
Ley Papito Corazón: El laberinto judicial que enfrentan madres para cobrar pensiones alimenticias adeudadas
La Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, mejor conocida como "Ley Papito Corazón", cumplirá su segundo año de vigencia en el mes de mayo. Esta normativa, que pretendía aligerar la carga judicial de miles de madres que buscan cobrar las pensiones alimenticias adeudadas, ha enfrentado múltiples obstáculos en su implementación.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló al inicio de la implementación de la ley que las madres cargan "tres mochilas: la mochila de tener que cargar con la crianza; la mochila de las compras, de todo el gasto que implica la crianza; pero también, la mochila judicial".
Sin embargo, a más de un año de su entrada en vigencia, las críticas de madres -porque son la mayoría- a la aplicación de la normativa por parte de los tribunales de familia y demás instituciones involucradas se han multiplicado.
Una de las principales problemáticas es el colapso del sistema judicial. Los cuatro juzgados de familia de Santiago sumaron 59.416 nuevas demandas y mediaciones de alimentos durante 2023, mientras que el total de todas las materias relacionadas directamente con pensiones de alimentos superó las 80.000.
Según datos del Poder Judicial, durante ese año los ingresos en materia de 'Alimentos' en esos cuatro juzgados experimentaron una variación de un 31,9% respecto a 2022, coincidiendo con la entrada en vigencia de esta nueva ley.
Es decir, la implementación de esta normativa supuso el aumento de las demandas y trámites por pensión de alimentos.
¿Cómo funciona el cobro de pensiones con la Ley Papito Corazón?
La nueva legislación establece nuevos mecanismos para cobrar las deudas de pensión de alimentos, que funcionan como niveles de un complejo laberinto judicial.
El primer nivel, denominado "procedimiento especial", permite que las demandantes soliciten la retención de cuentas bancarias e instrumentos financieros. En este proceso, el juez o jueza inicia una búsqueda activa del patrimonio del deudor en todas las instituciones financieras donde registre fondos.
Este procedimiento consta además de tres etapas internas: primero, el juez establece interconexión con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para identificar las instituciones donde el deudor es cliente; luego, ordena a esos bancos que informen los montos disponibles; finalmente, dicta la retención y orden de pago a la cuenta de la persona acreedora.
Si este primer nivel no resulta suficiente para saldar la deuda total, se puede acceder a la siguiente etapa, el "procedimiento extraordinario", que permite cobrar a través de las cuentas de ahorro previsional en las AFP del alimentante.
Según la Superintendencia de Pensiones, desde la entrada en vigencia de la ley hasta febrero de 2024, las AFP habían pagado más de 166 mil millones de pesos a través de 49.600 operaciones por concepto de deudas de alimentos. El 96% de estos pagos se realizó mediante el procedimiento extraordinario, con un monto promedio de 3.380.000 pesos.
Sin embargo, los plazos establecidos en la ley rara vez se cumplen. La abogada de familia Daniela Melillanca, integrante de la Coordinadora Feminista 8M, señala que "no se dieron cuenta que los plazos no se iban a poder cumplir. Yo creo que no tenían la noción de cuántos deudores eran; por lo tanto, los plazos que se pusieron en la ley son plazos que no se cumplen y que, por lo tanto, dilatan mucho el proceso".
27 pesos de pensión alimenticia
Los testimonios de madres que han transitado por este sistema revelan situaciones absurdas y frustrantes. Es el caso de Daniela, una joven madre de Puente Alto de 28 años y madre de un niño de 9, quien recibió apenas 27 pesos como resultado del procedimiento especial de cobro, a pesar de que el padre de su hijo le adeudaba más de seis millones de pesos.
"Me llegaron 27 pesos de la cuenta del Banco del Estado… que me da risa", relata Daniela. Esta situación se produjo en un principio porque muchos deudores, al enterarse de la nueva ley, aprovecharon de vaciar sus cuentas bancarias anticipadamente para evitar que fueran retenidas por orden judicial.
El tiempo que tarda todo el procedimiento también es un obstáculo significativo. Verónica Vymazal, exvicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile (ANMM), señaló que el proceso puede superar los seis meses, dando tiempo suficiente a los deudores para vaciar sus cuentas.
Además, la experiencia en los tribunales resulta desgastante. "Es lento… es atadoso, los que te atienden hacen mal su pega", cuenta Daniela. "Mira, fui como cuatro veces para que recién me dieran una respuesta de que estaba mal todo lo anterior que había hecho... es tedioso".
Por su parte, Sonia, de 53 años, enfrentó largas esperas en el Juzgado de Familia de San Bernardo para intentar cobrar los más de 10 millones que el padre de sus hijos les adeuda. "Esperé como cinco horas con un numerito bajo el sol, muchas estábamos así", relata.
Al momento de ser atendida, le dijeron que no podían ayudarla a redactar un escrito, a pesar de que es precisamente en estos juzgados donde deberían ofrecer este tipo de asistencia.
El caso de Carola madre venezolana de 33 años, representa una excepción. Ella sí recibe la pensión de alimentos para su hija de 4 años, pero solo después de que el padre temiera quedar inscrito en el Registro de Deudores.
"Lo metí en el Registro de Deudores, pero el hueón me pagó antes de que llegara a la AFP", relata. A pesar de su éxito relativo, Carola critica duramente la implementación: "Chile tiene un problema: las leyes son maravillosas, pero la ejecución de los funcionarios es una mierda, o sea, no leen, no interpretan, es un desastre".
Patricia, de 43 años y madre de dos hijos de 12 y 14 años, logró recibir el pago de casi toda la deuda a través del procedimiento extraordinario en octubre de 2023. Sin embargo, sigue preocupada porque el padre de sus hijos ya no vive en Chile, lo que lo exime de algunas sanciones del registro, excepto la renovación del pasaporte.