La implementación de la Firma Electrónica Avanzada (FEA) en Chile ha encontrado una fuerte oposición en ciertos sectores del gremio notarial, que ven en esta tecnología una amenaza a su modelo de negocios.

Mientras el país avanza en la digitalización de trámites administrativos y judiciales, persisten casos en los que la burocracia impide la plena adopción de herramientas digitales, lo que termina afectando a ciudadanos y empresas que buscan agilizar sus procesos legales.

Y, con ello, la baja de precios de los servicios que prestan los 486 notarios por redacción y verificación de documentos, autorización de trámites o copias legalizadas, entre otros.

Uno de los nombres que ha quedado en el centro de esta controversia es el del notario Francisco Leiva Carvajal, titular de la Segunda Notaría de Santiago, quien ha sido señalado por intentar frenar la implementación de la firma electrónica.

Según reveló un reportaje de CIPER, en conversaciones privadas con otros notarios, Leiva dejó en claro que su resistencia a la digitalización tenía un objetivo económico:

“Estamos en esto por el lucro, no por otra cosa”, escribió en un mensaje a su colega Valeria Ronchera, quien preside la Fundación Rednotarial que promueve la modernización del sistema.

Además de su oposición a la FEA, Leiva está involucrado en la investigación sobre tráfico de influencias en el Poder Judicial, donde ha sido mencionado junto a los ministros Mario Carroza y Antonio Ulloa en un presunto plan para ayudar al exjuez Juan Poblete, acusado de autorizar espionaje ilegal contra periodistas. 

Sin embargo, la resistencia a la digitalización no es solo un problema de declaraciones privadas o maniobras políticas.

En la práctica, esta oposición ha tenido efectos concretos en procesos judiciales.

Un ejemplo reciente es la decisión del Conservador de Bienes Raíces de Buin, de rechazar la inscripción de una escritura firmada electrónicamente en un juicio de cobro de deuda, dejando en evidencia los obstáculos que aún persisten para la modernización del sistema notarial. 

Juicio entrampado por trabas burocráticas 

La disputa comenzó en el 22º Juzgado Civil de Santiago, donde se dictó una sentencia en noviembre de 2024 ordenando la inscripción del documento electrónico.

El conservador apeló la resolución, llevando el caso a la instancia superior, donde aún no se ha emitido un fallo definitivo.

El caso se originó cuando el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) inició un juicio ejecutivo en contra de un hombre por el no pago de un mutuo hipotecario.

Tras varios meses de litigio, el tribunal ordenó la subasta del inmueble embargado, proceso en el que la adjudicación quedó formalizada en una escritura pública electrónica, firmada mediante firma electrónica avanzada (FEA) conforme a la Ley 19.799 sobre Documentos Electrónicos y Firma Electrónica.

Cuando los adjudicatarios intentaron inscribir la escritura ante el Conservador de Bienes Raíces de Buin, este se negó, argumentando que el documento no cumplía con las formalidades establecidas en diversas normativas, incluyendo el Código Orgánico de Tribunales, el Código Civil y los Auto Acordados de la Corte Suprema sobre uso de firma electrónica por notarios y conservadores.

Ante esta negativa, el banco acudió al 22º Juzgado Civil de Santiago, solicitando que se ordenara la inscripción del documento.

El tribunal acogió la solicitud y en su resolución del 13 de noviembre de 2024, la jueza María Cecilia Morales Lacoste determinó que la escritura electrónica cumplía con todos los requisitos exigidos por la ley y que su inscripción no podía ser rechazada por el conservador.

En su fallo, la jueza subrayó que “la legislación vigente reconoce expresamente la validez de los documentos electrónicos y su capacidad para generar efectos jurídicos equivalentes a los documentos físicos”, desestimando los argumentos del conservador.

Corte capitalina por firma electrónica

El Conservador de Bienes Raíces de Buin no estuvo conforme con la decisión y el 22 de noviembre de 2024 presentó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, buscando revertir la orden del tribunal de primera instancia.

En su escrito, insistió en que la inscripción de la escritura digital vulneraba su facultad de calificación registral y no cumplía con las exigencias normativas aplicables.

Hasta ahora, la Corte de Apelaciones de San Miguel no ha emitido un fallo definitivo sobre el recurso, lo que mantiene en incertidumbre el desenlace del caso.

Resistencia notarial y tráfico de influencias 

El rechazo del Conservador de Buin se suma a una serie de obstáculos que han sido denunciados por quienes buscan modernizar el sistema notarial.

La filtración de mensajes privados entre notarios ha revelado una estrategia coordinada para frenar la FEA y mantener el modelo tradicional de certificación de documentos. 

La preocupación por esta problemática que afecta el modelo de negocios de las notarías se hizo evidente en 2020, cuando Valeria Ronchera promovió públicamente el uso de la firma electrónica en un seminario sobre modernización notarial.

En los mensajes filtrados, Leiva intentó persuadirla para que desistiera de su participación, advirtiéndole que la digitalización podría perjudicar su futuro en el gremio: 

"Lo único que va a alargar nuestra vida es atender a la presencialidad, si no estamos fregados", le escribió en uno de los chats. 

Su postura se alineaba con la de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales (ASDENO), que en ese mismo periodo presionó a la Corte de Apelaciones de Santiago para frenar la firma electrónica avanzada. 

“Mafia judicial”

El problema se agrava al considerar que los mismos actores que han intentado bloquear la modernización del sistema notarial han sido vinculados a prácticas irregulares dentro del Poder Judicial.

La participación de Leiva en la filtración de documentos confidenciales sobre la remoción del exjuez Juan Poblete, quien enfrenta una investigación penal por autorizar espionaje militar a periodistas, refuerza las sospechas de que existe una red de influencias dentro de las notarías y tribunales. 

Este contexto llevó a la diputada Camila Musante a referirse al tema con dureza: 

"En Chile no solo opera una mafia judicial, sino también una mafia notarial", declaró, denunciando que el poder de los notarios ha trascendido su función tradicional y que, en muchos casos, han operado como un grupo de presión dentro del sistema judicial. 

Notarios contra la modernización 

El caso del Conservador de Bienes Raíces de Buin no es un hecho aislado.

En los últimos años, los tribunales han tenido que pronunciarse en múltiples ocasiones sobre la validez de la firma electrónica, enfrentándose a la resistencia de ciertos sectores notariales. 

En distintos fallos, la Corte Suprema ha señalado que la Firma Electrónica Avanzada cumple con los requisitos legales y que su uso no puede ser bloqueado de manera arbitraria.

Sin embargo, la falta de criterios unificados entre notarios y conservadores sigue generando incertidumbre y trabas en la aplicación de esta tecnología.