“Motosierra Ambiental” en Chile: El caso Dominga

El pasado jueves 8 de mayo, el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo informó que el controvertido proyecto minero portuario Dominga cuenta con la calificación ambiental de “Aprobado”, según consta en su página oficial.

La noticia sería resultado de la solicitud presentada por la empresa Andes Iron el 14 de marzo, argumentando que se encuentran en condiciones de ejecutar el proyecto debido a que el Primer Tribunal Ambiental suspendió los efectos de la última resolución del Comité de Ministros, quienes han rechazado tres veces el proyecto por no cumplir con los requisitos técnicos y ambientales necesarios, especialmente en lo que respecta a la protección de la biodiversidad y la seguridad de los ecosistemas terrestres y marinos.

Al parecer la calificación ambiental de “aprobado” consiste en otro capítulo de la trama de un proyecto que ha estado marcado desde sus inicios por escándalos de corrupción, y que demuestra las insuficiencias de una regulación ambiental que podría verse aún más debilitada con la agenda de permisología del gobierno.

Recordemos que en 2020, los Pandora Papers revelaron que se firmaron contratos relacionados con Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. La familia Piñera, que poseía un 33% del proyecto, firmó un contrato por 152 millones de dólares para vender su participación a Carlos Délano, dueño del grupo Penta (y quien recibió la insólita sanción de "clases de ética" por su participación en el financiamiento ilegal de la política).

Como ya ha sido revelado por diversas fuentes (ver “La trenza de poder de Hermosilla y la jueza Sabaj” del programa Stock Disponible), el contrato entre la familia Piñera y Délano incluía una tercera cuota sujeta a la condición de que la zona no fuera declarada como reserva natural o área de exclusión. Decisión que dependía justamente del gobierno de Sebastián Piñera. Por supuesto el expresidente no declaró la zona como reserva, permitiendo así que se cumpliera la condición y, con ello, el pago total a su familia.

Cuando todo esto se relevó surgieron intentos de investigar penalmente a Sebastián Piñera. Frente a ello, Luis Hermosilla -quien en ese momento actuaba prácticamente como su abogado- comenzó a coordinar esfuerzos para evitar que la investigación avanzara. Para lograrlo, argumentó que el proyecto Dominga ya había sido investigado en el 2017 por el fiscal Manuel Guerra (sí, el autor de “las clases de ética”), quien, como en otros casos de corrupción, cerró el caso sin llevar a cabo ninguna indagatoria.

Pero los intentos de investigar penalmente al expresidente continuaban, y fue en este contexto cuando la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, quien debía favores políticos a Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, se comunicó con Hermosilla para darle instrucciones sobre cómo impedir que las investigaciones contra Piñera prosperaran. Así, juntos redactaron un recurso de amparo que logró una votación favorable en la Corte de Apelaciones que Sabaj integraba (ver articulo relacionado acá).

La trama de Dominga nos impone el desafío de fortalecer la regulación para entregar una señal clara a los empresarios de que en Chile nadie puede saltarse la fila con triquiñuelas legales y favores políticos, como ocurrió en este escandaloso caso. Sin embargo, el gobierno del presidente Gabriel Boric ha decidido impulsar una agenda de permisología que se dirige en la dirección absolutamente contraria.

La agenda de permisología, compuesta por los Proyectos de Ley de Permisos Sectoriales, Simplificación normativa, Reforma al SEIA, Reforma a las Concesiones Marítimas, Patrimonio cultural y la modificación al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pretende debilitar la legislación ambiental existente con la excusa de acelerar inversiones, por lo que ha sido catalogada como una verdadera “motosierra ambiental”. Pero hay otra cosa alarmante que tiene la agenda de permisología y que se relaciona directamente con el caso Dominga: el incentivo a la corrupción.

En particular el proyecto de ley de permisos ambientales incluye una oficina para supervisar a los servicios sectoriales y el cumplimiento de plazos de tramitación que vendría a ser la versión 2.0 de la “Oficina de Grandes Proyectos” creada por Sebastián Piñera.

Es importante recordar que la Oficina de Grandes Proyectos estuvo involucrada en conflictos de interés debido a que impulsó iniciativas en las que la familia Piñera, así como ejecutivos y empresarios de su círculo más estrecho, han tenido participación (ver más información acá).

Asimismo, entre otras acciones cuestionables, en 2020 la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente, de la que forman parte los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental, denunció como una intervención a sus labores la firma de convenios entre el Servicio y esta oficina .

Otras preocupaciones de este proyecto de ley lo constituyen, por un lado, la aprobación de proyectos de inversión por “silencio administrativo”, debido a que podría fomentar que los titulares de proyectos corrompan a funcionarios para que no se pronuncien y así lograr la aprobación automática de sus proyectos “por silencio”.

Por otro, la figura de las “inversiones estratégicas”, la cual beneficia con tramitación ágil a ciertas inversiones por la simple definición de cinco ministros de turno y podría significar la compra de voluntades políticas para favorecer a ciertos proyectos de inversión empresarial.

Sin duda lo que menos necesita Chile es que se rebajen estándares y exigencias que no solo debilitan la evaluación ambiental (permitiendo la instalación de cada vez más proyectos contaminantes) sino que, además, facilitan la corrupción. Por eso, rechazar esta agenda de permisología es urgente.

Chile no necesita más Domingas.