Marzo marca el tercer año de gobierno y un punto crucial en la definición de las candidaturas presidenciales.

El proceso político-electoral, ya en curso en Chile, empieza a tomar cuerpo en medio de un clima internacional complejo, que favorece conductas que -a nombre de la eficacia-, pasan por encima del adversario y de las mismas instituciones. Es el estilo de la oligarquía plutocrática que se viene imponiendo en distintas partes del mundo, pero es Trump, en su santa alianza con delirantes magnates tecnocapitalistas, quien mejor la representa.

Varias son las características de la narrativa plutocrática, entre las cuales podemos distinguir algunas de las más conocidas. En primer lugar, apoyándose en el control de sus medios de comunicación, presenta la riqueza y el éxito financiero como sinónimos de inteligencia y capacidad de liderazgo. Justifica la concentración de poder y riqueza en manos de una elite adinerada, en el convencimiento que son ellos los más preparados para dirigir la sociedad, por encima de las instituciones.

Enseguida -para alcanzar sus objetivos-, denigran y deshumanizan a quienes, desde otras formas de pensamiento, se refieren a la desigualdad o la explotación presente en las relaciones sociales, y desde su supremacismo promueven el exterminio de otros pueblos, como el Palestino. Detrás del discurso, despidos y pérdida de derechos laborales y de género, dando inicio a la pérdida de derechos civiles a mayor escala. Es el punto de partida para el uso de la fuerza bruta.

En síntesis, el discurso plutocrático busca consolidar la hegemonía de las élites económicas mediante estrategias comunicacionales con el fin de naturalizar su poder, conservarlo y ampliarlo a cualquier precio; minimizan la desigualdad y promueven una visión de mundo donde el éxito financiero es el único indicador de valor y autoridad. El individualismo desatado, su compañero de ruta en todos los casos.

Sería, sin embargo, erróneo pensar que la consolidación de estos sectores haya sido de la noche a la mañana, como si de por medio no hubiesen mediado procesos sociales, económicos y políticos de larga data.

Si estos sectores consiguieron ganar influencia en las clases medias y trabajadoras, allí donde quiera que se han instalado en el poder, ello es debido a la asentada percepción primero, y a la frustración después, respecto a la incapacidad del régimen democrático de resolver sus problemáticas; al entrabamiento de los órganos de representación ante tantas peleas chicas y con sentido solo para sus protagonistas; a la corrupción y el clientelismo; y a las prebendas y privilegios de quienes detentan el poder.

Sería igualmente poco aconsejable desestimar estas tendencias autoritarias y expansionistas presentes en la realidad mundial en relación a la realidad nacional. El hecho de ser un país pequeño al sur del mundo no nos hace inmune a estas amenazas. La derecha chilena observa con detenimiento el escenario político internacional y el modo en que la ultraderecha en el poder “innova” en sus prácticas de gobierno, entre ellas gobernar por Decreto.

Si bien Trump apenas lleva días en el gobierno y ya ha realizado guerras arancelarias con varios países, empezando por México y Canadá, sus países vecinos, tampoco es necesario trasladar la mirada hacia EE.UU. ni a los centros europeos bajo control ultraderechista para comprobar esta tendencia. Basta con observar de pasada al otro de la cordillera para comprobar, a poco más de un año en el poder, el caos en el que un gobernante fanatizado y delirante como Milei hunde a Argentina.

Ese es, a grosso modo, el contexto en el que nos acercamos al inicio de un nuevo proceso político en Chile. Yendo a lo propio, un elemento en común al mapa político local es que las coaliciones más importantes tienen claridad que ganar el Ejecutivo sin conseguir mayoría en el Congreso pone cuesta arriba la realización del programa de gobierno.

De ello da cuenta, la ácida y corrosiva forma de hacer oposición que ha caracterizado a la derecha estos tres años de gobierno del Presidente Boric. La única excepción, un espíritu algo más constructivo pudo observarse en el transcurso de la negociación de la Reforma de Pensiones, un avance parcial, similar en términos de profundidad a otras conquistas alcanzadas las últimas décadas por los distintos gobiernos democráticos.

Asimismo, el Presidente Boric consolidó la diversidad reunida en el Gabinete y logró evitar que producto de las diferencias internas se paralizara la gestión de gobierno y se produjeran distancias insalvables con sus fuerzas parlamentarias.

El orden de sus fuerzas políticas de apoyo le ha permitido resistir en mejor pie el permanente asedio de la oposición de derecha y darle respuesta a los temas de seguridad pública que se instalaron en la agenda pública, así como avanzar en otras materias: Ejemplo, jornada laboral de 40 horas, copago cero en Fonasa, etc.

Sin embargo, de lo anterior no se desprende que haya habido avances en dirección a resolver el nexo de la política con la sociedad. Otra eventualmente habría sido la situación si, en la fase de instalación del Gobierno, se hubiesen priorizado las demandas sociales originadas en la revuelta social del 2019 como punto de partida del gobierno que surgía.

Aparte del Congreso existen otras expresiones intermedias, como los municipios, que el gobierno del Presidente Boric desaprovechó en términos de buscar vías de salida al cerco que la derecha le plantó a su gobierno desde el primer minuto.

Poco avance ha existido también en la relación con las expresiones de la sociedad civil, desafíos aún pendientes y determinantes para avanzar en profundidad democrática. Las selectas reuniones del tipo cheese & wine de ministros de Estado con representantes de las elites, tampoco ayudaron en ese sentido.

Teniendo la evolución de la situación mundial bajo atenta mirada, la respuesta al nudo gordiano para resolver favorablemente el actual escenario, como conclusión, serían los siguientes: jugársela por la unidad con todas aquellas fuerzas que abracen un programa de cambios, con un cuerpo de demandas que apunte a resolver las urgencias sociales pendientes y lista única parlamentaria, que viabilice llevar a cabo el programa de gobierno.

Nadie dice que sea fácil, pero tampoco imposible.