Valeria Ronchera, impulsora de la modernización notarial: "Me cuestionaron por digitalizar procesos en plena pandemia"

Sentada desde un escritorio en pleno centro de Santiago, la abogada Valeria Ronchera tramita algunos documentos de manera presencial, pero desde hace cinco años lidera la digitalización de los procesos de su notaría por medio de lo que se denominó como Firma Electrónica Avanzada.

Y es que en el marco de la modernización del Estado -y con ello el avance de la tramitación online de todo tipo de escritos que buscan ser legalizados- las instituciones han debido adaptarse a las nuevas tecnologías aunque no sin reticencias, algo que la notaria desde 2001 entiende perfectamente.

Esto porque Ronchera es, además, presidenta de la Fundación Red Notarial que desde 2018 propone precisamente implementar las transformaciones digitales en los trámites notariales para disminuir los tiempos de espera y bajar los altos costos que a veces tienen estas peticiones a través de la identidad legal en internet.

Notarios versus Digitalización

De hecho, solicitaron al Congreso Nacional exponer en el contexto de la discusión parlamentaria en torno a la reforma al sistema de nombramientos de notarios, pero según comenta el proyecto de ley removió el fomento a estos cambios que a veces pueden hacerse sin necesidad de nuevas regulaciones.

Pero no es tan simple, ya que algunos sectores del gremio ven como un modelo de negocios bastante rentable estos procedimientos administrativos al alero de un ya criticado método de nominación que incluso fue cuestionado por el ministro Luis Cordero cuando aseguró que existen malas prácticas y una cultura transaccional.

En esa línea y en entrevista con El Desconcierto, la certificadora impulsora de estos esfuerzos de modernización tecnológica abordó la resistencia al cambio que enfrentó durante la pandemia, las deficiencias de la iniciativa en el Senado y sugirió redes de tráfico de influencias entre notarios y el Poder Judicial.

Reforma al sistema de nombramientos sigue en la Cámara Alta

-En el Senado hay una reforma notarial, ¿cuál es su opinión sobre cómo se ha dado el proceso en el Parlamento?

Ha estado bastante curioso, para ponerle algún nombre específico. Ingresó un proyecto determinado hace ya un par de años atrás y hoy en día es otro proyecto diferente donde se están discutiendo puntos relacionados efectivamente con parte del proyecto de modernización y la propuesta que hizo la Fiscalía Nacional Económica para mejorar la transparencia y abrir la competencia.

Sin embargo, no están de acuerdo ni siquiera en cómo hacer el nombramiento (...) (Este miércoles) el ministro de Justicia presentó su indicación y quedó en acuerdo, pero no se votó al final. Hubo una discusión desde esta mixtura: Alta Dirección Pública por un lado y fiscalización por parte del Poder Judicial. Entonces, ¿de quién dependemos?

Tampoco existe una claridad para entender que los nombramientos no solamente van a depender de si la notaría es chica o grande, porque como que ese es el tono que toman: si es chica se pide menos experiencia, si es grande se pide más experiencia.

-Fue iniciativa de ustedes exponer en el Congreso.

En 2023 pudimos estar a través del derecho de petición. Logramos sentarnos en la Comisión de Constitución del Senado. Fue iniciativa nuestra porque nuestro objetivo es proponer nuestra visión para lograr una modificación al sistema pero con sustento.

Es decir, primero tener claridad qué es el notario, que es una de las cosas básicas para poder luego comprender cómo vamos a nombrar a las personas que postulan. Porque no solamente es esto de ser abogado y tener experiencia en algo, sino que va más allá.

Nuestra función es una función mixta: tenemos función de orientación, que es la función privada; pero tenemos función pública, que es todo lo que es la autorización y dar fe pública, y además también tenemos todo un apoyo al Estado que la gente no conoce, que son una cantidad de informes que tenemos que mantener y enviar a diferentes organismos.

Hay avances que no necesitan ley, solo potestad ministerial

-¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen?

La propuesta que presentamos en esa oportunidad fue primeramente determinar un diagnóstico real para poder realizar una modificación profunda al sistema notarial, que provoque un impacto positivo en el ciudadano. Hay ciertas materias que no necesitan ley y se pueden mejorar hoy desde el minuto en que es simplemente ejecutada.

La tecnología, por ejemplo, toda la parte de la modernización, hoy en día permite hacer avances sin necesidad de una ley especial que nos obligue a hacerlo. Por lo tanto, hay cosas que son por ley, hay otras materias que son vía potestad reglamentaria. Es decir, todo lo que son normas técnicas que regulen estándares.

