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Organizaciones ecologistas se movilizan para exigir rechazo a ley de permisos sectoriales por debilitar estándares ambientales
Proyectos de inversión con impacto ambiental en Chile. Foto: Agencia UNO.

Organizaciones ecologistas se movilizan para exigir rechazo a ley de permisos sectoriales por debilitar estándares ambientales

Por: Paula Flores | 23.05.2025
Organizaciones Ecologistas de Chile convocan protestas este domingo 25 de mayo en Santiago, Valparaíso, Calama y La Serena contra iniciativa que califican como "motosierra ambiental" del gobierno de Boric.

Organizaciones Ecologistas de Chile han convocado a movilizaciones para este domingo 25 de mayo en cuatro ciudades del país, con el objetivo de presionar al Congreso para que rechace el Proyecto de ley de Permisos Sectoriales que actualmente se tramita en el Parlamento.

Las protestas se realizarán simultáneamente en Santiago, Valparaíso, Calama y La Serena, donde los manifestantes exigirán a senadoras y senadores votar en contra de la iniciativa legal que califican como "motosierra ambiental" del gobierno del presidente Gabriel Boric y el ministro de Economía, Nicolás Grau.

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Según los convocantes, el proyecto representaría una significativa reducción de los estándares de evaluación ambiental actualmente vigentes. Además, advierten que su aprobación provocaría "una avalancha de proyectos contaminantes" en todas las regiones del país, lo que afectaría directamente a las comunidades locales y los ecosistemas.

Por otro lado, la convocatoria hace un llamado específico a "defender el futuro de las niñeces, comunidades, los animales y nuestros ecosistemas", bajo la consigna "el cuidado de la naturaleza no se negocia". Los manifestantes buscan generar presión ciudadana sobre los legisladores antes de la votación definitiva del proyecto.

La Ley de Permisos Sectoriales forma parte de una serie de modificaciones al marco regulatorio ambiental que el gobierno ha impulsado como parte de su agenda de modernización del Estado. Sin embargo, Organizaciones Ecologistas de Chile argumenta que estas reformas debilitarían las herramientas de protección existentes.

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