Le negaron medidas pese a discapacidad y sufrió hostigamiento: Suprema ordena nuevo pronunciamiento a universidad
Durante su práctica clínica en el Hospital Guillermo Grant Benavente, una estudiante de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Concepción enfrentó una experiencia marcada por el estrés, la discriminación y el abandono institucional.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, con un 40% de discapacidad sensorial visual y mental psíquica —producto de una miopía severa y un trastorno mixto ansioso depresivo—, la joven fue observada por una funcionaria del hospital quien, sin tener formación diagnóstica, la asoció a un Trastorno del Espectro Autista (TEA).
A partir de ese momento, su trato cambió drásticamente: la aislaron de las actividades clínicas y la relegaron a tareas que no permitían su aprendizaje, lo que agravó su salud mental.
La estudiante había iniciado el internado en enero de 2024. Al enfrentarse al hostigamiento, acudió a su psicóloga y luego informó por correo a la jefa de carrera.
Adjuntó un informe que recomendaba apoyo estructurado de parte de la universidad. Sin embargo, la institución le respondió que no podía implementar ajustes razonables porque no contaba con un diagnóstico formal de TEA, limitándose a ofrecer apoyo psicoeducacional después del receso de verano.
La rotación continuó sin apoyo alguno, y fue calificada con una nota insuficiente (2,6) en su evaluación final.
Tras esta situación, solicitó continuar sus estudios, pero el Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles rechazó su solicitud argumentando que no estaba en condiciones de salud y que no cumplía con un curso prerrequisito.
También se reveló que ese comité no contaba con representación estudiantil, como exige el reglamento interno.
La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de protección, señalando que no se respetaron normas fundamentales de inclusión ni se implementaron los ajustes razonables exigidos por la legislación chilena e internacional.
En palabras del tribunal: “uno de los aspectos fundamentales de la inclusión […] se refiere a la implementación de los ajustes razonables”.
Además, reconoció que la omisión de estas medidas vulneró garantías constitucionales como el derecho a la igualdad, la educación y la integridad psíquica.
La Cuarta Sala de la Corte Suprema —integrada por las ministras Adelita Ravanales y Pía Tavolari, los ministros Jean Pierre Matus, Diego Simpertigue y la abogada Andrea Ruiz— confirmó el fallo el 9 de abril de 2025.
La Universidad de Concepción deberá emitir un nuevo pronunciamiento considerando los antecedentes actualizados y las necesidades de apoyo ya presentadas por la estudiante. Tendrá un plazo de 10 días hábiles para hacerlo.
