Juicio contra Bolsonaro: Los cinco delitos por lo que el líder de ultraderecha brasileña arriesga 40 años

Bolsonaro y los otros siete acusados, entre los que hay militares de alto rango y antiguos ministros de su gobierno, fueron denunciados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso y primero en votar consideró que hay "materialidad" e "indicios razonables" en la acusación que presentó la Fiscalía señalando a Bolsonaro como líder de la trama golpista, y dijo que la denuncia detalló la participación del ex jefe de Estado en los actos citados.

Los cinco delitos por los que se acusa a Jair Bolsonaro

• Golpe de Estado: El más grave de todos los delitos que se le imputa, con una pena de cuatro a 12 años de prisión, es definido por la ley como el "intento de deponer, por medio de la violencia o amenaza grave, al Gobierno legítimamente constituido". La denuncia afirma que este propósito se vio reflejado en los “ataques recurrentes” al proceso electoral.

• Intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho: Prevé un castigo de entre cuatro y ocho años de prisión y, si bien está estrechamente relacionado con el delito de golpe de Estado, este tipo penal pone el foco en el intento de “impedir o restringir el ejercicio de los poderes constitucionales”, lo que incluye al Poder Legislativo y al Judicial y no se limita al Ejecutivo. Bolsonaro y los otros acusados “minaron” los poderes constitucionales frente a la opinión pública.

• Organización criminal armada: La Fiscalía acusa a Bolsonaro de liderar una organización criminal armada, un delito castigado con una pena de prisión de entre tres y ocho años y que puede aumentar en caso de aplicarse agravantes si el denunciado ejerció el comando, si era funcionario público o si la actuación contempló el uso de armas de fuego.

• Deterioro de patrimonio protegido: El delito acarrea una pena de entre uno y tres años de prisión para quien actúe para “destruir, inutilizar o deteriorar” bienes protegidos por la ley. Según la denuncia, la trama liderada por Bolsonaro dio apoyo “moral y material” a la turba que invadió de forma violenta la sede del Supremo, el Congreso y la Presidencia en enero de 2023 y que provocó daños valorados en por lo menos 26,6 millones de reales (unos 4,6 millones de dólares).

• Daño calificado contra patrimonio público: Es definido como aquel daño cometido con violencia y con perjuicio "considerable" para la víctima, prevé una pena de cárcel de seis meses a tres años, y también está relacionado con la destrucción durante los eventos del 8 de enero.