Poner en el centro de las políticas públicas a las mujeres, en su enorme diversidad, es un acto de justicia con la mitad de la población, quienes históricamente han visto limitados sus sueños y proyectos de vida por múltiples limitaciones, discriminaciones o simplemente, omisiones.

Hay quienes aún plantean que hablar de feminismo es defender una agenda de minorías o de nicho. Y ni hablar de enfoque o perspectiva de género, lo que inmediatamente pasa a ser objeto de caricatura, intentando obviar de esta forma que en nuestra sociedad persisten desigualdades y también violencias contra las mujeres, las que se expresan de múltiples formas.

¿Alguien podría decir que es un problema de minorías el caso de miles de mujeres que por décadas y décadas han debido hacerse cargo solas de la crianza de sus hijos y todos sus gastos asociados? ¿O la realidad de miles de mujeres que han asumido en sus familias labores de cuidado de personas con dependencia, sin remuneración ni condiciones? ¿Es una agenda de minorías avanzar en medidas para derribar las barreras de acceso al mundo laboral que aún afectan la participación laboral femenina?

Eso es en lo que nos hemos enfocado en los primeros tres años de Gobierno. En cuanto llegamos, comenzamos a avanzar en todos los frentes, y por eso, logramos promulgar, después de muchos años, una Ley Integral que ordenara acciones concretas para una mayor protección a las víctimas de violencia de género, pero que también contribuyera a la prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

También, en menos de un año, promulgamos una ley que permite la acción directa del Estado en miles de demandas por deudas de pensiones de alimentos que no se pagaban. Gracias a esta Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos los tribunales de familia ya han ordenado más de 1 billón 380 mil millones de pesos desde cuentas bancarias, fondos de AFP e instrumentos financieros donde los deudores tuvieran recursos.

También hemos avanzado, junto a ministerios y servicios, en una ambiciosa agenda, llamada Chile para Todas, para que cada vez más políticas públicas consideren las necesidades y realidades que enfrentan las mujeres. Gracias a estas iniciativas, hemos logrado duplicar las mujeres conductoras del transporte público metropolitano y estamos avanzando a la par en las regiones; hemos capacitado a mujeres en rubros históricamente masculinizados, como la construcción y conducción.

También logramos que las mujeres agricultoras alcanzaran la misma participación que los hombres en la asignación de bonos para proyectos individuales que asigna la Comisión Nacional de Riego; hemos impulsado que más mujeres, sobre todo de zonas rurales, logren regularizar sus bienes raíces; entre muchas otras iniciativas.

La capacidad de las mujeres de generar y administrar sus propios recursos es clave para su desarrollo personal y para cortar los círculos de violencia. Por eso, junto al Ministerio del Trabajo, avanzamos en normas que consideran especialmente mejores condiciones para la participación laboral de las mujeres.

Hablo de los proyectos de 40 horas y de Conciliación de la Vida Laboral, Personal y Familiar, ya aprobados, y de la agenda de Sala Cuna para Chile, en trámite. Se trata de medidas de conciliación, pero también de corresponsabilidad de los cuidados; porque debemos avanzar en una distribución más equitativa de estas tareas si queremos mejorar las tasas de natalidad que amenazan seriamente la productividad futura de nuestro país.

Porque la gran pelea que debemos dar no es solamente por el derecho a decidir ser o no ser madres, que es también fundamental para que las mujeres desplieguen sus proyectos de vida, sino que también por el derecho a decidir ser madres y que no se nos vaya el proyecto de vida en eso.

Como Gobierno podemos nombrar muchos otros avances: Ley Karin, la red de 24 Centros de Atención Especializada para casos de violencias de género grave o extrema, la modernización de los programas de SernamEG, la entrega de asistencia judicial a mujeres de la RM en casos de deudas de pensiones alimenticias; la capacitación de 58 mil funcionarios públicos en materia de género; el mejoramiento de 12 caletas con infraestructura digna para las mujeres que se desempeñan en la pesca y actividades conexas, el ingreso de las agresiones sexuales agudas al GES, entre tantas otras.

Poner en el centro a las mujeres. Ese ha sido el compromiso de nuestro Gobierno y por eso hemos trabajado y lo seguiremos haciendo, avanzando en sus derechos, en su autonomía, en sus libertades y, sobre todo, en su calidad de vida.

Los derechos de las mujeres se ganan y también se defienden y en esto no podemos descansar. En el mundo hay amenazas de retrocesos, por lo que debemos defender en todo momento lo conquistado, avanzar y más importante aún, no retroceder.

En este cuarto año seguiremos avanzando desde todos los frentes -legislativos y programáticos- sin permitir retrocesos. A esto también está llamada, especialmente, la sociedad civil en su conjunto.