Ministro del Trabajo Giorgio Boccardo: En Chile “una familia con sueldo mínimo ya no está bajo la línea de la pobreza”

Antes como subsecretario y ahora como ministro de la cartera del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo es categórico en destacar el resultado que para la vida de las familias en Chile tiene el logro de contar con el sueldo mínimo más alto de Sudamérica:

"Nos permite que hoy podamos decir, con evidencia, que una familia promedio que perciba el salario mínimo en Chile ya no está por debajo de la línea de la pobreza", enfatiza el ministro sociólogo frenteamplista -doctor en Ciencias Sociales- ante las consultas de El Desconcierto sobre la estrategia del Ejecutivo para lograr este hito para los trabajadores.

El mismo que combina subsidios, gradualidad y un inédito Observatorio de Costos de Vida que, reconoce, ha sido un proceso con tensiones para dar con la fórmula de construir “un nuevo piso de dignidad” sin sacrificar empleos.

-Si bien el gobierno de Gabriel Boric cumplió con este aumento, histórico, del sueldo mínimo en Chile, ¿no considera que el éxito parece diluirse con los altos costos de vivir en el país?

-Como Gobierno, hemos sido profundamente conscientes de las tensiones que existen al momento de fijar el salario mínimo. Por un lado, está el legítimo anhelo de las y los trabajadores de contar con ingresos suficientes para cubrir los costos de vida. Por otro, la necesidad de cuidar el empleo y garantizar que las empresas, con un foco puesto especialmente en las pequeñas y medianas, que son las que pagan mayoritariamente el salario mínimo, puedan absorber estos reajustes sin poner en riesgo su sostenibilidad.

Por eso, diseñamos una política salarial integral que no sólo consideró el reajuste del guarismo nominal, sino también medidas de acompañamiento como subsidios directos a las pymes, gradualidad en la aplicación, y la creación del Observatorio de Costos de Vida, el cual radicará en nuestro Consejo Superior Laboral, y que permitirá tener discusiones más informadas y realistas en el futuro.

Sabemos que el costo de la vida en Chile es alto, y que muchas veces los esfuerzos del Estado parecen no ser suficientes frente a esa realidad. Pero justamente por eso, nos propusimos avanzar con responsabilidad, elevando los pisos de dignidad sin comprometer el empleo.

Eso es lo que permite que hoy podamos decir, con evidencia, que una familia promedio que perciba el salario mínimo en Chile ya no está por debajo de la línea de la pobreza.

-¿Cuál es la proyección de crecimiento del sueldo mínimo post 2026?, ¿a qué se debería aspirar como país?

-Durante nuestro Gobierno nos trazamos un objetivo ambicioso: que ninguna persona que trabaje a jornada completa y perciba el salario mínimo viva por debajo de la línea de la pobreza.

Eso implicó no sólo alcanzar los $500.000 como hito simbólico, sino también ajustarlo de manera que ese monto mantuviera su poder adquisitivo en el tiempo, considerando la inflación y otros factores económicos que se pueden observar en el mundo. Es por ello que, en diálogo permanente con la CUT, ejecutamos este proyecto de ley con responsabilidad fiscal, y cuidando especialmente el impacto en las pymes. Ahora bien, lo que ocurra después de marzo del año 2026 dependerá de los objetivos que se trace el próximo Gobierno.

Nosotros cumplimos con nuestra meta, pero será esa nueva administración la que deba definir sus propios horizontes normativos. Chile necesita discutir periódicamente cuál es el ingreso mínimo que permite una vida digna, y para eso es fundamental contar con más evidencia, más diálogo social y una institucionalidad sólida como la que ofrecerá el Observatorio de Costos de Vida.

Nos parece muy bien que futuros gobiernos se propongan avanzar aún más. Pero también será su responsabilidad garantizar que esos aumentos se hagan de forma sostenible, sin desproteger el empleo, ni afectar a las pymes. El desafío será mantener ese equilibrio virtuoso entre justicia social y responsabilidad económica.

 -¿Cuál fue la mayor dificultad para consolidar este aumento?

