En 2024, un movimiento ciudadano que impulsó durante dos años la protección de los ríos de Chile, rindió frutos: Lograron el apoyo de senadores oficialistas para presentar un proyecto de ley que crea en el país la figura de ríos protegidos, en los que se pueden limitar actividades que amenazan a estos ecosistemas como las hidroeléctricas, la extracción de áridos o las salmoneras de río.

Pero a un año de presentado, la tramitación de la norma no ha tenido avances, y sigue en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, por donde ingresó. Por ello, organizaciones ambientales, turísticas y académicas están aprovechando este 14 de marzo, Día internacional de acción por los ríos, para pedir que el proyecto avance.

La campaña, que cuenta con apoyo de ONGs ambientalistas, organizaciones que promueven el turismo aventura ecológico en los ríos, y centros académicos como el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) o el Centro de Acción Climática de la PUCV, está organizando para este fin de semana “flotadas” en ríos del sur y una exposición ante la comisión mixta del Gobierno Regional de Los Lagos.

Ríos Protegidos

Según el texto propuesto, que se discute en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, los ríos protegidos serán aquellos que “poseen valores significativos culturales, ecosistémicos, recreacionales, escénicos, entre otros, asociados a un interés a nivel local, regional o nacional”.

Aquellos ríos declarados como protegidos se regirán bajo un plan de manejo que establecerá las medidas para proteger y restaurar el ecosistema, así como limitaciones y exigencias más rigurosas para otorgar autorizaciones de actividad industrial en ellos.

Cualquier proyecto que quiera instalarse en el área de influencia de un río declarado como protegido deberá someterse a evaluación ambiental, y se prohibirán en él actividades que afecten significativamente la conectividad del río, la cantidad y calidad de sus aguas o la integridad de sus riberas.

La propuesta fue presentada por senadores como Alfonso de Urresti, Ricardo Lagos Weber, Paulina Nuñez, Rafael Prohens e Isabel Allende. Los parlamentarios coincidieron en que el principal punto de debate durante la tramitación será cómo congeniar la protección de los ríos con las actividades económicas que se realizan sobre ellos.

Ríos amenazados

Científicos del país han advertido sobre el deterioro generalizado en los ríos del país, que no solo afecta a las comunidades y ecosistemas en su lecho sino también a los ecosistemas costeros, playas y pescadores, ya que los sedimentos que arrastran los ríos son vitales para la salud de las costas.

Los dos ríos principales de la capital están en problemas: se ha comprobado que el río Mapocho es uno de los más contaminados del mundo con fármacos, mientras que el río Maipo sufre amenazas en su cabecera debido a mega proyectos de cordillera como la hidroeléctrica Alto Maipo o la expansión de la mina Los Bronces, que afectan los glaciares que aportan caudal al río, además de estar saturado de contaminantes.

El río Loa, que es el más largo del país y la fuente más importante de agua para el desierto de Atacama, está declarado agotado desde el 2000, y se estima que su caudal está 116% por debajo del mínimo que necesita para que persista toda la vida que depende de él.

En regiones del Maule o el Ñuble, estudios en los últimos años han detectado la presencia de agroquímicos tóxicos para la salud humana y de los ecosistemas.

En La Araucanía y en Alto Biobío, comunidades mapuche han librado largas batallas ante la justicia para evitar la instalación de más hidroeléctricas en los ríos, ya que estas afectan el pasaje de sedimentos, el hábitat de fauna nativa, la salud del lecho y los sitios de recolección de hierbas medicinales.

En la Patagonia, se develó que los ríos Yelcho, Puelo, Petrohué, Palena, Cisnes y Aysén se están empezando a secar por la escasez de lluvias y la fuerte radiación solar. En Aysén, los ríos Toqui, Aysén y Mañihuales han presentado niveles de metales pesados por sobre la norma, y se está investigando la responsabilidad de una minera.