Serviu deberá pagar $17 millones a mujer que esperó 10 años la reconstrucción de su casa tras terremoto en Iquique de 2014
Una mujer de Iquique vivió más de una década sin poder habitar su vivienda luego del terremoto de abril de 2014.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, aunque había sido beneficiaria de un subsidio de reconstrucción, el proyecto nunca logró completarse: el terreno presentó socavones, filtraciones de agua y condiciones geotécnicas distintas a las previstas, lo que exigía un rediseño completo de la obra.
Para 2022, el avance de la construcción era de apenas un 8,32%. En paralelo, el Serviu no dio soluciones definitivas ni fiscalizó de manera eficaz los trabajos, prolongando indefinidamente la espera.
La afectada no solo perdió su casa: también se vio obligada a suspender el negocio que mantenía en el inmueble, fuente principal de ingresos para su familia.
Además, uno de sus hijos requiere atención permanente por razones de salud mental, lo que agravó aún más la inestabilidad de su situación.
Frente a este escenario, decidió presentar una demanda en septiembre de 2023, denunciando falta de servicio por parte del Serviu de Tarapacá.
El Segundo Juzgado de Letras de Iquique le dio la razón y condenó al servicio a pagarle $17 millones por daño moral.
El tribunal estableció que existió una conducta negligente y reiterada del organismo, que no cumplió con su deber de fiscalizar correctamente el desarrollo del proyecto.
“Ha existido una constante dilación en la construcción de la propiedad de la demandante desde el año 2014 a la fecha”, señaló la sentencia.
El Serviu intentó revertir el fallo alegando que la mujer ya habría recibido subsidios y que los atrasos no eran atribuibles a ellos.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Iquique rechazó de forma unánime el recurso, considerando que esos antecedentes no fueron discutidos durante el juicio de primera instancia y, por lo tanto, no podían ser valorados en la etapa de apelación.
El tribunal de alzada, compuesto por las ministras Mónica Olivares Ojeda, Marilyn Fredes Araya y el ministro Andrés Provoste Valenzuela, confirmó íntegramente la sentencia dictada el 12 de febrero de 2025, declarando inadmisibles los intentos del Serviu por eximirse de su responsabilidad.
La resolución enfatiza que los padecimientos sufridos por la mujer y su núcleo familiar, derivados de la imposibilidad de acceder a una vivienda digna durante más de una década, eran plenamente atribuibles a la negligencia del organismo público.
