A la espera de que el Gobierno chileno presente próximamente un proyecto de ley de aborto libre, que se espera sea en la primera semana de abril, organizaciones de mujeres denuncian que interrumpir el embarazo bajo las tres causales legales sigue siendo una carrera de obstáculos, que empuja a la clandestinidad.

La información es muy escasa y existen pocos datos oficiales, pero la organización Observadoras de la Ley del Aborto (OLA) determinó que de las 906 mujeres que les solicitaron ayuda en 2023 y que cumplían con una de las tres causales, el 76% decidió no acudir a los servicios de salud por miedo y abortó fuera del amparo de la ley.

"En los hospitales existe violencia obstétrica, tratos crueles, torturas, mujeres rechazadas, cuestionadas y obligadas a parir", detalla a EFE Milena Meza, cofundadora de OLA.

"De manera segura, en mi casa"

Macarena Asenjo, de 38 años, se quedó embarazada sin desearlo en 2018, una circunstancia que le provocó "problemas de salud mental" que podrían haberse agravado considerablemente si continuaba con el embarazo y haber puesto "en serio riesgo" su vida.

"Recuerdo mucho el nerviosismo y el miedo con el que andaba los días previos a abortar por la cantidad de leyes restrictivas y por pensar que me iban a penalizar", confiesa a EFE Asenjo, miembro de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Pese a que su caso podría haber estado considerado dentro de la causal que busca proteger la vida de la gestante, Asenjo rechazó acudir al hospital por "temor" a tener que lidiar con "un servicio en el que te violentan, no te entregan información y quieren decidir sobre ti".

"Sé que están presentes los objetores de conciencia que iban a poner en duda mi relato y preferí hacerlo de manera autónoma, segura, en mi casa", relata siete años después, en la sede de la organización que integra, en Santiago.

"Hay muchas mujeres y niñas acompañadas por organizaciones por fuera del sistema o que abortan sin siquiera tener el apoyo de un colectivo que actúe con protocolos seguros", alerta a EFE la coordinadora de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Siomara Molina.

Obstructores e infracapacitados

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que permite el aborto si hay riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación, se aprobó en 2017, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, poniendo fin a la penalización total que había impuesto la dictadura de Augusto Pinochet en 1989.

Aunque los colectivos feministas reconocen que existen equipos garantes, aseguran que uno de los principales obstáculos en su implementación es la obstrucción de los profesionales sanitarios en Chile, uno de los países más conservadores de Latinoamérica.

"Alrededor del 45 % de obstetras del sistema público se acogen a la objeción de conciencia en caso de violación", señala la directora de Corporación Humanas, Camila Maturana.

En mayo, el Ministerio de Salud presentó una propuesta de modificación al reglamento sobre objeción de conciencia, que las organizaciones feministas denuncian que actualmente se ejerce más allá de lo que permite la ley, pero la medida sigue estancada en la Contraloría.

Además, las analistas denuncian que el aborto está sobremedicalizado y que se usan métodos más invasivos e inseguros que los recomendados, por lo que reclaman una mejor capacitación de los profesionales.

La salud, en manos de las feministas  

Asenjo, como muchas otras mujeres, pudo abortar gracias al apoyo de colectivos feministas: "En Chile, la salud pública de estas mujeres la resuelven las feministas, no los hospitales", asegura Meza, de OLA.

Ante esta situación, las organizaciones exigen más difusión sobre la ley y mayores controles en su implementación, mientras esperan el nuevo proyecto de ley de aborto sin causales que el Gobierno prometió presentar antes de terminar su mandato en marzo de 2026.

"Cuando se mantienen leyes que criminalizan el aborto, no se resuelve el problema. Solamente resulta más complejo el acceso por parte de las mujeres, porque lo van a hacer igual", advierte Maturana.

El Instituto Guttmacher estima que en Chile se producen entre 60.000 y 300.000 abortos clandestinos anualmente, cifra que contrasta con los 5.905 que se han constituido bajo la ley IVE durante los últimos siete años.

"Hoy miro atrás y reafirmo mi decisión de haber elegido por mi proyecto de vida", expresa Asenjo, que a la vez recuerda que "ninguna mujer quiere llegar a un proceso de aborto".

Conscientes de que costará conseguir este derecho mientras la derecha tenga mayoría en el Parlamento, las feministas abogan por promover y ampliar el debate "a la mayor diversidad de espacios posibles".

"La despenalización social del aborto va a permitir finalmente su despenalización legal", concluye la directora de la Corporación Miles, Javiera Carrera. EFE