Patricia Ibarra y fortalecimiento del Ministerio Público: "Hay fiscales sin equipos de trabajo. Es un sistema colapsado"

Mientras la nueva presidenta de la Asociación de Fiscales de Chile (ANF), Patricia Ibarra, enfrentaba esta semana muy cautelosa el cuestionamiento por los 10 fiscales que viajaron al extranjero con licencia médica entre 2022 y 2025, otro frente la mantenía atenta al Congreso sobre el futuro de la institución: la tramitación del proyecto de Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público.

El mismo que busca mejorar la investigación y persecución penal, aumentar la dotación de fiscales y funcionarios y modernizar la gestión institucional con la creación de la Unidad de Supervisión y Control y un sistema de análisis criminal avanzado. 

"Como Asociación de Fiscales estamos muy pendientes de este proyecto de ley. De hecho, hemos participado en algunas sesiones y tenemos agendadas varias reuniones con diputados y diputadas que están actualmente en la Comisión de Constitución", resume la dirigente sobre las modificaciones que van más lentas de lo que como gremio esperarían.

-Cómo ven los plazos del Congreso respecto a los requeridos por los encargados de las investigaciones judiciales: los fiscales

-Primero, el proyecto está bastante atrasado en relación a las necesidades actuales del Ministerio Público. Se presentó en base a estudios del 2022 y a los ingresos que teníamos en esa época: alrededor de 1.300.000 causas anuales. Pero hoy estamos en 2.082 causas promedio por fiscal. Segundo, el proyecto propone solo 205 nuevos fiscales, cuando los estudios ya indicaban que se necesitaban al menos 395. Y para peor, es con un aumento progresivo: el primer año solo se incorporarían 70. La fórmula no da por ninguna parte.

– Hoy, ¿qué capacidad real tiene un fiscal en Chile para investigar las causas asignadas por el sistema?

-Hay diferencias según las fiscalías, pero el promedio de investigaciones por fiscal es altísima. He visitado fiscalías en el norte, sur y centro, y hay fiscales con 600, 700 u 800 causas sin equipos de trabajo. Están respondiendo a todo lo que se exige, pero con un sistema estructuralmente colapsado.

– Ustedes, ¿tienen alguna propuesta para enfrentar esta coyuntura? Porque la percepción ciudadana es que la justicia no avanza porque los fiscales no investigan.

-Hay temas que han quedado fuera del proyecto. La ciudadanía puede estar molesta con los resultados, pero esto obedece a una desproporción brutal: en Chile hay 3,9 fiscales por cada 100.000 habitantes, cuando en otros países hay 10. A esto se suma un aumento del 25% en las causas en los primeros 4 meses de 2025 respecto a 2024. En ese marco es que la semana antepasada fuimos al Congreso, pedimos que se discuta el proyecto dos veces por semana y solicitamos una mesa de trabajo con el gobierno, pero no hemos tenido respuesta. Incluso hicimos una paralización de 30 minutos en diciembre. Nada.

– Una de las figuras que se busca generar es la Fiscalía Supraterritorial ¿Qué significaría en la práctica la aprobación de esta entidad?

-La consideramos clave porque permitirá investigar el crimen organizado a nivel nacional con fiscales especializados y más recursos. Pero es otro proyecto paralelo al de fortalecimiento, y aunque propone 30 fiscales más, siguen sin alcanzar los 395 que se estiman como necesarios.

– Desde su visión gremial, ¿cuántos recursos extras se necesitarían para este fortalecimiento en todas sus líneas?

-Según el ministro de Justicia, el fortalecimiento costaría unos $45.000 millones. Pero como es gradual, esos fondos no se usan todos en el primer año. Hacienda tiene el control exclusivo de esa materia y solo el gobierno puede aumentar el gasto público en un proyecto de ley.

– Y sobre las necesidades respecto al apoyo técnico y de equipos investigativos?, ¿qué pasa con la formación especializada para los fiscales?

-Hay mucha necesidad. El Ministerio Público y sus organismos auxiliares están al límite. En regiones nos han comentado sobre los retrasos del Servicio Médico Legal, y también trabajamos con PDI y Carabineros. Hemos tenido que crear unidades internas de análisis y forenses para poder avanzar. Hoy se cometen delitos que antes no veíamos: homicidios con sicariato, secuestros... el crimen organizado exige fiscales especializados. Por ejemplo, el equipo ECOH fue reforzado, pero son los mismos fiscales haciendo turnos extra. No hay aumento real de dotación, y eso enferma.

– ¿Y qué pasa con el recambio generacional? ¿Se están formando nuevos fiscales?

-Claro, pero sin incentivo al retiro no hay espacio para nuevos ingresos. Nosotros somos la única institución sin incentivo al retiro. La Defensoría y el Poder Judicial sí lo tienen. Hay fiscales que siguen trabajando tras la edad legal de jubilación, lo que limita la renovación.

– Se habla también de crear una academia. ¿Eso está dentro del proyecto?

-Sí. Nosotros apoyamos la idea de crear una academia para formar fiscales y abogados. Tenemos fiscales de todas las edades, muchos con experiencia valiosa que puede y debe ser traspasada a los nuevos.

– Por estos días también se discute en el Congreso la llamada "ley mordaza" que busca impedir filtraciones de las investigaciones como sucedieron en los casos Hermosilla, Monsalve y otros. ¿Les debiera impactar en la carga laboral?

-Las filtraciones son graves. Ya existen normas legales para sancionarlas, pero necesitamos saber por dónde se filtran. Las investigaciones deben mantenerse en secreto cuando así lo autoriza el juez, pero al cesar los plazos, debemos entregar copias a los intervinientes. Por eso hemos tomado medidas como sellos de agua y restricciones para evitar la reproducción de documentos con datos sensibles. Pero sí: investigar filtraciones implica abrir nuevas causas. Y eso también nos satura más.