Un grupo de pacientes y profesionales de la salud detectó un problema en el medicamento Tradox, fabricado por Laboratorio Andrómaco y utilizado para tratar convulsiones y epilepsia.

Al abrir los envases, encontraron que varias de sus pastillas de 50 miligramos estaban partidas dentro de los blísteres sellados, lo que podía afectar la dosis y eficacia del tratamiento.

El Instituto de Salud Pública (ISP) inició una investigación y confirmó que el producto tenía fallas en su calidad.

Tras el análisis, determinó que el laboratorio no cumplió con los controles sanitarios exigidos y aplicó una multa de 300 UTM ($20.410.200) a la empresa y 100 UTM a cada uno de los encargados de producción y control de calidad.

Laboratorio Andrómaco intentó revertir la sanción en tribunales, argumentando que los defectos en las pastillas no representaban un riesgo grave para la salud y que la multa era excesiva.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago revisó el caso y concluyó que la sanción había sido correctamente aplicada, ya que la empresa debía garantizar que los medicamentos lleguen en condiciones óptimas a los pacientes.

Con esta decisión, la Corte dejó firme la multa y reafirmó la obligación de los laboratorios de cumplir con estrictos controles de calidad para evitar riesgos en los tratamientos médicos.