitos especiales para zonas rurales, que evidentemente se pueden ir viendo, pero el hecho de ir especificando y particularizando cada vez más los delitos, no necesariamente lo hace más eficiente. Y el hecho de andar subiendo penas, que es como la bandera que levanta la derecha en ninguna parte tiene evidencia de que eso disminuye los niveles de delitos.

Por lo tanto, creo que las leyes están, por supuesto que pueden haber otras. De hecho, por ejemplo, yo voy a meter ahora un proyecto sobre ciertos vacíos que hay en materia de tenencia de armas que me parece que es un problema en Chile. Hay un problema con las armas que no hemos asumido plenamente, y creo que es importante.

Yo creo que todo lo que es persecución está ya en su lugar, tenemos un Estado actualizado para enfrentar los problemas de la dinámica criminal hoy día, nos falta poner mucho más en la prevención porque la idea es no llegar a que se cometa el delito sino que prevenirlo antes y eso significa controles y en eso el tema del secreto bancario es clave.

¿Crisis de seguridad?

- ¿Le parece que estamos en una crisis de seguridad?

Es que depende, porque la crisis de seguridad hace dos años atrás estaba puesta en el número de homicidios que se cometían y es cierto, la tasa de homicidios lo que muestra es el nivel de violencia de una sociedad, y en ese sentido uno podría decir que la crisis ha bajado en las regiones, ha quebrado la tendencia en las principales, por lo menos en la Región Metropolitana y en las capitales con más población.

Entonces en ese sentido, sí hemos tenido capacidad de manejar esa crisis.

Ahora, la crisis surge por otro lado, tiene que ver con el Estado y el nivel de penetración o corrupción que pueda haber en el Estado.

Yo creo que todavía estamos levantando distintas situaciones, no creo y no soy amiga de llamarle crisis a todo.