Sobrevivientes del Estallido Social aseguran que gobierno de Boric quitó prioridad a Ley de Reparación Integral y se retiran de mesa de trabajo
Diversas organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de violencia institucional durante el estallido social denunciaron este jueves la falta de compromiso del gobierno con la Ley de Reparación Integral, cuestionando la ausencia de avances concretos y la exclusión del proyecto de la actual agenda legislativa.
A pesar de que la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por Daniela Quintanilla, participó en una reunión el pasado 3 de abril con la Mesa de Organizaciones, Familiares y Víctimas, en ningún momento se informó que la iniciativa no está contemplada en el trabajo legislativo del Ejecutivo, lo que, según las agrupaciones, representa un incumplimiento de los compromisos asumidos por el propio gobierno.
El proyecto de Ley de Reparación Integral fue elaborado por la senadora Fabiola Campillai en conjunto con la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, y entregado al presidente Gabriel Boric el 9 de diciembre de 2024.
Un día después, el mandatario se comprometió públicamente a entregar una respuesta en enero de 2025, lo que hasta ahora no se ha concretado.
En una declaración pública difundida por las organizaciones convocantes, se plantea con fuerza que "el gobierno ha demostrado indiferencia y falta de voluntad para resolver los problemas de fondo, postergando crear una política pública de apoyo a las y los sobrevivientes y las familias de los asesinados."
En este contexto, las agrupaciones hacen un llamado a la movilización, con el objetivo de presionar por la aprobación de la Ley de Reparación Integral, la creación de una Comisión Permanente Calificadora de Derechos Humanos, la derogación de la Ley Nain-Retamal y una reforma estructural a Carabineros de Chile.
Las críticas también apuntan directamente al presidente Boric, quien durante su campaña prometió apoyar tanto la ley como la creación de la comisión permanente, compromisos que -según denuncian-siguen sin cumplirse.
"El Presidente Gabriel Boric, siendo candidato, se comprometió con las víctimas y sobrevivientes en apoyar la Ley de Reparación Integral y crear una Comisión Calificadora Permanente de DDHH, ambas promesas incumplidas a la fecha", expresaron.
A pesar del tono crítico, los firmantes valoran el trabajo realizado por los funcionarios del Programa de Víctimas de Violencia Institucional, destacando su labor en medio de la falta de respuesta institucional.
El comunicado finaliza reafirmando el compromiso de las víctimas con su lucha. "Como se dijo el 6 de diciembre del 2021 en la Casa de la Memoria Sola Sierra, los y las sobrevivientes seguiremos firmes luchando por Verdad, Justicia, Libertad, Reparación Integral, Memoria y Garantías de No Repetición."
El pronunciamiento cuenta con el respaldo de organizaciones como la Coordinadora de Víctimas y Familiares Trauma Ocular, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS) y la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU).
¿En qué consiste la Ley de Reparación Integral?
El proyecto es impulsado por la senadora Campillai, quien fue una de las víctimas más recordadas de la represión policial. Su caso conmocionó a la ciudadanía luego de recibir el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro cuando se trasladaba camino a su trabajo, el 26 de noviembre de 2019.
Debido a la gravedad de las lesiones, la ahora senadora perdió la capacidad de visión en ambos ojos, convirtiéndose en la segunda persona en quedar ciega. El primero fue Gustavo Gatica.
Dos años después, y tras ganar las elecciones parlamentarias, impulsaría este proyecto que tiene como finalidad entregar respuesta a las demandas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante ese periodo de la historia chilena.
En concreto, a quienes sufrieron afectaciones contra su integridad física. Este grupo abarca a todas y todos aquellos que vivieron episodios de violencia sexual, tortura, apremios ilegítimos, lesiones graves, gravísimas o menos graves, mutilaciones o castraciones.
Además, se incluye a las personas fallecidas en el contexto de movilizaciones sociales a causa del actuar de agentes del Estado, independiente de si las víctimas participaron o no en las manifestaciones.
Para entregar soluciones, se propone la creación de una Comisión de Verdad y Reparación, que de cuyos 7 miembros 3 serían elegidos por el presidente en ejercicio, y el resto por las organizaciones de víctimas de derechos humanos.
La Comisión tendrá la misión de definir un procedimiento de calificación de las víctimas tomando como base antecedentes judiciales, informes médicos y otros antecedentes aportados por los afectados y sus, familiares, y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Cabe destacar que se incluirán todos los casos comprendidos a partir del 7 de octubre del 2019 hasta el 11 de marzo del 2022.
A modo de solución, las víctimas reconocidas por la Comisión tendrían derecho a una pensión económica, cuyo monto y forma de pago deberá ser definido por esta misma instancia.
Otras de las medidas que el proyecto propone es instalar una sitio de memoria para conmemorar a las víctimas y establecer el día 18 de octubre como una fecha en homenaje a quienes sufrieron afectaciones por agentes del Estado.
