El Ministerio Público entregó un resumen del informe sobre homicidios en Chile ocurridos en 2024, el cual fue elaborado con datos proporcionados por Carabineros, la PDI y el Servicio Médico Legal.

El informe detalla que el delito de homicidio, en todas sus categorizaciones, ha ido al alza por tres años consecutivos, y en 2024 registró un incremento del 11,3% respecto al año anterior. Sin embargo, al desglosar los datos y considerar únicamente los homicidios consumados, se evidenció una tendencia a la baja desde 2023.

Según la entidad, el año 2023 marcó el primer periodo en seis años en que los homicidios que dejaron víctimas fatales disminuyeron respecto al año anterior, con una reducción del 6% en comparación con 2022.

Esta caída se mantuvo en el primer semestre de 2024, con una disminución del 9,4% en la tasa de víctimas de homicidios consumados por cada 100 mil habitantes, respecto al mismo período del año pasado.

Ahora, hay 351 menores de edad víctimas de homicidio, lo que es un alza de un 43,8% si se comparan los últimos dos años. En cuanto a violencia intrafamiliar (homicidios, parricidios o femicidios, en calidad de consumados, frustrados o en tentativa), hay 351 víctimas.

En definitiva, las políticas criminales implementadas por diversos gobiernos no parecen haber tenido un impacto significativo en la reducción de la delincuencia. A saber:

Patricio Aylwin (1990-1994)

Las políticas de seguridad, si bien buscaban alejarse del autoritarismo de la dictadura, no fueron efectivas frente a los nuevos desafíos de criminalidad urbana. Aunque los homicidios en esa época eran relativamente bajos, la falta de inversiones en sistemas de prevención y control de armas permitió que el crimen organizado comenzara a tomar fuerza. En 1993, Chile registraba 2.500 homicidios, una cifra que ya empezaba a mostrar una ligera tendencia al alza.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000)

La criminalidad siguió aumentando durante este periodo, especialmente en las grandes ciudades. Aunque se crearon algunas iniciativas de reforma policial, no hubo avances sustanciales en términos de prevención. Durante su gobierno, los homicidios anuales se incrementaron hasta 3.200 en 1999, con un aumento del 28% respecto al inicio de su mandato.

Ricardo Lagos (2000-2006)

Optó por una mayor militarización de la seguridad pública como respuesta al aumento de la delincuencia. Aunque la tasa de homicidios se mantuvo relativamente estable en comparación con los años anteriores (alrededor de 3.000). La violencia seguía creciendo, con más de 400 homicidios asociados a bandas del crimen organizado en 2005. La apuesta por más represión sin abordar la desigualdad y la pobreza fue un fracaso rotundo.

Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022)

En ambos mandatos, centró sus esfuerzos en un enfoque de “mano dura” y la expansión de las fuerzas policiales. Durante su segundo mandato, la violencia en las calles se incrementó alarmantemente, y los homicidios subieron un 30% en comparación con el final del mandato de Bachelet. En 2021, Chile alcanzó 5.100 homicidios, una cifra inédita en la historia reciente. La respuesta fue la militarización de zonas de conflicto, particularmente en el sur del país, sin considerar que uno de los problemas de fondo, el narcotráfico, no podía resolverse con más represión.

Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018)

Intentó promover reformas estructurales en el sistema de justicia. Su gobierno fue incapaz de hacer frente al auge de la violencia, especialmente en las poblaciones más vulnerables. La reforma a la policía y a las instituciones de seguridad pública no estuvo acompañada de políticas sociales efectivas, lo que contribuyó a que las cifras de homicidios aumentaran progresivamente, alcanzando en 2017 una cifra récord de 4.800 homicidios, especialmente en zonas marginales afectadas por el narcotráfico.

Gabriel Boric (2022-)

Llegó con la promesa de un cambio profundo en las políticas sociales y de seguridad; sin embargo, ha mostrado una notable falta de contundencia frente a la creciente ola de violencia. Si bien se han realizado algunos intentos por promover una mayor inclusión social, la respuesta ante la crisis de seguridad ha sido tibia. La criminalidad sigue creciendo, y las cifras de homicidios continúan su ascenso. La falta de una estrategia clara para combatir el narcotráfico y las bandas organizadas sigue siendo uno de los puntos más criticados de su gestión.

Conclusión

Finalmente, los gobiernos tanto de izquierda como de derecha han fracasado en la implementación de políticas de seguridad eficaces. Si bien los gobiernos de derecha han sido acusados de centrarse en la represión y la militarización, los de izquierda han sido criticados por no abordar las causas estructurales de la criminalidad, como la desigualdad y la pobreza.

El panorama actual es desolador: los homicidios siguen en aumento, el narcotráfico crece sin freno, y las instituciones de seguridad continúan desbordadas.