Pescadores artesanales exigen un fiscal exclusivo para investigar caso que involucra a Blumar
Dirigentes de diversas agrupaciones de pesca artesanal de todo Chile, exigieron al fiscal nacional Ángel Valencia, la designación de un persecutor exclusivo que investigue el accidente de la embarcación Bruma.
El pasado viernes 28 de marzo y desde ese día, no se tiene ninguna noticia del paradero de los siete trabajadores del mar que iban a bordo, desatándose un caso que involucrada la pesquera industrial Blumar.
Esto, porque se acusa que una de sus embarcaciones los habría impactado de lleno y con velocidad, en una zona que es exclusiva de la pesca artesanal.
Dudas contra Blumar
En la misiva, firmada por Hernán Cortés, presidente de la Condepp y vocero de la Alianza en defensa de la pesca artesanal; Sara Garrido, Presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de las Pesca Artesanal de Chile; Eva Fuentealba, Presidenta ONG Dignidad Biobío; Karina Garrido, Presidenta Sindicato de Pescadores y Algueras de Dichato y Alejandro Navarro, expusieron sus dudas sobre que la pesquera industrial participe en la búsqueda.
“Ello podría estar afectando la imparcialidad en la investigación de un accidente en el que estaría involucrada la empresa Blumar”, escriben en la carta.
“A pesar de la obligación del Ministerio Público de garantizar una investigación justa y objetiva, se ha permitido que la propia empresa participe en la búsqueda de las víctimas, utilizando un robot de su propiedad, según consta en nota de Biobío del día jueves 3 del presente mes”, añadieron.
Además, los líderes de agrupaciones de pescadores artesanales manifiestan que “si bien el Ministerio Público no es un tribunal, su rol en la investigación es clave, y debe garantizar que las pruebas sean obtenidas de manera justa y sin intervención de partes interesadas. Permitir que Blumar colabore en la recolección de evidencia rompe con este principio, ya que la empresa podría manipular u ocultar información relevante en su propio beneficio”.
“Si se confirma que el fiscal local permitió la participación de Blumar en la investigación, esto podría constituir una falta a la probidad administrativa, o incluso, en casos más graves, una prevaricación administrativa, que sanciona a funcionarios públicos que dicten resoluciones contrarias a la ley”, expusieron.
Para cerrar la carta dirigida al fiscal nacional Ángel Valencia, exponen que “el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín calificó este caso de doloroso y llamó a actuar con responsabilidad y cuidado. Sin embargo, es fácil elaborar y difundir teorías, pero todo eso sólo daña la investigación, y, por lo tanto, el esclarecimiento de los hechos”.