No podemos tirarlo a una ley porque es muy rígida. Debe ser normativo por decreto, por potestad reglamentaria, y que la autoridad respectiva pueda hacerlo -no sé, Justicia, Hacienda, el que se determine-. Todos los años puede ir mejorando para poder tener un alto estándar tecnológico en el uso de las plataformas. Se hace difícil y lento.

Este proyecto se mantuvo, siendo que es del gobierno de Piñera. El gobierno actual mantuvo el mismo proyecto para sacarlo adelante, pero estamos discutiendo todavía si vamos a mantener la discrecionalidad o no. El objetivo es avanzar, y si vamos a buscar transparencia tenemos que establecer elementos objetivos para poder medir.

-Usted planteaba esto de migrar a la firma digital y todo ese proceso de modernización. ¿Eso se está considerando?

La verdad es que la parte de la modernización quedó afuera, es decir, ya no está presente. Entonces, hay que comprender que si vamos a tramitar con áreas de tema jurídico, es decir, cosas esenciales a las personas que le producen un efecto, tiene que ser algo que dé certeza y seguridad. Y para eso es la Firma Electrónica Avanzada, que determina lo que nosotros en doctrina llamamos identidad digital legal.

"Cuestionaron cuando tecnifiqué mi notaría y estábamos en pandemia"

-Este proceso no es tan popular entre los notarios, ¿no?

La verdad que la propuesta de modernización la vengo realizando desde hace muchos años atrás. En mi época cuando fui parte del directorio de la Asociación Nacional (de Notarios), siempre tuve voto minoritario y hubo mucha resistencia.

Tomé la decisión de renunciar obviamente al directorio y seguir adelante con el proceso. Como consecuencia de eso, tecnifiqué toda mi notaría propia. Luego de eso, los notarios presentan un requerimiento a la Corte sobre mi conducta.

-¿Cuestionaron el hecho de que usted digitalizara todos los procesos de su notaría?

Exacto, me cuestionaron siendo que estábamos además en proceso de pandemia, que necesariamente teníamos que estar a distancia.

-¿Por qué cree que se da esto? ¿El entorpecer, sobre todo en pandemia, todo lo que es la atención al público en lo que respecta a documentos legales?

Es una resistencia al cambio importante, temor a la tecnología. Hay cierta evidencia, hay un grupo que provoca conductas que son contrarias a la ley, podríamos decirlo, a la regulación, totalmente éticamente fuera. Hay un grupo que se olvidó de ser notario.

Más bien es un interés personal en vez del interés general, que es uno de los fundamentos del sistema. O sea, de ser notario, tenemos que poner el interés de la sociedad por sobre el interés particular.

"Presenté denuncias de tráfico de influencias ante la Corte Suprema"

-¿Cree que podría haber un interés político también? ¿Cómo cree que puede estar vinculado hasta cierto punto?

Yo creo que está vinculado. Hay una vinculación efectiva porque hay un grado de corrupción que yo denuncié, efectivamente.

-¿Ante las instituciones correspondientes?

Sí, yo presenté denuncias ante la Corte Suprema sobre conductas de tipo de tráfico de influencias.

-¿A nivel notarial y judicial?

Es decir, un grupo de notarios permea el área judicial. Entonces, como esto de la transformación hay que capacitarse, uno se debe formar para poder seguir formando al resto. Falta un poco en esto de la capacitación, acortar un poco la brecha del conocimiento de la tecnología. Entonces, entran estos temores y obviamente los tráficos de influencias son bastante poderosos. Esto lo vemos a nivel transversal: ejecutivo, legislativo, judicial.

-¿La modernización que haya que hacerle al Estado, para la probidad por ejemplo, es mucho más profunda de lo que se está conversando?

Sí, es mucho más profunda. No se trata solo de hacer un cambio de los nombramientos de A a B, sino que tiene que haber una gestión de cambio profunda pensando en que las personas son lo principal y no lo económico. Todo proceso que se quiere realizar para un cambio debe producir un impacto positivo en la ciudadanía.

Si no, no tiene sentido, aunque sea el mejor proceso. Desde nuestra visión y desde mi punto de vista, no tiene sentido, aunque sea la tecnología más alta o la mejor eficiencia económica. Porque al final es para todos nosotros, entendiendo que es el bienestar social, las personas somos primero.

