Días complicados ha vivido el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, luego de que consejeros regionales (core) de algunos partidos de derecha solicitaran ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) evaluar su continuidad en el cargo.
La petición nace luego de que la Contraloría General de la República (CGR) revelara un informe en el que detectaba presunto uso de recursos públicos para la campaña de reelección de Orrego.
En concreto, la gobernación habría pagado $31.366.179 a la consultora Vera y Asociados S.A., divididos en tres facturas entre abril y septiembre del 2024.
Las sesiones de "coaching directivo” reforzaban líneas de apoyo para la gestión institucional, denominada “GS 2024”.
Sin embargo, de las 52 sesiones, se entregaron solo minutas de 28 reuniones, de las cuales en 16 de ellas se detectaron contenidos que no estaban alineados con el objeto de la consultoría.
Estas abordaban "temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral a gobernador regional”.
La petición ante el Tricel fue hecha por la bancada del Consejo Regional Metropolitano de la UDI, quienes se sumaron a la iniciativa impulsada por Republicanos.
Estos últimos necesitaban la firma de al menos 12 consejeros, pero solo tenían a 11. Sin embargo, la UDI se sumó este viernes confirmando el respaldo de Javier Ramírez González, Pedro Pablo Herreros y Nicole Aguilera Ramírez.
"Nosotros como bancada UDI estamos disponibles y vamos a trabajar en el escrito para que sea otra instancia, en este caso el Tricel, el que evalúa esta falta de la probidad y pueda ver las distintas sanciones que puedan haber al Gobierno Regional", manifestó el Álvaro Bellolio (UDI), Core por la Región Metropolitana.
El gobernador metropolitano manifestó su molestia por la acción de algunos cores de la oposición que solo buscarían sacar provecho político.
"La solicitud de mi destitución por parte de consejeros republicanos de José Antonio Kast y de la UDI es un burdo aprovechamiento político", sentenció.
En ese sentido, considera que su destitución no tiene peso ya que el informe de Contraloría "tiene etapas pendientes", por lo que no hay ninguna acusación formal en su contra. Además, destacó el hecho de que fue elegido democráticamente por millones de personas en las elecciones de octubre y noviembre de 2024.
La petición de la oposición está basada "en un informe de Contraloría que tiene etapas pendientes de apelación, sin que haya ninguna acusación formal en mi contra, mucho menos una condena y sin darme espacio legítimo a mi defensa", explicó.
Continuó, "están pidiendo la muerte política de una autoridad electa democráticamente por más de 2,5 millones de personas", indicó.
