Toldos azules: El verdadero rostro de la precariedad laboral en el Chile neoliberal

Un día antes de asumir la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes, señaló con “bombos y platillos” que uno de los ejes de su administración municipal sería la erradicación del comercio informal de la vía pública.

A casi 6 meses de tal declaración, los denominados “toldos azules” no solo están más presentes que nunca, sino que incluso ahora ocupan significativos espacios públicos, como es la avenida más representativa del centro de Santiago, la tradicional Alameda.

La presente columna se plantea desde un plano diferente. Intenta profundizar en las razones de fondo del fenómeno del comercio informal en el país. Se sostiene que solo de esa manera se podrá, eventualmente, generar ciertas políticas públicas que ayuden a disminuir, desde la razón y no exclusivamente desde la fuerza, un fenómeno social que va “de la mano” con el modelo económico neoliberal que impera en el país.

Datos recientes de la Universidad San Sebastián en alianza con Equifax señalan que en Chile el 25,1% de las personas mayores de 18 años está endeudada. Esto quiere decir que cerca de ¡4 millones de chilenos están morosos en el sistema financiero!

Desde las ciencias sociales, la variable de la informalidad laboral y de los “toldos azules” posee múltiples factores de explicación, siendo uno de ellos, y podría señalarse como el principal, los bajísimos sueldos que se pagan en el país.

Investigaciones de la Fundación SOL establecen que el 50% de la población laboralmente activa gana líquidamente US$500 per cápita al mes, asunto brutalmente contradictorio en términos macroeconómicos, ya que el país, para el mundo financiero internacional, posee cifras que para este año bordean un “falso espejo” de casi US$35.000 PIB per cápita de Paridad de Poder Adquisitivo.

¿Pero cómo se puede explicar este falaz escenario financiero?

Difícil respuesta, pues estamos frente a un escenario desgarrador para la mayoría de las familias chilenas. Investigaciones de la misma Fundación informan que casi el 80% del empleo recuperado tras la pandemia del Covid-19 es inestable o informal. Si a eso le sumamos que los precios de una parte importante de los bienes de subsistencia, como son los alimentos de primera necesidad, no se condicen con los bajos salarios que se pagan mensualmente en el país.

¿Pero cómo llegamos a este trágico panorama social?

Es una respuesta compleja también, que se sintetiza claramente en el modelo económico neoliberal instaurado por la dictadura civil-militar y reforzado por los gobiernos democráticos desde los años 90 hasta el presente, especialmente cuando uno de sus ejes centrales es el principio teopolítico de la desigualdad.

Así, el abuso laboral por parte de algunos sectores dominantes hacia sus trabajadores, en situación de subordinación, forma parte central de un modelo económico que es antisocial por esencia.

De ese modo, se entiende que ni siquiera las escasas políticas públicas sociales que de “buena voluntad” se han implementado en los últimos 30 años, han sido ineficaces para corregir la maléfica flexibilización del trabajo, el correspondiente debilitamiento sindical y qué decir de la mercantilización de nuestros derechos sociales esenciales, como las pensiones donde, y tal como lo afirma la misma Fundación: “la mitad de las personas que cotizaron entre 35 y 40 años, y se pensionaron en febrero de 2025, alcanzaron una pensión autofinanciada menor a $275.173”.

¿Y quiénes son los verdaderos responsables de este descalabro social?

Tal como señala el investigador de la Universidad Católica de Temuco, Dasten Julián Véjar, la precariedad laboral en Chile es producto de una compleja red de relaciones entre el Estado, los organismos internacionales y los empresarios.

Es decir, entre un Estado chileno completamente neoliberalizado, con organismos internacionales, como el Banco Mundial que bancarizan toda política pública en función de sus intereses ideológicos, y donde nos encontramos con una parte importante de la élite empresarial local que, con tal de aumentar más sus “billeteras”, no tiene escrúpulos en actuar muchas veces coludidamente en los servicios que entrega, pagando sueldos de sobrevivencia y financiando políticos que fomenten mediante la fuerza la respuesta al desorden social que ellos mismos han generado.

En síntesis, esta columna no promueve la romantización de los “toldos azules”. Son un asunto que uno querría que no existieran, ya que lamentablemente el fenómeno de la informalidad comercial en las calles se ve muchas veces infiltrado por la delincuencia.

¿Qué hacer entonces? El populismo de derecha dirá que la solución inmediata pasa por militarizar las calles, criminalizando una vez más la pobreza, legitimando así la violencia estatal como única forma de orden, convirtiendo un grave y delicado problema social, en un espectáculo mediático.

En mi caso, solo me atrevo a hacer un llamado ético a todos los que poseen el poder político y económico del país, a repensar qué tipo de sociedad puede permitirse que la mayoría de sus habitantes no posean derechos sociales plenos en el presente, ni mucho menos a futuro.

Los “toldos azules” no son algo marginal, son la consecuencia visible de un modelo económico que normaliza la precariedad de sus ciudadanos, puesto que las nefastas consecuencias sociales del neoliberalismo no son un mero error del sistema, sino que es su propio diseño, ya que lamentablemente así fue concebido desde su génesis hasta su lamentable operación en la actualidad.