Cuando ser niño es una carga: La falla ética de nuestro sistema
El reciente caso de una niña boliviana de ocho años, víctima de explotación en Chile tras ser vendida por sus padres, no es un hecho aislado. Es un síntoma de un sistema que aún falla en su deber más básico: proteger a quienes no pueden defenderse. Cuando los mecanismos de prevención, alerta y respuesta no operan de forma efectiva, lo que se vulnera no es solo una norma jurídica, sino un principio ético elemental.
Chile ha logrado avances institucionales importantes, como la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez en 2021, en reemplazo del SENAME. Sin embargo, los desafíos estructurales persisten.
La inversión pública en la infancia sigue por debajo de los estándares internacionales, y la coordinación entre los sistemas de salud, educación, justicia y protección social continúa siendo fragmentada. Esta desconexión es la que permite que casos graves pasen inadvertidos incluso en entornos institucionalizados, como escuelas o servicios de salud.
En el ámbito educativo, por ejemplo, la Ley de Inclusión Escolar establece el deber de contar con protocolos frente a la deserción, pero su implementación no siempre es efectiva. Hay establecimientos que aún carecen de herramientas o equipos suficientes para detectar señales de alerta en estudiantes que enfrentan situaciones de abuso, negligencia o abandono. Y sin esa primera señal, la protección no llega.
Desde hace 15 años que estoy trabajando en un establecimiento educativo público, y he visto de cerca cómo se transforman nuestras aulas. Hoy tenemos muchos más estudiantes migrantes y niños con necesidades educativas especiales (NEE), lo que supone un enorme desafío pedagógico, emocional y social.
Sin embargo, en la práctica, estas realidades siguen siendo vistas muchas veces como una carga y no como una oportunidad para construir comunidades más inclusivas. Las adecuaciones curriculares, los apoyos psicoemocionales, la formación docente especializada y los recursos no llegan con la urgencia ni la profundidad que se necesitan. Y lo más grave: estos niños siguen siendo los primeros en quedar fuera cuando el sistema no está preparado para acompañarlos.
Contamos con marcos legales sólidos. La Ley 21.430, que crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, establece principios, deberes estatales y mecanismos de coordinación para asegurar el bienestar de niños y adolescentes. Pero su implementación ha sido lenta y desigual. Sin una priorización efectiva de recursos, equipos especializados y herramientas digitales integradas, muchos niños siguen cayendo en las grietas institucionales.
La situación de la infancia migrante añade complejidad. Existen niños y niñas que, al no contar con documentación regular, enfrentan barreras para acceder a servicios básicos, como la educación o la salud. Esto los empuja a la invisibilidad, justo en un momento de la vida en que más apoyo necesitan. Casos de xenofobia o discriminación en espacios escolares también han sido reportados, lo que agrava su riesgo de exclusión.
Priorizar la infancia no es solo una responsabilidad moral: es una inversión en el futuro del país. Numerosos estudios internacionales han demostrado que la desprotección infantil tiene consecuencias económicas a largo plazo, afectando la productividad, la salud pública y la cohesión social.
Proteger a la infancia exige decisiones concretas: aumentar la inversión pública, acelerar la implementación de la Ley 21.430, fiscalizar activamente el funcionamiento de los dispositivos de protección y, sobre todo, escuchar a los propios niños. Chile tiene la oportunidad -y el deber- de mirar a su infancia con la seriedad que merece. No para compadecerla, sino para garantizar sus derechos y construir un país que no deje a ningún niño atrás
