El escándalo a raíz de la filtración de una serie de chats que darían cuenta de varias gestiones para lograr nombramientos en cargos judiciales -y que mantiene a la Corte Suprema en conversaciones extraordinarias- está lejos de terminar.

Además de las tratativas de Víctor Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la suprema Ángela Vivanco, para bajar al fiscal Carlos Palma de la carrera al Ministerio Público, se suman también otras negociaciones a cambio de favores para nombrar notarios y otras ternas del sistema judicial. 

Por lo mismo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que hay un efecto de comunicación endogámica en estos tipos de nombramientos, una cultura transaccional en el este poder del Estado , que tilda como una “mala práctica” por la cual habría que “sacar al Poder Judicial del régimen de nombramientos”.

De hecho, el mismo Ejecutivo habría impulsado el proyecto de reforma a la estructura notarial y de conservadores para pasarlos al sistema de Alta Dirección Pública.

No obstante, los debates en torno a los cambios que requeriría el ordenamiento político del país avanzan lento incluso con la polémica por los nombramientos.

De acuerdo al diputado de la UDI y miembro de la comisión permanente de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Jorge Alessandri, “hace tiempo que hay conversaciones con todas las fuerzas representadas en el parlamento. Hemos ido consensuando cambios, por ejemplo, en el umbral del 5% de un partido a nivel nacional para elegir parlamentarios, o el que renuncia a un partido político pierde el escaño. Son dos cosas que la mayoría estamos de acuerdo para convertirlo en ley”. 

Sobre la selección de los miembros de la poder judicial, dice que es un tema muy sensible y que no se pueden hacer cambios apresurados.

“Siempre estamos dispuestos a mejorarlo, transparentarlo, pero no podemos equivocarnos. El nombramiento de jueces, ministros de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema e incluso notarios… Estamos en un proyecto en el Senado en tercer trámite para que su nombramiento tenga un componente de Alta Dirección Pública, quizás con los jueces también podríamos ir por ese camino”. 

Por su parte, el parlamentario socialista de la Cámara Baja e integrante de la misma comisión, Raúl Leiva, (cuyo hermana María Elena Leiva fue nombrada notaria de la Primera Notaría de San Miguel en 2023), sostiene que alguna eventual reforma al sistema político y los cambios a los nombramientos en el poder judicial son materias complejas que ya estaban entre las propuestas de ambos textos constitucionales fallidos, y que el propio Gobierno ha planteado enviar un proyecto de ley que disminuya la fragmentación. 

Respecto del sistema de designación de jueces, asegura que “los sistemas siempre incorporan en su mayoría un componente político al momento de decidir. Entiendo que la propia Corte Suprema iba a proponer una alternativa. Lo que sí es un avance en mi opinión es el proyecto de ley que modifica la ley de Lobby en orden a poder transparentar, por ejemplo, las reuniones de candidatos a ser ratificados por el Congreso Nacional, tanto por el Senado como por la Cámara en algún puesto judicial (…) Deben necesariamente regularse por la ley de Lobby y deben inscribirse y enmarcarse dentro de esa norma. Lo importante es hacer evidentes y patentes los conflictos de interés que eventualmente puedan existir”.

FOTO: Agencia Uno