Una manifestación más de cierta esquizofrenia social es la de ver delitos y delincuentes en todas partes.

Las conversaciones entre Irací Hassler y Karol Cariola pueden tener un aspecto bastante poco agraciado. Al fin y al cabo, no cualquier emproblemado puede reclamar la atención directa de una alcaldesa. Pero ¿es delito? Traficar influencias, desde el punto de vista penal, es muchísimo más que “pedir un favor” a un conocido con poder de decisión. Una cosa es lo feo o incorrecto, y otra un delito.

En Chile prácticamente toda querella es admitida a trámite, incluidas las que confunden lo feo con lo delictivo. Para acusar a diestra y siniestra, con escaso fundamento jurídico, ha surgido un espécimen curioso: el querellante compulsivo o motivado solo por el uso instrumental del sistema judicial en función de la política, del tipo Palamara.

Una querella de este tipo podría ser descartada desde el primer momento si es que los tribunales o las Cortes se tomasen en serio el artículo 114 letra c) del Código Procesal Penal, y rechazaran de plano querellas que exponen hechos no constitutivos de delito. Quizás no sería popular en estos tiempos, pero sería una gran forma de descongestionar el colapsado sistema judicial.

De hecho, las acusaciones en contra de Cariola se tradujeron en una moción de censura que la obligaron a presentarse, al parecer por falta de opciones, con su guagua al hemiciclo. Sabemos que ese es un lugar lleno de personas acogedoras y empáticas que, probablemente, alivie el stress de lactantes, como lo pueden hacer la música de Mozart o Beethoven, así que no entiendo las críticas que se le dirigen por ello. Eso es puro encono anticomunista rabioso y desaforado, al estilo de Magdalena Merbilháa en sus columnas de La Tercera (¿qué le habrá pasado a ella, que está tan enojada con el mundo?).

Pero, volviendo al tema, si no dieron esos chats ni siquiera para una censura de la mesa, menos bastarán para configurar delitos. Una pérdida de tiempo.

Así, una de nuestras formas neuróticas de enfrentar la vida es ver delitos y delincuentes donde no los hay, a la vez que pudimos darle un 44% de votos a un genocida como Pinochet, o podemos tener una notable flexibilidad al elegir a nuestros representantes políticos, hayan hecho lo que hayan hecho.

Pero esto tiene más ribetes. Claro, porque incluso un gobierno de tinte progresista (porque, para mí, y perdóneseme mi radicalidad, lo de progresista creo que le sobra) ha comprado el argumento de la represión y se ha embarcado en la fiebre de construir cárceles, de usar a las fuerzas militares para contener “desórdenes públicos”, tratando de controlar la previsible brutalidad con las reglas de uso de la fuerza, y de emitir altisonantes declaraciones del tipo “seremos unos perros contra la delincuencia”.

Es mejor no mirar las cárceles y no ir a las audiencias de los juzgados de garantía para no tener que admitir que nuestra delincuencia, cuando el sistema se empeña en castigarla de verdad, es pura pobreza y desesperanza, y somos sus creadores. Descubrirnos los padres de nuestro monstruo puede ser desagradable.

Pero, guste o no, los países que derrotan la delincuencia son países igualitarios, donde a todos sus ciudadanos se les dan espacios para crecer, para soñar y para aspirar a una vida aceptablemente buena si se estudia y trabaja. Pero claro, inaugurar cárceles es más fácil y consigue más votos que construir un país amable con su gente, donde nos cuidemos entre todos.

Alguna vez un diputado, Maximiliano Errázuriz, propuso castrar violadores. Una propuesta demencial. Y el cantante-opinólogo, Pablo Herrera, propone encerrar en la cárcel, como si fuesen adultos, a niños de 12 años que delincan.

Sé que son propuestas de personas pintorescas por su falta de sentido de la realidad, y a quienes los derechos humanos, ni siquiera los de los niños, les importan. Pero algo nos dice acerca de la esquizofrenia que comienza a invadir nuestros análisis.

De otro lado, a fuerza de reclamos y acusaciones de garantismo, los jueces de garantía han terminado por olvidar la presunción de inocencia y han convertido la prisión preventiva en una regla, sobre todo cuando el asunto es mediático.

No recuerdan que la prisión preventiva es una medida extrema en contra de una persona legalmente inocente y que solo debe aplicarse si realmente no hay un medio menos gravoso para obtener los fines que se persigan (asegurar el éxito de diligencias, proteger al ofendido o la sociedad, o prevenir una fuga, entre otras). Casi siempre, el arresto domiciliario, por ejemplo, sería suficiente y más acorde con la presunción de inocencia.

Junto a todo este panorama, el Poder Judicial sigue lejos de inspirar confianza y seguridad. Todavía eludimos el debate serio sobre dos cuestiones que me parecen esenciales:

a) Un sistema de jurados que extraiga los veredictos de un círculo cerrado de funcionarios que, en tanto círculo cerrado, invita a la corrupción (al punto que algunos maravillosos ejemplos de personas íntegras y sabidamente inalcanzables terminan llamando la atención por serlo).

b) Un sistema de precedentes judiciales que evite volver a pensar y resolver lo que otros ya pensaron y resolvieron y las incoherencias de un sistema judicial donde las soluciones a conflictos idénticos pueden ser opuestas dependiendo del juez o del tribunal.

Y el círculo se cierra con un Ministerio Público que se ha convertido en un voyerista institucional, en un fisgón que vive husmeando en cuanto celular o aplicación de conversaciones pueda introducir su ansiosa nariz persecutora. Lo que hablamos en nuestros chats es una obsesión.

Pero cuatrocientas sesenta personas que han perdido uno de sus ojos, en cambio, no le importan demasiado al ente persecutor. Se tramitan querellas por chats un tanto pueriles y con cierta tendencia a la coprolalia, al tiempo que se cierran masivamente causas por violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estallido social.

Así estamos: construyendo cárceles y desigualdad; sacando militares a las calles y dejando a demasiados niños pateando piedras; persiguiendo los whatsapps y olvidando la mirada triste de 460 personas; persiguiendo a lanzas y micro traficantes y cerrando miles de causas por violaciones a los derechos humanos; persiguiendo pobres y excusando poderosos.

Vamos mal, creo yo.