Negando que se haya roto la ley o violado la Constitución al dar autorización al proceso de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende, este lunes compareció la contralora Dorothy Pérez ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Esto, tras las acusaciones de la derecha por supuestas irregularidades en dicho documento en el fallido proceso que causó un enorme problema al gobierno de Gabriel Boric.

La contralora Pérez indicó ante los parlamentarios que “el proceso para adquirir un bien raíz en general o específicamente tratándose de la casa del expresidente señor Salvador Allende implica siempre dos actos administrativos que son dictados en tiempos distintos”.

“El primer acto administrativo consiste en un decreto que autoriza la adquisición. Este es el decreto 38 de 2024”, siguió sobre la misma.

En ese sentido, continuó declarando que “el segundo es un decreto posterior que aprueba una escritura pública de compraventa que se suscriba. Este segundo decreto no consta que se hubiera dictado”.

“Luego, el decreto 38 de 2024, concluye la Contraloría, en sí mismo, individualmente considerado, no contraviene ninguna disposición ni legal ni constitucional. Se trata de una mera autorización para una futura adquisición”, insistió.

De acuerdo a lo expuesto por Cooperativa, a la sesión no asistió el exasesor del Presidente Boric, Leonardo Moreno, como tampoco la senadora Isabel Allende, hija del exmandatario y una de las dueñas de la casa.