El 15 de enero cinco integrantes del senado presentaron una moción para erigir en la plaza de la Constitución, un monumento en memoria del expresidente de la República Sebastián Piñera Echenique. La iniciativa fue acogida favorablemente por la Comisión de Cultura del Senado, que dio luz verde a la idea de legislar.

La posibilidad de hacer homenaje a Sebastián Piñera, emplazado en el espacio público, abre la polémica por el mérito para tal reconocimiento. Quienes impulsaron la propuesta señalan que esta tiene como fin reconocer la trayectoria política y social del expresidente y su aporte al país. Por su parte, los y las detractores/as recuerdan que bajo su gobierno se cometieron las violaciones a los derechos humanos más graves y generalizadas tras el retorno de la democracia, crímenes por los cuales era investigado judicialmente cuando se produjo su deceso en febrero de 2024.

La moción del Senado recuerda otros monumentos que también generaron controversia. Un ejemplo es el homenaje a Jaime Guzmán, cuya aprobación en el Congreso mediante la Ley 19.205 de 1993 no enfrentó dificultades. Sin embargo, cuando se intentó erigir el monumento, no pudo ubicarse en el lugar originalmente previsto, junto a la Plaza Baquedano, y terminó siendo emplazado en la avenida Vitacura, frente a la embajada de Estados Unidos. Sin duda, una ubicación simbólica que reafirma y mantiene presente la alianza entre la derecha chilena y el gobierno estadounidense en el derrocamiento de Salvador Allende.

En el escenario actual es comprensible la urgencia de Chile Vamos por erigir a Piñera como la figura monumental de una derecha que valora la democracia y se esforzó en distanciarse de la dictadura. Esto mientras hoy sus liderazgos no logran contener al extremismo y las tendencias fundamentalistas de sectores de extrema derecha que buscan retrocesos democráticos.

Cuando se cumplieron cuarenta años del Golpe de Estado, Piñera acuñó la expresión “cómplices pasivos” para referirse a quienes durante la dictadura “sabían y no hicieron nada o no quisieron saber y tampoco hicieron nada”, respecto de las violaciones a los derechos humanos. Sin duda este reconocimiento dejó una valla simbólica muy alta para las siguientes autoridades y las conmemoraciones que vendrían, y fraguó el rechazo de aquellos grupos que cada 11 de septiembre se reúnen a festejar el bombardeo a La Moneda y el baño de sangre que se inició ese mismo día.

Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el la revuelta social que estalló en octubre de 2019, demostró las evidentes dificultades que quienes gobernaban el país en ese momento, tuvieron para prevenir la reiteración de conductas criminales amparadas en el mantenimiento del orden público, y que dejaron a miles de personas lesionadas de manera permanente, una parte de ellas con daño ocular, registrándose incluso numerosas personas fallecidas por la acción de las fuerzas de orden y seguridad.

Las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta fueron cometidas por el Estado bajo el gobierno de Sebastián Piñera y son innegables. Han sido documentadas por diversos informes, incluyendo las escasas investigaciones judiciales que lograron avanzar en estos cinco años. Es una verdad factual que ya se consolida como verdad histórica, sobre la cual, lamentablemente, la derecha en su conjunto ha preferido desentenderse acuñando expresiones como “Estallido delictual” y “octubrismo”, buscando conducir la memoria a un empate miserable.

Es por ello que el monumento al ex presidente Piñera, más que contención a la extrema derecha, operará como un dispositivo al servicio de la memoria que busca borrar los crímenes cometidos por el Estado bajo su gobierno, destacando su “aporte al país” a través del aún difuso recuerdo de sus obras y trayectoria.