Chile atraviesa una de las sequías más prolongadas de su historia, con comunidades completas dependiendo de camiones aljibe para abastecerse de agua potable. Sin embargo, mientras el país enfrenta esta crisis hídrica, el modelo agroexportador sigue operando como si los recursos naturales fueran infinitos.

La reciente catástrofe de las cerezas chilenas, con millones de cajas de fruta pudriéndose en alta mar debido a un retraso en el transporte, no solo es un golpe económico para la industria frutícola, sino un reflejo brutal de un sistema que prioriza el negocio por sobre la sustentabilidad.

El buque varado con más de 1.300 contenedores de fruta en el puerto de Nansha, China, representa más que una simple mala racha logística. Para producir los cerca de cinco millones de cajas de cerezas a bordo, se requirieron entre 25.000 y 37.500 millones de litros de agua.

En otras palabras, un volumen de agua equivalente a 15.000 piscinas olímpicas se desperdició en un envío que llegó 60 días tarde y que, en su mayoría, terminó desechado por pérdida de calidad.

Para ponerlo en perspectiva, esta cantidad de agua habría sido suficiente para abastecer el consumo personal de aproximadamente 500.000 personas durante un año, considerando un uso promedio de 150 litros diarios por persona. Todo esto, mientras en Chile hay ríos secos, acuíferos agotados y zonas agrícolas donde pequeños productores no pueden acceder al recurso hídrico.

Pero el problema no termina en el agua perdida. La sobreoferta de cerezas en China ha provocado un colapso en los precios, con caídas de hasta un 50% en comparación con 2023.

La estrategia de enviar la mayoría de la producción a un solo mercado ha demostrado ser un error grave, dejando a la industria frutícola en una crisis predecible. Más del 90% de las cerezas chilenas tienen como destino China, y este año la apuesta por incrementar en un 55% las exportaciones ha resultado en un desastre financiero para el sector.

Además, este modelo extractivo también tiene consecuencias directas en ciudades como San Antonio, principal puerto de salida de estas exportaciones. Mientras se proyecta la ampliación de infraestructura portuaria con buques de hasta 400 metros de eslora bajo la justificación de mejorar la eficiencia del comercio exterior, la realidad es que estos gigantes del mar no han demostrado ser una solución eficaz.

La congestión vehicular, la contaminación y la presión sobre el territorio han generado un impacto negativo en la calidad de vida de los habitantes, sin que existan beneficios claros para la comunidad local.

A su vez, los pequeños agricultores se ven cada vez más afectados por este sistema. Mientras los grandes exportadores acaparan derechos de agua y priorizan la rentabilidad sobre la equidad, miles de campesinos luchan por acceder al recurso básico para sus cultivos. La sobreexplotación de los acuíferos y la concentración del agua en pocas manos profundizan la crisis hídrica y amenazan la seguridad alimentaria del país.

El desplome de precios y el desperdicio de fruta en el extranjero ponen en evidencia la fragilidad de un modelo económico basado en la sobreexplotación de recursos naturales para alimentar un mercado especulativo.

La solución no es simplemente revisar los estándares de calidad o diversificar los destinos de exportación, como sugieren algunos gremios. Se necesita una reformulación profunda del sistema agroexportador, con una gestión racional del agua, un enfoque en cultivos más sostenibles y una planificación estratégica, que evite la sobreoferta en mercados inestables.

Mientras Chile siga priorizando la rentabilidad inmediata de grandes exportadoras por sobre la seguridad hídrica y alimentaria del país, estas crisis seguirán repitiéndose. La catástrofe de las cerezas no es solo un naufragio comercial, es un símbolo de un modelo agotado que exige cambios urgentes.