Senado aprueba nuevo fraccionamiento pesquero con duras críticas a desproporcionada Ley Longueira
En una jornada marcada por el debate intenso, la Sala del Senado aprobó en general —con 40 votos a favor y solo uno en contra— el proyecto de ley que redefine el fraccionamiento de cuotas pesqueras entre los sectores industrial y artesanal.
La propuesta contenida en el boletín N° 17.096-21 y presentada por el Ejecutivo constituye el corazón del nuevo proyecto de Ley de Pesca que busca corregir los desequilibrios históricos heredados de la cuestionada “Ley Longueira”, vigente desde 2013.
El debate parlamentario se desarrolló en torno a tres ejes: la necesidad de una reparación histórica para la pesca artesanal; la revisión crítica de la legitimidad de la legislación actual; y la búsqueda de un equilibrio sostenible entre los dos sectores productivos.
Parlamentarios como Daniel Núñez (PC), Jaime Quintana (PPD), y los demócratas Matías Walker y Ximena Rincón criticaron con dureza la antigua normativa (Ley Longueira) acusando que esta favoreció de forma desproporcionada a la pesca industrial, lo mismo que vienen exponiendo desde hace años pescadores artesanales.
Ejemplificaron con la distribución de cuotas que asignó a la industria el 90% del jurel, el 60% de la merluza común y el 78% de la sardina y anchoveta, dejando en desventaja al sector artesanal tanto en acceso a recursos como en viabilidad económica.
La sesión contó con la participación del gobierno encarnados por el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, junto al subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas.
Las autoridades del Ejecutivo respaldaron la nueva iniciativa que, según explicaron, promueve una mayor equidad sin perjudicar al sector industrial ni al empleo asociado.
Resaltaron además que la reciente ampliación de la cuota de jurel, autorizada por la OROP, permitió redistribuir el recurso sin restar tonelaje a la industria.
La sesión también abordó el enfoque territorial ya que representantes de regiones como Coquimbo, Aysén, Maule, Atacama y Tarapacá manifestaron las demandas específicas de sus zonas, subrayando la urgencia de fortalecer el acceso artesanal a especies estratégicas como la jibia, la merluza común y la sardina española.
También se plantearon propuestas para combatir la pesca ilegal, incentivar el consumo humano de productos del mar, y entregar apoyo estatal al sector artesanal a través de asistencia técnica, programas de regularización e inversión pública.
Si bien el ambiente político estuvo atravesado por una fuerte polarización en los discursos, también existió un espacio para acuerdos concretos.
Aunque se formularon duros cuestionamientos al origen corrupto de la ley actual y se apuntó a ciertos parlamentarios vinculados a intereses industriales, también se llamó a evitar generalizaciones y a reconocer que las responsabilidades recaen en individuos, no en el Parlamento como institución.