Cualquier modificación que se quiera realizar debe hacerse con un estudio, entendiendo a la persona en un todo integral. Es decir, no solamente que los notarios participamos en una línea del sistema o nos relacionamos solo con el Poder Judicial, sino con todas las instituciones. Para eso hay que tener un entendimiento integral.

"Hubo hostigamiento para frenar el proceso de modernización"

-Hubo un conflicto con un conservador de bienes raíces en Buin que rechazó inscribir una escritura con firma electrónica. ¿Ha habido resolución?

Lo que pasa es lo siguiente: el año 2020 otorgué una escritura pública electrónica conforme a una resolución judicial y se armó toda una polémica. Obviamente empezó fuertemente el hostigamiento para evitar y frenar el proceso de modernización.

Se firmó la escritura pública electrónica con Firma Electrónica Avanzada. Existía una resolución, era discutible, perfecto. La Corte de Apelaciones la dejó sin efecto porque se considera que se necesitaba una ley. Obviamente hay que acatar las resoluciones judiciales, yo acaté las resoluciones judiciales en esa oportunidad y nuevamente otorgué en el año 2020 una escritura pública física.

Sin embargo, hubo una modificación legal que entró en vigencia a finales del año 2021. Modificó varios puntos legales y dentro de eso introdujo una modificación que yo lo encontré increíble, que permite que las escrituras públicas de adjudicación en remate se puedan realizar y homologar de manera electrónica con firma electrónica avanzada. Es decir, lo mismo que yo hice el año 2020.

Se dictó un reglamento para ese tipo de escrituras públicas por parte del Ministerio de Justicia el año 2022. Por lo tanto, hay legislación vigente para poder otorgar escrituras públicas electrónicas de adjudicación en remate con Firma Electrónica Avanzada.

Dado eso, hubo una institución financiera que solicitó a un tribunal de Santiago que se otorgara la escritura pública de adjudicación del remate de esta manera. El juez accedió, se firmó. Eso fue en julio del año pasado, 2023. Y el adjudicatario todavía no puede inscribir la escritura pública.

O sea, su propiedad que compró no la ha podido inscribir a su nombre porque el conservador de bienes raíces de Buin ha rechazado varias veces la escritura pública. Es decir, hay ley, hay reglamento y la rechaza por cuestionamientos sobre las plataformas (de internet), no es un cuestionamiento de rechazo jurídico de las causales.

La jueza de este tribunal dictó una resolución donde le obligó a inscribir forzadamente y él no lo hizo. Osea, entró en desacato. Y ahora presentó recursos en contra la magistrada.

-Lo va a llevar hasta el final.

Es algo inentendible porque cumple todos los requisitos legales, cumple todos los requisitos de la ley, el reglamento y los requisitos propios de escritura pública. El conservador de Buin, que es miembro del directorio de la Asociación Nacional de Notarios, no ha dado cumplimiento a una resolución judicial.

Digitalización rebaja en 30% el valor de los trámites

-¿Existe un análisis de cómo los usuarios se podrían ver beneficiados si esto se traslada 100% a una firma digital? ¿Tiene alguna forma de medir ese impacto?

Hay un impacto positivo, muy positivo sobre todo en los tiempos. Habría que tomar el estudio que hizo en su oportunidad la Fiscalía Nacional Económica, que hizo un estudio específico de los trámites, tomando un muestreo de algunos grupos. Efectivamente hay una rebaja, por ejemplo, en el tiempo.

Nosotros no hemos podido sentarnos a medir el tiempo porque son estudios bastante más específicos. Sin embargo, se provoca un efecto positivo, eso es un hecho real. Ahora, medirlo con un porcentaje no lo he llegado a hacer. Pero el tiempo es fundamental, no se recupera.

Otro ejemplo que sí tengo medido es el impacto en relación a los valores económicos. Miremos el contrato de arriendo: no hemos tomado ni el tiempo, ni el traslado, sino lo que vale el costo de pagar por sistema y pagar el documento en físico. Es alrededor de un 30% menos en materia digital.

Sumemos a eso el costo del tiempo, el costo del traslado, el permiso que tiene que pedir la persona en su trabajo, que a lo mejor le descuentan el día, entonces también es un costo. Le descuentan el día de su sueldo o de vacaciones, todo eso son costos que hay que sentarse a medir. Entonces aumenta el porcentaje. Es muy poderoso.