Tragedia del Bruma: Los 5 hitos que marcan el rumbo de una de las investigaciones marítimas más complejas sobre la pesca
El 30 de marzo de 2025, siete pescadores artesanales zarparon desde Coronel a bordo de la lancha Bruma.
Aquella madrugada fue la última vez que sus familias tuvieron noticias de ellos. Tras horas sin comunicación, comenzó una búsqueda desesperada en la costa del Biobío.
La embarcación no apareció ni tampoco sus cuerpos. A medida que pasaban los días, surgieron indicios que apuntaban a una posible colisión con un buque industrial de gran tamaño, el Cobra, propiedad de la empresa pesquera Blumar.
Desde entonces, el caso ha escalado a nivel judicial, técnico y político, con una investigación penal que busca determinar si el Cobra efectivamente impactó a la Bruma y omitió luego prestar auxilio, como han sostenido insistentemente las familias de los desaparecidos.
La causa ha estado marcada por declaraciones cruzadas entre las partes, hallazgos forenses de alto impacto, presuntas inconsistencias en los registros de navegación y reclamos de impunidad frente al actuar de una empresa industrial.
Mientras la Fiscalía lidera las diligencias, encabezadas por la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, las familias han pedido justicia y claridad.
Acusan a la tripulación del buque industrial de encubrir lo ocurrido mediante un “pacto de silencio”, y denuncian que la empresa habría intentado mantener la operación de la nave pese a su incautación.
El caso también ha revelado posibles infracciones a la Ley Supersol, normativa que desde 2022 exige condiciones mínimas de seguridad y registro en embarcaciones mayores.
Repasamos los cinco hitos que han marcado el rumbo de una de las investigaciones marítimas más complejas de los últimos años en Chile, con impacto en la justicia penal, la regulación pesquera y los derechos de las comunidades costeras.
1. El inicio: una madrugada sin retorno
El 30 de marzo, la Bruma zarpó con siete tripulantes para realizar faenas de pesca artesanal frente a la costa de Coronel. Durante esa madrugada, desapareció sin dejar rastro.
Las primeras horas fueron cruciales para la búsqueda, pero el operativo no logró ubicar la embarcación ni a sus ocupantes.
A medida que avanzaban las diligencias, la hipótesis de una falla mecánica o un accidente común comenzó a debilitarse.
Familiares y pescadores del sector comenzaron a sostener públicamente que la Bruma pudo haber sido impactada por un buque de gran tonelaje.
Las miradas apuntaron al Cobra, perteneciente a Blumar, que había navegado en la misma zona y horario. La empresa negó la acusación, pero los antecedentes comenzaron a acumularse.
2. Hallazgos clave: restos biológicos y óseos en el Cobra y en planta pesquera
Un mes después de la tragedia, el 6 de mayo, el abogado Rafael Poblete —quien representa a las familias de los desaparecidos— confirmó que peritajes realizados por la PDI al buque Cobra detectaron restos biológicos bajo la línea de flotación y en las tuberías interiores del sistema de agua de mar.
Si bien los análisis aún no confirman si son restos humanos, los investigadores señalaron que preliminarmente “no parecieran ser restos de peces”.
Ese mismo día, se notificó el hallazgo de dos piezas óseas en la planta pesquera Orizon, en Coronel, encontradas durante una descarga de faena marina. La empresa informó a Sernapesca, que a su vez lo comunicó a la PDI.
Las familias ya entregaron muestras genéticas para que el SML realice las comparaciones. Aunque las piezas aún no han sido identificadas como humanas, el impacto emocional fue inmediato: las familias expresaron angustia, pero también una esperanza renovada de poder dar sepultura a sus seres queridos.
3. La grabación perdida: el registro del accidente desapareció
Un segundo hito clave se conoció el 9 de junio, cuando el Ministerio Público informó a las familias que no existen registros de audio ni video del día del accidente en el sistema de grabación del Cobra.
La embarcación cuenta con una “caja naranja”, similar a la caja negra de los aviones, que debe grabar en formato 360 grados todo lo que ocurre en la cabina de mando.
Las grabaciones del 29 y del 31 de marzo están disponibles. Pero las del 30 —justamente el día del accidente— no existen.
Esto generó fuertes cuestionamientos a la versión entregada por Blumar y su defensa legal, que había afirmado que todos los sistemas estaban funcionando correctamente.
La caja naranja fue enviada al FBI para peritajes, debido a que Chile no cuenta con la tecnología necesaria para examinarla en detalle.
Desde la Asociación de Bacaladeros del Maule, también se encargó una pericia independiente que sostiene que algunos equipos de navegación se habrían apagado intencionalmente.
4. Rechazo a nuevas cuotas de pesca para el Cobra
Mientras se desarrollan estas diligencias, Blumar solicitó a la Subsecretaría de Pesca autorización para operar con cuotas de jurel asignadas por una organización internacional.
La solicitud incluyó al Cobra, pese a que la embarcación se encuentra incautada y con prohibición de zarpe, según resolución del Juzgado de Garantía de Coronel.
La petición fue rechazada específicamente para ese buque, lo que generó duras críticas desde el mundo de la pesca artesanal, que acusaron a la empresa de querer seguir lucrando con una embarcación involucrada en una tragedia aún no esclarecida.
5. Querella contra el abogado de las familias y la espera por pericias
Los tripulantes imputados del Cobra —capitán, oficiales y vigía— presentaron una querella por injurias y calumnias contra el abogado Rafael Poblete.
Lo acusan de haberlos vinculado públicamente con un pacto de silencio, de haber sugerido que mintieron a la Fiscalía, e incluso de haberlos relacionado con el suicidio de un trabajador de la misma embarcación.
Exigen una pena de cinco años de presidio menor y que, de haber condena, esta se difunda en los mismos medios donde se realizaron las declaraciones.
Mientras tanto, la Fiscalía aún no formaliza a nadie. Se espera que esto no ocurra hasta que lleguen los resultados del FBI sobre el contenido de la caja naranja y los informes definitivos del Servicio Médico Legal sobre los restos encontrados.
Las familias, por su parte, insisten en que las responsabilidades deben aclararse, que los hechos no pueden quedar impunes y que el Congreso debe avanzar en medidas que garanticen condiciones mínimas de seguridad para quienes se embarcan en el mar cada día para trabajar.