-Uno de los principales desafíos fue lograr que este aumento histórico no se transformara en una amenaza para el empleo, o para la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas, que representan una parte muy significativa del empleo formal en Chile.

Por eso, además de subir el salario mínimo, incorporamos herramientas inéditas en este tipo de procesos, como los subsidios directos, gradualidad, reajuste proporcional de beneficios sociales y diálogo permanente con todos los actores involucrados. Tampoco fue fácil articular los consensos políticos necesarios en el Congreso para que esta propuesta se convirtiera en ley.

Pero logramos construir una amplia mayoría transversal que entendió que no estábamos sólo subiendo un número, sino construyendo un nuevo piso de dignidad para más de 900.000 trabajadoras y trabajadores, en su mayoría mujeres. Este ha sido un proceso profundamente técnico, social y político, y esa complejidad lo hace aún más valioso.

 -¿Qué mejoras puede esperar la gente tras el despacho de la ley desde el Senado?

-Lo primero y más evidente es el reajuste retroactivo del salario mínimo a $529.000 desde el 1 de mayo de 2025, y a $539.000 desde el 1 de enero de 2026. Eso se va a traducir en un ingreso directo mayor para miles de familias, especialmente aquellas con menos poder de negociación salarial. Pero hay otras mejoras igual de importantes que a veces pasan desapercibidas. Por ejemplo, este reajuste posee automáticamente una mejora en beneficios sociales como la Asignación Familiar y el Subsidio Único Familiar, que se reajustan en la misma proporción. 

También se activa un mecanismo de protección ante una eventual alza del precio del kerosene, que es especialmente relevante en esta época del año. Y como mencioné antes, esta política tiene un fuerte enfoque de género, ya que más del 60% de quienes ganan el salario mínimo son mujeres, por lo tanto, esta medida impacta directamente en reducir las brechas y en mejorar la vida de muchas madres jefas de hogar.

Además, dejamos instalado el Observatorio de Ingresos y Costos de la Vida, el cual va a permitir tomar mejores decisiones a futuro y dar un debate más informado. Estas mejoras no son solo números o tickets de logrado, es una estrategia de justicia social, estabilidad económica y construcción de mayor bienestar.

-¿Qué otras acciones están en consideración desde el Ministerio y el Gobierno para mejorar la capacidad adquisitiva de las y los trabajadores?

-Tenemos una estrategia de múltiples dimensiones. Por un lado, estamos impulsando cambios estructurales como la negociación colectiva multinivel, que permitiría a sectores completos de trabajadores acceder a mejores condiciones laborales, sin depender exclusivamente de la capacidad de negociación dentro de cada empresa.

Esta es una medida que permitiría subir los estándares laborales de forma más equitativa y transversal. Por otro lado, hemos diseñado una serie de políticas para avanzar en la formalización del empleo, especialmente en grupos que históricamente han enfrentado barreras estructurales para insertarse en el mercado laboral formal: mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y personas mayores. 

En ese contexto, hemos propuesto el Subsidio Unificado al Empleo que es una nueva herramienta que será mucho más flexible y robusta. Incentivará directamente la contratación, formalización y participación laboral. Tendrá un fuerte foco pro-pymes, es una política pública moderna, eficaz y con verdadero impacto.

En paralelo, y conscientes de que las brechas estructurales en Chile se expresan también en materia de participación laboral, estamos priorizando el proyecto de Ley de Sala Cuna para Chile en un esfuerzo coordinado entre el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y el Ministerio de Educación. Avanzar en este proyecto no sólo responde a un imperativo de justicia social, sino también a una necesidad económica: incorporar más talento femenino a nuestra fuerza laboral impulsará el crecimiento del país. Las mujeres no pueden seguir siendo penalizadas por la maternidad.

Todo esto se suma a otras medidas en curso, como la implementación de la Ley de 40 Horas, la Ley de Conciliación de la Vida Personal, Laboral y Familiar, y la Reforma de Pensiones, que todas ellas inciden en mejorar la calidad de vida de todas y todos los chilenos.