Violencia vicaria: Un vacío legal que prolonga el daño
La violencia vicaria, definida como el daño causado a mujeres mediante el uso de sus hijos como instrumentos de maltrato, permanece sin reconocimiento ni regulación específica en la legislación chilena. Esta ausencia normativa no sólo invisibiliza una forma grave de violencia de género, sino que también limita la capacidad del sistema judicial para otorgar protección efectiva y sancionar con claridad a quienes la ejercen.
Estudios recientes reflejan la magnitud de este fenómeno. Una investigación realizada por las académicas Bárbara Porter y Yaranay López (2021), identificó que el 98,7% de las mujeres que han sufrido violencia de género también han experimentado violencia vicaria en distintas formas, desde la manipulación en la relación con sus hijos hasta la obstaculización de visitas o el incumplimiento deliberado de obligaciones parentales.
Esta situación produce consecuencias psicológicas severas, incluyendo trastornos de estrés postraumático, ansiedad y depresión, con un impacto que se extiende más allá de la víctima directa, afectando el bienestar emocional y desarrollo de los niños involucrados.
El reconocimiento legal de la violencia vicaria ha avanzado en países como México, donde en 2023 se incorporó esta figura al Código Penal Federal con penas de hasta cinco años de prisión.
Asimismo, 30 de sus estados han adoptado leyes que contemplan esta forma de violencia como parte integral de la protección de las mujeres. Estos desarrollos legales responden a una comprensión profunda de cómo el daño indirecto a través de los hijos reproduce ciclos de abuso y vulnerabilidad.
Chile, en contraste, enfrenta un vacío regulatorio que obstaculiza la intervención judicial efectiva. Sin una definición clara ni mecanismos específicos, los tribunales suelen enfrentar dificultades para evaluar y sancionar adecuadamente estos casos, prolongando el sufrimiento y desprotegiendo a las víctimas. La complejidad de estas situaciones exige un marco legal que contemple la particularidad de la violencia vicaria y fortalezca las herramientas de protección.
Además, la falta de reconocimiento formal contribuye a la invisibilización de un problema que atraviesa todas las clases sociales y regiones del país. Esta realidad genera una doble vulnerabilidad para las víctimas, quienes, además de enfrentar agresiones directas, deben lidiar con la escasa sensibilidad institucional y la ausencia de protocolos claros para su protección.
Es imperativo que la legislación chilena incorpore de manera urgente la violencia vicaria como una manifestación específica de violencia de género. Esta incorporación debe ir acompañada de protocolos judiciales claros, capacitación para los operadores jurídicos y medidas de resguardo eficaces para madres e hijos. La protección efectiva frente a esta forma de maltrato no solo es una cuestión de justicia, sino una necesidad para garantizar el desarrollo integral de las familias afectadas.
El silencio y la falta de regulación frente a la violencia vicaria mantienen abiertas las heridas de quienes la sufren. Nombrar esta violencia, entender su alcance y legislarla con precisión son pasos indispensables para transformar una realidad que hasta ahora permanece invisible y que, sin intervención adecuada, perpetúa daños irreparables.
