Frente a la crisis de seguridad que atraviesa nuestro país, se han desplegado y propuesto una serie de medidas desde el amplio espectro político nacional. El aumento de penas, la ampliación de la capacidad carcelaria y aplicar extensivamente la prisión preventiva han sido algunas de discutible éxito.

Incluso hace pocos días, la ya instalada campaña presidencial en la derecha y ultraderecha ha hablado de reinstaurar la pena de muerte, medida cuya ineficacia ha sido ya largamente demostrada por la academia y la experiencia internacional (el efecto brutalización de la sociedad de hecho aumenta la tasa de homicidios, como ya fue señalado en el año 1994 por investigadores estadounidenses).

Con todo, nada parece funcionar. La sensación de inseguridad en nuestro país no baja, y el miedo se apodera de las interacciones sociales a todo nivel. Por ello, es fundamental adoptar medidas de largo plazo que cambien el enfoque con el que enfrentamos los nuevos fenómenos delictuales.

Entre ellas, destacan el empoderamiento comunitario para la prevención del delito, una reforma carcelaria con enfoque en rehabilitación y reinserción de NNA y, de manera prioritaria, un acuerdo nacional que restrinja el flujo y tenencia de armas en nuestro país.

El crecimiento del poder de fuego del crimen organizado ha llevado a la comisión de delitos sin precedentes en Chile, y sus efectos aterrorizadores han golpeado duramente a nuestra sociedad.

Disminuir el número de armas en circulación es un objetivo estratégico que requiere un cambio en la política Estatal con adecuado financiamiento, a través de amplios acuerdos políticos, en tres aspectos fundamentales: control fronterizo, regulación de la tenencia civil y fiscalización de las armas en manos de las FFAA y de orden.

Reforzamiento del control fronterizo

Las armas automáticas y de alto calibre que usa el crimen organizado suelen provenir del extranjero. La cercanía de Chile con países tradicionalmente productores de armas como Brasil y Argentina, además de los conflictos en Colombia y Venezuela entre otros países, aumenta la disponibilidad de armamento para el tráfico ilegal en la región.

Es necesario dotar de mayores recursos al Servicio Nacional de Aduanas, tanto incrementar la planta de personal especializado como para mejorar y expandir controles tecnológicos fronterizos en todo el país.

Junto con lo anterior, se deben replicar y profundizar las experiencias de capacitación que ya se han dado entre Aduanas y las FFAA para que la detección de armas, municiones o piezas sea más eficaz.

Disminuir factores de riesgo asociados a la tenencia civil de armas

Otra propuesta fallida propuesta recientemente ha sido la de armar a la población para prevenir o repeler delitos. En general, la evidencia comparada demuestra que la mayor disponibilidad de armas de fuego aumenta la tasa de homicidios y otros delitos violentos, y por ello cortar este flujo de armas al crimen organizado es crucial. A Julio de 2024 se registraban un total de 863.523 armas inscritas en Chile (Datos de la DGMN), y un número importante de ellas pasan a manos de delincuentes por sustracción o extravío.

Medidas inmediatas como exigir mayores capacitaciones para poder adquirir un arma de fuego, limitar el número de armas y municiones que se pueden adquirir, o establecer mayores requisitos de seguridad para el almacenamiento podrían resultar efectivas.

Además, una fiscalización periódica presencial de todas las armas de fuego en el país, en conjunto con medidas mas estrictas para evitar vínculos entre el crimen organizado y el gremio de armeros son decisiones que, si bien costosas, contribuirían estratégicamente a bajar el número de armas en circulación.

Accountability de las armas en las FFAA y de orden

Diversos casos de público conocimiento revelan que elementos dentro de las FFAA y de orden han facilitado armas al crimen organizado, o propiciado atacar cuarteles para obtenerlas, afectando así la seguridad nacional y degradando la capacidad operativa de las instituciones castrenses y policiales.

En esta materia, es imprescindible establecer un registro nacional de armas de fuego y municiones en manos de las distintas entidades del Estado, de carácter reservado pero auditable por el poder civil.

Asimismo, se debe robustecer la legislación tanto civil como militar, para hacer efectiva la responsabilidad de la cadena de mando ante el extravío o uso indebido de armas y municiones, que, no debemos olvidar, son adquiridas con recursos públicos y, por lo tanto, pertenecen a la nación en su conjunto.

Es claro que estas medidas requieren mayor desarrollo, y que su implementación implicaría recursos permanentes del Estado. Sin embargo, si la clase política chilena realmente considera la seguridad una prioridad, ¿No debería alcanzarse un acuerdo nacional, y asignarse recursos a través de un plan estratégico que permita sostener estas y otras iniciativas de largo plazo?

Las soluciones efectistas a corto plazo derivadas de disputas políticas superficiales no han dado ningún resultado. Debemos actuar pronto ante la espiral de violencia y cooptación del Estado por parte del Crimen Organizado, y las primeras señales de esto ya se han visto, lo que nos indica que ya estamos actuando con retraso, pero aún a tiempo de que estas situaciones se vuelvan asuntos complejos y casi irreversibles, como se ha visto en otras latitudes.