Las desastrosas consecuencias del programa de José Antonio Kast para la clase media y sectores vulnerables
El programa presidencial de José Antonio Kast encarna una promesa de “orden” que, bajo su aparente sensatez económica y moral, esconde una profunda regresión social e institucional. Kast se presenta como el heredero de una derecha que busca restaurar la verticalidad perdida tras la revuelta de 2019.
Su ideología se sustenta en el pilar doctrinario que Jaime Guzmán (tomismo y autoritarismo corporativista), delineó en la década de 1980: un Estado mínimo, una moral pública de raíz católica conservadora y una sociedad jerárquica donde la desigualdad no es un problema a resolver, sino un hecho natural a preservar. Sostenía que, además, la libertad no debía confundirse con igualdad, y que el orden social debía descansar en: la familia, la iglesia y el empresariado.
Esta concepción del orden político remite, como diría el filósofo Byung-Chul Han, a una “nostalgia de la autoridad perdida”, donde el poder busca reafirmarse no mediante el consenso democrático, sino a través del control, la disciplina y la restauración de la obediencia social.
El programa de Kast no es solo neoliberal en lo económico, sino profundamente jerárquico en lo moral, pues consagra una sociedad donde el éxito se interpreta como mérito, y la pobreza, como culpa o falla individual.
La retórica del enemigo
Uno de los aspectos más preocupantes del discurso de Kast es su construcción de un “enemigo interno”: los movimientos sociales, el feminismo y los pueblos indígenas aparecen como amenazas que erosionan el orden nacional. Esta retórica, al estilo Carl Schmitt, divide la política entre “amigo y enemigo”. El Chile que propone Kast se define por la sumisión al orden, no por la participación democrática.
Efectos sociales
El impacto económico del programa de Kast sería particularmente adverso para la clase media y los sectores vulnerables. La reducción de US$6.000 millones de gasto fiscal, lejos de ser un simple ajuste, implicaría el debilitamiento estructural del Estado social. Salud, educación, pensiones y subsidios serían áreas sacrificadas en nombre del equilibrio presupuestario.
Esto generaría una contracción del 1,8% del PIB, afectando principalmente al empleo público, inversión en infraestructura social y subsidios regionales, lo que retraería la demanda interna y aumentaría el desempleo estructural.
La reforma laboral propuesta -que promueve la “flexibilización” mediante contratos multifuncionales, reducción de indemnización por años de servicio y debilitamiento de la Dirección del Trabajo- trasladaría el riesgo económico desde la empresa hacia el trabajador. La clase media enfrentaría una mayor inestabilidad y la clase vulnerable quedaría aún más expuesta a la precarización. La evidencia empírica del FMI (2024) muestra que países con alta flexibilidad y baja protección tienen mayor rotación y menor inversión en capital humano.
En materia previsional, el fortalecimiento de las AFP y la eliminación de componentes solidarios consolidan un sistema donde la pensión depende casi exclusivamente de la capacidad individual de ahorro. Las AFP captan rentabilidad alta, mientras las pensiones continúan bajo la línea de suficiencia.
Asimismo, su modelo de alianzas público-privadas en salud y educación implica que el acceso a servicios de calidad estará determinado por el poder adquisitivo. Quien pueda pagar, tendrá salud, educación y seguridad de calidad; quien no, dependerá de un sistema público debilitado por los recortes. El ciudadano deja de ser sujeto de derechos y se convierte en consumidor de servicios, lo que profundiza la brecha entre ricos y pobres.
Como señala el economista francés Thomas Piketty, “toda sociedad que concentra su política económica en la austeridad, sin justicia distributiva, tiende inevitablemente a reproducir el privilegio como herencia”.
A esto se suma su visión conservadora sobre derechos civiles: oposición al aborto, a la educación sexual integral, al matrimonio igualitario y al reconocimiento de identidades diversas. La moral tradicional se convierte así en política pública, y el Estado en instrumento de censura moral.
La ilusión del orden
El rector Carlos Peña señaló en Pensar el malestar que la promesa del orden absoluto siempre termina siendo una promesa de servidumbre, porque lo que se gana en disciplina se pierde en libertad y dignidad.
Frente a una sociedad que exige reconocimiento, pluralismo y derechos, Kast propone homogeneidad, jerarquía y control. Es una respuesta emocional al desorden, no un proyecto racional de desarrollo.
Conclusión
La filósofa española Marina Garcés dijo: “El nuevo autoritarismo no necesita dictaduras, le basta con convencer a las víctimas de que el miedo es libertad”.
Kast articula una restauración del modelo de sociedad diseñado por Guzmán: una comunidad moralmente homogénea, económicamente desigual y políticamente obediente; amén de constituir un modelo de restauración oligárquica, en el cual la eficiencia fiscal reemplaza al bienestar, la moral sustituye a la justicia y la obediencia se impone sobre la libertad.
