Durante siglos las ballenas han debido sortear distintos peligros provocados directa e indirectamente por los humanos. Un ejemplo conocido es la caza, que se prolongó por siglos, diezmando las poblaciones de muchas especies, como la ballena azul Balaenoptera musculus, llevándola al borde de la extinción.

Y si bien desde 1986 existe una moratoria vigente a la caza comercial, algunos países como Japón, Islandia y Noruega persisten en continuar con esta práctica. Ahora, ciertamente la disminución de la caza ha permitido a muchas especies de ballenas mejorar sus poblaciones, pero aún deben lidiar con una infinidad de amenazas del mundo moderno, las que están afectando su supervivencia y se encuentran en todos los océanos del mundo.

Los efectos del cambio climático, como el calentamiento y la acidificación de los océanos, están alterando los ecosistemas marinos y, en consecuencia, modificando la distribución, zonas de alimentación y reproducción de estos grandes cetáceos. La contaminación en general, y en particular con macro y micro plásticos, está alterando el hábitat y la calidad del alimento que consumen.

Las actividades de pesca y acuicultura, tienen diversas interacciones negativas como el enmallamiento en redes a la deriva, contaminación acústica y la colisión con embarcaciones, siendo la causa principal de mortalidad y lesiones en las ballenas del mundo.

Es importante detenerse en este último punto, pues hace unas semanas fue publicado un estudio que daba cuenta del número de colisiones de ballenas con embarcaciones en las costas de nuestro país.

La publicación de Marine Policy denominada “High rate of ship strike to large whales off Chile: Historical data and proposed actions to reduce risk” (Toro et al., 2025), da cuenta de la cantidad de incidentes en un lapso de tiempo de 51 años, arrojando la lamentable cifra que al menos el 28% de las muertes de ballenas varadas fueron probablemente causadas por colisiones con barcos, posicionando a Chile como el lugar donde más ballenas mueren por colisiones con embarcaciones a nivel mundial desde 2013, con una mayor incidencia en las regiones de Los Lagos y Magallanes.

Ante este escenario, parecen ser insuficientes las normativas a nivel nacional, como la Ley Nº 20.293 de 2008, que Protege a los cetáceos e introduce modificaciones a la Ley 18.892 General de Pesca y Acuicultura, y la declaración de Monumento Natural sobre varias de estas especies (Decreto Nº 230 de 2008).

Resulta urgente avanzar en establecer rutas marítimas que resguarden a las ballenas y emitir restricciones de velocidad a las embarcaciones dentro de la Zona Económica Exclusiva, con especial cuidado en zonas identificadas con alta presencia de ballenas en las costas chilenas.

A nivel internacional, asoman algunas oportunidades para avanzar en la creación de espacios de protección para las ballenas y otras especies. El Tratado de alta mar o BBNJ (del inglés Biodiversity Beyond National Jurisdiction), que se encuentra en proceso de ratificación, una vez que entre en vigor, podría propiciar la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales.

Adicionalmente, permitiría alcanzar los acuerdos establecidos en la Decimoquinta Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 15), conocida como el Marco global Kunming-Montreal para la protección del 30% de las áreas terrestres y marinas del planeta.

Nuestro país ha tenido un liderazgo indiscutible en esta materia, promoviendo la adopción del Tratado de alta mar, y su compromiso es tal que incluso ha propuesto a la ciudad de Valparaíso como secretaría, una vez que el acuerdo entre en vigor.

Desde Fundación Terram hacemos un llamado para avanzar en herramientas para el cuidado de las ballenas, con especial atención a las rutas marítimas y la velocidad de las embarcaciones en zonas de alto tráfico por la actividad de acuicultura, como los fiordos de la Patagonia.

A su vez, valoramos el liderazgo del país en materia de tratados internacionales sobre océanos y esperamos que dentro de este año se consigan las ratificaciones necesarias para la entrada en vigencia del Tratado de alta mar, herramienta esencial para avanzar en el cuidado de los océanos y las ballenas que los habitan.