¿Discriminación legal?: Jubilación forzada a los 75 años en el sector público
La Ley Nº 21.724, que regula las remuneraciones en el sector público chileno, ha incorporado el artículo 90, generando un debate significativo sobre la jubilación forzada a los 75 años para los funcionarios públicos.
A partir del 1 de enero de 2027, los funcionarios de diversas instituciones estatales cesarán en sus funciones al cumplir los 75 años de edad. Aquellos que ya superen esa edad a la fecha mencionada también cesarán en sus funciones. Estos funcionarios tendrán derecho a una indemnización equivalente a un año de remuneración por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis años.
Desde una perspectiva legal, esta medida ha sido calificada de discriminatoria. El abogado y doctor en Derecho, Óscar Olivares, argumenta que la Constitución chilena no establece límites de edad para la permanencia en la administración pública, y el derecho a jubilarse es discrecional para el funcionario.
Por lo tanto, un funcionario afectado podría interponer un recurso de protección y solicitar al Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad del artículo 90 de la Ley 21.724.
La Ley ha sido criticada por atentar contra la dignidad de las personas mayores al fijar un límite de edad para el cumplimiento de funciones en el sector público, sin afectar a legisladores (Diputados, Senadores) ni a Ministros de Estado.
Esta situación contraviene la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que resalta que las personas mayores tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el de no ser sometidas a discriminación por edad.
Datos de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Gobierno de Chile, al 31 de diciembre de 2024, indican que 2.206 funcionarios mayores de 75 años se verían afectados por esta medida, distribuidos en diversas leyes que rigen a los asistentes de la educación, municipalidades, gobierno central, docentes, académicos, directivos y profesionales de universidades estatales, atención primaria de salud, entre otros.
En cuanto a las implicaciones fiscales, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos propondrán una medida legislativa en el proyecto de Ley de Presupuestos 2026, limitando la reposición de vacantes (máximo una por cada tres generadas por funcionarios que se acojan a leyes de incentivo al retiro) en instituciones públicas cuyas dotaciones se fijan en la Ley de Presupuestos, excluyendo sectores autónomos como el municipal y las universidades estatales.
Esta medida busca reducir el gasto público y contribuir a la convergencia fiscal para el año 2029, contrarrestando el incremento del gasto derivado de los programas de incentivo al retiro.
Reconocidos académicos, como la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y los Premios Nacionales José Maza y José Zagal, han manifestado su preocupación. Rosa Devés, quien cumple 75 años, considera que esta prohibición a las universidades públicas vulnera la autonomía universitaria y espera que sea corregida.
José Zagal, afectado por la ley, argumenta que no se justifica el retiro de una persona activa y productiva. José Maza critica la inconsistencia de la ley al no aplicar a diputados y senadores. Aunque la ley incluye una indemnización, la obligación de dejar el trabajo para quienes aún están en condiciones es considerada discriminatoria.
Existe una contradicción de opiniones: mientras algunos consideran que la ley es necesaria para dar cabida a nuevos funcionarios más jóvenes, otros, incluyendo destacados académicos y abogados, se manifiestan en contra, argumentando que la edad no debería ser un factor para cesar funciones, especialmente cuando se cuenta con vasta experiencia y conocimientos.
