El pasado fin de semana se produjo una interesante, y preocupante, coincidencia. Mientras que la semana pasada el ex presidente de la CPC, Juan Sutil, se refería a la protección ambiental como “un cáncer silencioso”, el domingo pasado, en horario estelar, el Presidente Boric afirmaba que el avance de la así llamada “Ley de Permisología” estaría entre sus tres prioridades para su último año de gobierno.

Expresó, además, que la actual normativa es “irracional” y que el nuevo proyecto buscará reducir en un 30% los tiempos de la evaluación ambiental. Sumado a la cercanía -en tiempo y contenido-, de ambos pronunciamientos, llama la atención la falta de mención al contexto de crisis climática que atravesamos, que ha presentado consecuencias cada vez más visibles. Sin ir más lejos, el año 2024 ha sido el año más cálido jamás registrado.

Quizá desconocen ambos personeros -muy probable, en un país que no escucha a la ciencia- los últimos informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). En éstos se establece que para asegurar un futuro habitable y sostenible se necesitan cambios rápidos y muy ambiciosos en todos los sectores y a todas las escalas.

Dice el IPCC que “lo que hagamos de aquí a 2030 se notará ahora y durante miles de años”. Sin embargo, los discursos de Sutil y Boric apuntan directamente en otra dirección. Acelerar los procesos de evaluación de proyectos potencialmente contaminantes no es más que una solución económica a corto plazo, que agudiza el problema de fondo.

Si realmente queremos trabajar en el futuro de la economía debemos invertir en adaptación frente al cambio climático. Lo más caro es no hacer nada y sólo responder luego que el desastre suceda.

En la entrevista, Juan Sutil habla de que sólo se debería proteger lo fundamental. Quizá desconoce que en Chile existen más de 400 concesiones salmoneras dentro de áreas protegidas, ejemplo claro de la permisividad del Estado frente a la industria.

Pero las grandes salmoneras no han sido las únicas favorecidas. La industria forestal fue ampliamente beneficiada con el DL701, que subvencionó hasta hace poco gran parte de las plantaciones industriales de pino y eucalipto, las que fueron un factor determinante en los megaincendios de 2017.

Más al norte, la minería tampoco se queda fuera de la manga ancha que ha tenido el Estado. La destrucción de glaciares provocada por esta industria no ha tenido consecuencias para las empresas, sin embargo ha afectado irremediablemente a las grandes reservas de agua dulce de esos territorios.

Por otra parte, los relaves mineros siguen aumentando a un ritmo nunca antes visto, más de 600 millones de toneladas anuales, generando graves consecuencias para los ecosistemas y las comunidades adyacentes.

Si vamos a los datos del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), esta realidad queda ampliamente retratada. Entre 2016 y 2024 el SEIA ha rechazado sólo 166 proyectos: 12 de éstos en 2023 y sólo 2 en 2024. Mientras que las iniciativas aprobadas en el mismo periodo fueron 3103. Entre 2022 y 2024 se han aprobado 600 proyectos.

Si sumamos a estos datos las limitaciones del sistema actual, donde las empresas establecen las líneas de base y la ciudadanía sólo tiene una pequeña ventana de participación a través de las observaciones ciudadanas (exclusivamente en caso de EIA y, si se solicita, de DIA), queda claro que este partido se juega en una cancha dispareja, inclinada totalmente a favor de las empresas, lo que para la industria parece no ser suficiente.

Es claro que la amnesia política es parte de los años eleccionarios, pero, ¿cómo se puede hablar de los límites del Estado hacia la industria, si se permite su presencia incluso dentro de áreas protegidas?

Las semejanzas entre el discurso de Juan Sutil con el Presidente Boric, tapándose los ojos frente a la crisis climática, las zonas de sacrificio y a la proliferación de conflictos socioambientales, que hoy se multiplican en todas las regiones de Chile, no hace más que poner el último clavo de la lápida del “gobierno ecologico”.

Si Chile sigue los atajos que plantea el empresariado para apresurar los permisos, si el Estado hace oídos sordos frente a los argumentos científicos, pero sí acepta las presiones empresariales para disminuir las exigencias -si todo esto sigue así-, ni una triste sombra quedará.