Democracia en deuda: Claves para repensar una reforma al sistema político

En los últimos años se ha instalado como consenso que nuestro sistema político no está preparado para enfrentar los desafíos del país. En general, la mayoría de las críticas en el marco de los actuales intentos por reformar al sistema de partidos se centran en las dificultades existentes para construir acuerdos dentro del Congreso, lo cual se explicaría por la fragmentación del sistema de partidos y un persistente “discolaje” por parte de los parlamentarios.

La premura de este debate legislativo, no obstante, ha dificultado sostener una discusión seria y de futuro en torno al sistema político que Chile necesita, los problemas que este arrastra, las expectativas de la gente en torno al mismo, y su posible reforma.

Más aún, este debate ha permanecido circunscrito a un círculo de especialistas, sin lograr permear a una ciudadanía que observa a distancia una serie de disputas y ajustes para reformar a una política que no ha logrado estar a la altura de lo que se espera de ella.

El Chile de hoy es un país marcado por la decepción y la frustración ante la incapacidad del sistema político de procesar los anhelos de cambios profundos y urgentes que continúan presentes en la sociedad chilena .

Las precarias condiciones de vida a la que muchos compatriotas se ven enfrentados, la crisis de seguridad pública, la persistente desigualdad social, las demandas no resueltas expresadas en olas de movilización ciudadana y el doble fracaso constitucional, en conjunto, han reforzado dentro del imaginario colectivo la idea de que la política institucional no es capaz de entregar soluciones concretas que le mejoren la vida de las personas.

Más allá de las voluntad de los actores políticos y del número de partidos representados en el Congreso, el sistema en su conjunto adolece de herramientas para canalizar dichas demandas de cambio y transformarlas en reformas efectivas. Por el contrario, la actual institucionalidad genera incentivos que profundizan problemas ya arrastrados por la política.

Así, por ejemplo, la actual legislación en torno al sistema de partidos incentiva la conformación de organizaciones con escasa presencia territorial y sin proyectos claros para el país, más pensadas como plataformas para políticos con ambiciones electorales que como las principales responsables de mediar la relación entre ciudadanía y política institucional.

Por otro lado, la falta de espacios de participación dentro de la administración pública y el proceso legislativo promueven un tipo de ciudadanía cuyo único rol esperado se restringe a la participación electoral, mientras que su principal opción para incidir de manera más activa en el proceso de toma de decisiones termina limitándose a la protesta social.

La todavía baja diversidad social en espacios de poder como el Congreso de Chile, en tanto, profundiza la brecha entre el Chile real y el que en la práctica puede tomar decisiones sobre el futuro del país. El resultado es un sistema político percibido como ajeno al grueso de la población, inefectivo a la hora de resolver problemas y que ni siquiera ofrece mecanismos institucionales para canalizar el descontento acumulado.

Nuestro sistema político efectivamente requiere una reforma profunda. No obstante, dicha reforma difícilmente tendrá los resultados esperados en la medida que su objetivo se limite a restringir la representatividad del Congreso como única vía para mejorar su gobernabilidad interna.

Por el contrario, cualquier reforma comprehensiva y pensada para avanzar hacia una democracia más vibrante y, por sobre todo, efectiva a la hora de resolver los problemas de la gente, requiere enfrentar con determinación las muchas falencias existentes en la relación entre nuestro sistema político y la sociedad en su conjunto.

¿Cómo abordar entonces la reforma al sistema político? Desde Nodo XXI hemos presentado un documento programático titulado “Desarrollo para el bienestar de Chile. Un camino de libertad, seguridad y solidaridad” de cara a las próximas elecciones presidenciales.

En dicho esfuerzo, presentamos además un conjunto de medidas para fortalecer y profundizar la democracia chilena, partiendo del supuesto de que cualquier estrategia para alcanzar el desarrollo requiere de un conjunto de instituciones democráticas efectivas en la resolución de demandas sociales y que sean consideradas legítimas por la ciudadanía.

El documento ofrece propuestas concretas para devolverle a los partidos políticos el rol de principales representantes y canalizadores de los intereses ciudadanos dentro de la política institucional.

Con ese objetivo en mente, entre las principales medidas a promover de cara a un futuro gobierno se encuentran el aumento en los requisitos para conformar nuevos partidos políticos, el fortalecimiento de la disciplina parlamentaria y la introducción de listas cerradas en elecciones colegiadas, entre otras reformas.

Dichas medidas, implementadas en conjunto, favorecerían la conformación de partidos con mayor densidad organizacional y presencia nacional, al mismo tiempo que desincentivarían el discolaje entre parlamentarios. Por otro lado, dicho conjunto de reformas no tendrían como consecuencia el complejizar todavía más el sistema electoral ni intervenir en las preferencias de la ciudadanía.

En segundo lugar, en dicho documento programático abogamos por la implementación de distintos mecanismos de democracia participativa y directa. Entre las principales ideas se encuentran la implementación de Iniciativas Populares de Ley, así como de Mecanismos de participación ciudadana en el proceso legislativo y Foros de deliberación ciudadana.

Dichas reformas, implementadas correctamente, permitirán a la ciudadanía jugar un rol más activo en el proceso de toma de decisiones y acercar a la gente instituciones que hoy se ven como ajenas.

No obstante, a partir de experiencias previas en América Latina, consideramos necesario avanzar en innovaciones democráticas que le entreguen más herramientas a la ciudadanía, más no a las mismas autoridades políticas, con el fin de evitar tendencias plebiscitarias y la instrumentalización de estos mecanismos.

Por último, como país todavía tenemos deudas pendientes en miras a avanzar en la igualdad de género. Enfrentar el auge de la extrema derecha y su amenaza de retrotraer avances que tomó décadas alcanzar requiere de valentía y determinación para continuar avanzando en la representación adecuada de las mujeres en espacios de poder institucional.

Por lo anterior, aquí abogamos por avanzar hacia la composición paritaria entre hombres y mujeres de distintos espacios de poder, partiendo por espacios de representación colegiados como el Congreso, Consejos Regionales y Consejos Comunales, hasta lograr una composición paritaria de los poderes del Estado. La paridad, más que un elemento secundario, es condición necesaria dentro de cualquier sistema político que pretenda representar de manera sustantiva a la ciudadanía.

En definitiva, la crisis del sistema político es tanto una crisis de legitimidad como de eficacia, en cuya raíz se encuentra una relación disfuncional entre política institucional y ciudadanía. Enfrentarla requiere una reforma profunda que, más que limitar la representación, la fortalezca, que amplíe las posibilidades de participación real de la ciudadanía y que garantice una democracia paritaria, inclusiva y diversa.

Reconstruir aquel vínculo hoy fracturado entre la política institucional y la sociedad es por tanto necesario para avanzar hacia una institucionalidad capaz de resolver los problemas concretos que afectan la vida de las personas. Reformar el sistema político no es solo una tarea de diseño institucional: es una apuesta por una democracia más robusta, más cercana y más capaz de dar respuestas a las demandas de justicia, dignidad e igualdad que siguen presentes en la ciudadanía.