El 8 de marzo no es una fecha de celebración, sino de lucha y la historia lo refleja. Cada año miles de mujeres se movilizan en todo el mundo para exigir justicia, igualdad y el reconocimiento de sus derechos.

En las calles los gritos que se escuchan son; “Mujeres contra la violencia, mujeres contra el capital, mujeres contra el racismo y contra el terrorismo neoliberal”, vítores que no pueden pasar inadvertidos, si no más bien, deben ser un impulso para analizar y reflexionar cómo el sistema capitalista, en su versión patriarcal y colonial, sigue perpetuando desigualdades estructurales que afectan directamente a las mujeres, especialmente en el ámbito laboral y de cuidados.

El capitalismo ha reforzado la división sexual del trabajo, situando la producción como el eje central del sistema económico y relegando las labores de cuidado a un plano invisible, desvalorizado y feminizado. Autoras como Roswitha Scholz y Nancy Fraser señalan que esta subordinación de lo reproductivo a lo productivo ha significado la explotación doble, triple o incluso cuádruple de las mujeres, quienes deben compatibilizar su incorporación al mercado laboral con la carga del trabajo doméstico y de cuidado no remunerados.

En Chile, la Ley N°21.645 “De la protección a la maternidad, paternidad y vida familiar” promulgada en diciembre de 2023 surge como respuesta a intentar equilibrar las responsabilidades laborales y familiares, promoviendo la corresponsabilidad. Sin embargo, como ocurre con diversas políticas públicas, su implementación se mantiene en la lógica neoliberal, en tanto, refuerza la carga sobre las mujeres en lugar de redistribuir equitativamente el trabajo de cuidados en los hogares.

Fomentar el teletrabajo como solución mantiene una brecha de clase y género, ya que muchas mujeres no cuentan con empleos que les permitan realizar este tipo de modalidad de trabajo. Junto con esto, se termina por asumir que son ellas quienes deben aceptar las responsabilidades de cuidado, problema estructural que se declara y cuestiona a nivel institucional, pero que lamentablemente permanece en un espacio de normalización de los roles de género.

Es así como, quienes tienen la posibilidad de acceder a esta modalidad de trabajo en sus hogares y cumplir con sus compromisos laborales deben, a la vez, realizar el rol de cuidados y -muchas veces- solicitar a otras mujeres que realicen estas labores desde la informalidad, lo que, finalmente, termina por perpetuar el trabajo precario.

El 8M nos llama a cuestionar estas soluciones parciales y a exigir transformaciones estructurales que realmente avancen en la equidad de género. No basta con flexibilizar jornadas laborales si no se garantiza infraestructura para el cuidado, como jardines infantiles accesibles, programas de extensión horaria y redes de apoyo para personas en situación de dependencia.

Tampoco es suficiente promover la participación femenina en el mercado laboral si persisten las brechas salariales, si en las entrevistas laborales se les sigue consultando a las mujeres por el deseo de ser madres, o -a quienes son madres- quienes quedan al cuidado de sus hijos e hijas cuando se enferman. También el que en algunas empresas aún se prefiera contratar hombres versus mujeres y que se mantengan los techos de cristal, limitando nuestro desarrollo profesional.

Para lograr una verdadera justicia de género es fundamental redistribuir las responsabilidades de cuidado entre el Estado, el sector privado y los hogares. Esto implica que las empresas implementen políticas de corresponsabilidad real, que la sociedad cuestione y desmonte los estereotipos de género y que el Estado asuma su rol en la garantía de derechos, invirtiendo en un sistema de cuidados integral.

Como plantea Fraser, el capitalismo neoliberal ha disfrazado la precarización laboral de las mujeres como un "avance" en equidad de género, cuando en realidad sigue explotando su trabajo no remunerado. El feminismo debe desafiar esta narrativa y no quedarse solo en un discurso, en la teoría o la burguesía de quienes logran estudiarlo, sino que debe exigir cambios estructurales que no solo reconozcan el valor del trabajo de cuidados, sino que también lo redistribuyan de manera justa.

Este 8M la lucha feminista sigue vigente. No se trata solo de una mayor presencia de mujeres en el mercado laboral, sino de disminuir las brechas que perpetúan las inequidades de género y de transformar un sistema que, hasta ahora, mantiene las lógicas neoliberales enfocadas en fragmentar lo colectivo y en individualizar las responsabilidades de cuidado en nosotras.

El invisibilizar esta problemática con los avances en políticas públicas que ha tenido nuestro país puede convertirse en una trampa si solo nos conformamos con eso. La normalización de los roles sostenida por este modelo es peligrosa, y es por eso que es urgente resistir y mantener la lucha por una justicia de género que tome en cuenta estos problemas estructurales, es decir, necesitamos una real justicia de género.