Sobre la participación de estudiantes y funcionarios en las instancias de gobiernos de las Ues estatales

En estos momentos un fuerte debate agita las aguas en algunas universidades públicas, un espectro recorre las aulas y no, no tiene que ver con el nuevo sistema de financiamiento que reemplazaría al fracasado CAE, ni tampoco con las precarias condiciones económicas y financieras con que el Estado chileno ha condenado sus sistemas de educación superior pública (valga la redundancia). Este espectro toca todos estos temas y su esencia es la democratización de los saberes y su puesta al servicio de las comunidades nacionales, del país y sus necesidades de futuro.

Restablecer en estos planteles la norma triestamental de gobernanza que existía para ellos antes del Golpe de Estado del 73 y las intervenciones militares que casi destruyeron a la Universidad de Chile, amputándole sus sedes regionales y condenándola por décadas a pagar una deuda enorme, sería la forma principal mediante la cual asegurar el buen servicio y funcionamiento de estos planteles de educación superior, con transparencia, pero además reestablecer la democracia y autonomía universitaria, conculcada con un golpe de fuerza, violento y cruel.

Norma de participación triestamental que, recordémoslo, permitía a estudiantes y funcionarios no académicos participar de la elección de sus autoridades unipersonales (Rectores y Decanos) y con un porcentaje minoritario, en los Consejos Normativos de entonces, a nivel de facultades y centrales.

¿Qué sucedió luego del restablecimiento de la democracia en estos planteles? ¿Se restablecieron esos derechos fundamentales participativos?

Lamentablemente no... la democracia llegó para todos, excepto para las universidades públicas chilenas, donde sucedía que grupos de académicos controlaban y dominaban las decisiones principales, plegándolas a la mantención de sus privilegios, y muchas veces haciendo primar estos intereses a los objetivos institucionales de servicio país.

En la década de los ’90 un fuerte movimiento de opinión conmovió dichos planteles, exigiendo mayor democracia y participación en las decisiones universitarias, es así que, en la Universidad de Chile, junto con otras medidas, fue creado el Senado Universitario, cuya atribución principal era de carácter normativo y de representación triestamental para asegurar, justamente, que la institución asumiera más decididamente su rol nacional, de servicio al desarrollo de Chile, y fuera rescatada de las presiones de clanes académicos y grupos de presión.

Hoy algunas universidades estatales, como la Usach, han modificado sus estatutos, garantizando que el derecho de representación triestamental sea restituido en sus comunidades, por lo menos a niveles de 1973.

¿Y que sucede en la Universidad de Chile? Además del Senado, con una representación muy minoritaria de funcionarios y estudiantes (constituido por 36 miembros, de los cuales 27 son académicos, 7 estudiantes y 2 representantes del personal de colaboración) y algunos Consejos de Escuela, la representación triestamental no existe ni ha sido restituida la norma democrática vigente hasta el Golpe de Estado.

¿Es normal esto? Claro que no, considerando que era justamente esa normativa la que aseguraba el cabal cumplimiento del servicio país, así como la participación responsable de sus comunidades al éxito de sus objetivos nacionales.

Hoy, y por mandato legal, la Universidad de Chile y su Senado han establecido la participación de estudiantes y funcionarios en los Consejos de Facultad, instancias que regulan las actividades principales de Escuelas y de los Departamentos a ellas adscritos. Dicha participación alcanza al 50% de los consejeros de libre elección, con un 25% para cada uno de estos estamentos y el restante 50% para académicos y académicas.

¿Quiere decir esto que la mitad de sus integrantes no serán académicos? ¿Estamos en el cogobierno? Claramente no es así, ya que esto sucede solo para la elección de aquellos consejeros de libre elección que, según las normas establecidas, “no excederán la mitad de los consejeros integrantes del Consejo”.

En efecto, si sumamos al Decano (Pdte. del Consejo), a los directores de departamentos, a los directores de escuelas y de los centros de investigación permanentes, todos académicos y académicas, tenemos que estos Consejos estarán constituidos, en la casi totalidad de sus facultades, por una mayoría de más del 80% de académicos y académicas, lo que asegura, aún para los más prudentes y reticentes, el total dominio académico sobre las decisiones de estas instancias.

Una débil restitución de los derechos democráticos históricos de las comunidades universitarias estatales, a más de medio siglo del acto de fuerza del 73.

Sin embargo, sectores conservadores de académicos han llamado al escándalo, como si esta decisión amenazara de alguna forma el total predominio de este estamento sobre las decisiones de la U. ¿Por qué esta reacción, totalmente desproporcionada con el real desarrollo de los acontecimientos?

No podemos dejar de relacionar estos hechos con el clima de negacionismo y revanchismo que anima a los sectores privilegiados de este país, que pretenden desarmar el débil estatuto democrático de nuestra patria, dominada por colusiones del mega poder económico y financiero y su manejo del Parlamento y el poder político.

La sobre reacción de estos sectores no se explica sino por una exagerada desconfianza hacia la democracia, totalmente ideologizada desde un ideario muy conservador, que termina por dañar nuestra institución, negándole a sus comunidades toda responsabilidad e injerencia en los asuntos universitarios que, paradojalmente, estas mismas comunidades de funcionarios no académicos y estudiantes construyen día a día, con su esfuerzo y colaboración, proyectándolo hacía un futuro más justo y equilibrado

¿Puede existir Universidad pública y estatal sin la participación consciente, democrática e informada de sus comunidades? Claramente no, se trata acá de más del 80% de las personas que viven y trabajan en sus facultades, limitadas en ese caso, al 20% de participación en las instancias que determinan los asuntos universitarios a esos niveles.

Establecer estos espacios de triestamentalidad significa justamente disminuir paros y tomas, integrando a las comunidades de funcionarios y estudiantes en la responsabilidad de la gestión y desarrollo de los espacios de facultades.

¿Es suficiente esta participación? Definitivamente no, pero estimamos que de esta forma podemos avanzar en un mayor compromiso de nuestros espacios con el futuro de Chile, con sus sueños y esperanzas, rescatando a sus facultades del dominio de privilegios e intereses minoritarios y particulares. A mayor participación, mayor control y responsabilidad. El futuro se asegura con más democracia, no con su limitación.