A propósito de la profesora que fue agredida con múltiples golpes en su cabeza por un estudiante de 14 años en la Región de Ñuble, es imposible que las y los profesores no nos preguntemos: ¿nuestra vocación excluye la dignidad del ejercicio docente?

El ejercicio docente se ha visto permanentemente cuestionado, pues al ser una profesión que se encuentra en constante contacto con las familias y donde las formas son siempre importantes, por su trascendencia e impacto inmediato y futuro, está siempre siendo observado con ojo clínico, muy crítico y severo.

No olvidemos la época de pandemia, donde a pesar de los sacrificios, dificultades, limitaciones técnicas, parecía que todos sabían cómo se debía practicar la pedagogía, menos las y los profesores.

Pero estas actitudes o juicios colmados de soberbia son comunes, y hasta se ha aprendido a lidiar con tanta ingratitud, sin embargo, la violencia a la que hoy profesoras y profesores de todo el país se ven expuestos es abrumadora, paralizante y, por sobre todo, urgente de atender.

La labor docente no sólo se sostiene en el compartir conocimiento técnico, contenido ilustrado del ayer, el hoy y el mañana, también se profundiza con la formación integral de cada persona que se encuentra inmersa en los espacios educativos, y en ese ejercicio se acentúa el sentido de la tan vanagloriada vocación.

Todos los días cientos de profesores y profesoras se proponen intervenir en la construcción de la realidad de cada niña, niño y adolescente, con el objetivo de ser un catalizador de saberes y valores, y sin más herramientas que las que la práctica y sólo el aula te entrega, porque no hay capacitaciones ni mallas curriculares que te enseñen a vivir la docencia y el vínculo profesor- estudiante.

Hoy, sin muchos instrumentos, técnicas o saberes, nos enfrentamos a una población neurodivergente que estamos conociendo, y que sobre la marcha se han dispuesto instituciones y profesionales que colaboran en hacer de los espacios educativos uno más amable, o menos indiferente. Pero, cómo debe actuar un docente cuando el ejercicio de la vocación se ve sobrepasado por las crisis y agresiones directas.

Y por supuesto, no se puede detener la mirada sólo en la neurodivergencia, porque casos como el de la profesora Katherine Yoma en marzo 2024, datan de otras formas de violencia, donde la inseguridad también se instala en los colegios de Chile, o el caso de la profesora roseada con combustible en 2018, donde, al igual que la docente de Trehuaco, fue agredida por estudiantes en las instalaciones del establecimiento educacional.

Entonces, la pregunta recae en: ¿quién tiene la culpa? Pero este no es el acertijo del huevo y la gallina, porque no es sólo culpas, sino responsabilidades institucionales. Se supone que el Estado y las entidades educativas particulares subvencionados y privadas deben asegurar un espacio de trabajo tranquilo y protegido, y que las universidades de formación pedagógica se tienen que ocupar de facilitar herramientas de forma temprana para la acción y reacción ante la diversidad que habita el aula, y que ya no sólo se remite a una silla de ruedas o un TEL en lenguaje o cálculo.

Caben muchas interrogantes en medio de esta lamentablemente noticia que pone en alerta al sistema educativo en Chile, y se hace imperativo que se evalúen las garantías que amparan a las y los trabajadores de la educación.

A las y los docentes se les demanda vocación, las campañas dirigidas a captar nuevos profesores son enfáticas en que para ser pedagogo o pedagoga se debe tener vocación de servicio. Y sí, por supuesto que debe haber, indiscutiblemente tiene que estar el equilibrio entre la ternura y la exigencia, la comprensión y los límites, pero también se tienen que dar certezas de que la vocación no excluirá la dignidad de cada persona que encarna tan noble oficio.

Las alarmas las deben escuchar las familias y las autoridades competentes, porque debajo de cada delantal hay un ser humano que también tiene derechos.